La crisis interna desatada tras la salida de la única mujer del tribunal y la elección del nuevo presidente. Las primeras decisiones de Rosatti, un llamado al Gobierno y un gesto hacia la corporación judicial. Las causas sensibles para la política que deben resolver los supremos.
Por Irina Hauser para Página 12
La Corte Suprema en su formato reducido a cuatro integrantes, al mando de Horacio Rosatti, se prepara para una larga temporada sin reemplazante de Elena Highton de Nolasco. Con la crisis interna que se desató después de la elección de autoridades, la existencia de una vacante no es tema central de preocupación. Tampoco nadie intentó disuadir a la jueza respecto de la decisión tomada. La renuncia fue sorpresiva por el momento elegido, pero no resultó inesperada en el tribunal. Una Corte tan pequeña comprende ahora una gran concentración de poder, pero ese poder está desconfigurado y es quizá uno de los desafíos más grandes que le deparan al nuevo presidente quien, es evidente, anhelaba el lugar que conquistó con los votos justos. El descalabro cortesano guarda cierta analogía con la escena política mientras que, entre ambos mundos, siguen los puentes cortados.
Rosatti parece soñar con hacer historia como presidente supremo. La negociación para que llegara a ese cargo empezó unos tres meses antes de la votación, pero era su objetivo desde su incorporación a la Corte en junio de 2016. Por estos días repite a sus interlocutores que el alto tribunal será un lugar abierto, regido por la sensatez y enfocado en los expedientes. Su intención de abrir el diálogo se podría dar por cierta: mandó mensajes al Poder Ejecutivo para generar un encuentro, algo inexistente entre el tribunal y el Gobierno desde hace tiempo. El ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que espera “un reencuentro institucional” y “un diálogo franco”. Es claro que por encima de él subsiste cierta desconfianza. A Alberto Fernández no le parece un detalle que tanto Rosatti como Carlos Rosenkrantz hubieran aceptado ser nombrados por decreto por Mauricio Macri, aunque ante el escándalo debieron pasar por el Senado. Como sea, las piezas del tablero político y judicial necesitan reacomodarse de algún modo.
La película suprema de la última semana mostró a Rosatti hiperactivo puertas adentro, reunido con toda la tropa de secretarios y secretarias de la Corte en el señorial salón Gorostiaga del cuarto piso del Palacio de Justicia, del que cuelgan pesadas arañas del techo, a las 9 de la mañana del mismo día de su asunción. Se lo vio de encuentro en encuentro, y entre llamados con jueces y juezas de todo el país. Mientras él se ocupaba de empezar a consolidar esos vínculos, un malherido Ricardo Lorenzetti, que quiso sin éxito recuperar la presidencia que ocupó durante once años, se paseaba por varios canales de televisión y medios, con preferencia por todo lo que lleve sello de Infobae y La Nación. Su primer mensaje se basó en el ataque al nuevo presidente supremo y su compañero de fórmula, Rosenkrantz, con el argumento de “yo no me hubiera votado a mí mismo”. Luego ensayó un matiz: la teoría de que en la Corte no hay crisis y todo funcionará con normalidad, pese a que él mismo había hecho pública una carta en la que advertía que en la Corte se repiten “vicios moral y jurídicamente descalificados”.
La renuncia de Highton tornó el speech sobre la paz cortesana interior más difícil de sostener. A todo el ruido de la convulsionada elección, su salida sumaba una primera víctima. Entonces Lorenzetti, ante una consulta periodística buscó exhibir que se sigue trabajando y puso de ejemplo un fallo que según él podría salir y que –de acuerdo con el resultado– podría obligar a cambiar la composición actual del Consejo de la Magistratura: es una demanda de 2007, que cuestiona la integración de trece miembros de ese organismo que elige y sanciona a las y los jueces, y que lleva casi seis años en la Corte. No se sabe qué pasó en ese generoso lapso. Ahora, en su circulación por los despachos, el expediente está en la vocalía de Lorenzetti, cuyo voto no se conoce, si existe.
En lo inmediato, y con más sigilo, Rosatti priorizó –por ejemplo– ir a llevar tranquilidad a la Oficina de Violencia Doméstica con el mensaje no sólo de que nada cambiará, sino que se reforzarán las políticas dirigidas a la proteger derechos de las mujeres y expandir la perspectiva de género. Highton, además de ser la única mujer en la Corte, tiene a cargo esa estructura y la Oficina de la Mujer. El 1 de noviembre ya no estará. El Gobierno analiza nombres para proponer en su reemplazo, pero conseguir una mayoría en el Senado para nombrarla parece, por ahora, una quimera. En la Corte, además de decirse despreocupados, recuerdan que ya pasaron por una situación similar tras la renuncia de Carlos Fayt.
Expedientes políticos
Además de la causa sobre el Consejo, impulsada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo para que el cuerpo vuelva a una integración más grande, hay otros fallos pendientes que podrían tener impacto político:
* La Corte debe resolver si, como pretende el expresidente Macri, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al oficialismo porteño, puede revisar fallos de la Justicia nacional, que es casi como revisar lo que quiera, en jurisdicción ajena. A raíz de que esta postura fue convertida en ley de la Legislatura porteña, la Cámara Civil hizo un reclamo ante el máximo tribunal la semana pasada para que ponga límites.
* Está en la Corte la demanda del gobierno porteño por la coparticipación, a raíz de la detracción de fondos que se habían destinado al traspaso de la policía.
* Hay una causa pendiente por el pago de dinero reasignado de la coparticipación que le corresponde a Santa Fe. Es una derivación de la declaración de inconstitucionalidad declarada en 2015 de una quita del 15 por ciento de impuestos coparticipables que el Gobierno recortaba a las provincias para financiar a la Anses. Santa Fe debería cobrar, mínimo unos 25 mil millones de pesos.
* Está a revisión de la Corte la condena a 13 años de prisión contra Milagro Sala, una de las causas reavivadas desde 2016 con Gerardo Morales en la gobernación.
* El máximo tribunal tiene que revisar desde hace más de un año dos expedientes relacionados con la muerte de Santiago Maldonado: una es la causa sobre el espionaje a la familia del joven y otra es sobre la calificación de desaparición forzada del caso.
* Hay una causa donde se discute si los integrantes del Parlasur pueden cobrar dietas por su función y quién les paga.
* También se encuentra en el tribunal un planteo de Felipe Solá que podría habilitar discusión por el decreto de Macri que extendió la posibilidad de blanqueo de capitales a familiares directos de funcionarios.
* Hay siete recursos de Cristina Fernández de Kirchner por causas que tramitan en Comodoro Py. Entre ellos, la Corte nunca resolvió el reclamo por la falta de pruebas con que se inició el juicio oral conocido como “Vialidad”, sobre obras públicas en Santa Cruz.
Mayoría volátil
La renuncia de Highton despertó increíbles interpretaciones en medios como Clarín, que dieron por sentado que “el gobierno pierde un voto”. Es cierto que Alberto Fernández impulsó en 2004 su designación en la Corte, cuando era jefe de Gabinete, pero los fallos de Highton no han sido necesariamente favorables al oficialismo actual. Es más, en 2017 votó por el 2×1 para la liberación de genocidas, confirmó la condena a Amado Boudou, la prisión preventiva a Milagro Sala, entre otras cosas. Hay una falsa creencia de que incluso en la Corte ahora hay una nueva mayoría. No existe en el tribunal una mayoría lineal y la disputa con Lorenzetti amenaza con trabar sentencias. Rosenkrantz puede ponerse institucionalmente de acuerdo con los demás, pero suele discrepar en muchos de sus criterios jurídicos. Y está excusado en gran cantidad de causas donde representó a empresas como abogado. La dupla Rosatti-Maqueda es lo más estable que hay: por coincidencias jurídicas y políticas. La salida de Highton puso a secretarios/as en guardia a revisar en qué expedientes el voto de ella es determinante, cuáles están avanzados, como para elegir lo que la cúpula crea más conveniente, cuando quedan tres semanas para que deje el tribunal.
La mayoría es tan volátil que Rosatti decidió resignar su vieja idea de que la Corte lleve una agenda de temas y ponga fecha para resolver. Enfocado ahora en la relación con jueces y juezas, logró que el pleno aprobara un suplemento salarial para aquellos/as que participan en la implementación del Código Procesal penal y un aumento en la unidad que se usa para calcular los honorarios de abogados/as. Buscará cambiar la relación con jueces/zas federales con el mensaje, ya dicho: que “no jueguen a ser políticos”. Apuesta a una imagen de “autonomía” de la Corte, hay que ver si lo sostiene.
Denuncias y operaciones
La renovación del presidente de la Corte debía hacerse antes del 30 de septiembre, cuando vencía el mandato a Rosenkrantz, amigo del prófugo macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Rosenkrantz había llegado a la cima tras un golpe palaciego diseñado por Rosatti que desplazó a Lorenzetti tras más de una década de poderío. A las pocas semanas una acordada le impidió tomar decisiones solo. El formato que exige tres votos hasta para dar un contrato sigue vigente aún. Hoy sus pares ven la presidencia de Rosenkrantz como el recuerdo de una mera transición. Rosatti se muestra decidido a cultivar su propia imagen, trabajo que empezó –como lo hizo Lorenzetti en su momento– con gestos hacia la corporación, con lo que a la vez intenta diferenciarse de Rosenkrantz, sobre quien circulaban quejas de conocidos/as magistrados/as durante su presidencia: “Le pedimos una reunión y nos pidió el currículum”.
Cuando Lorenzetti, en plena pulseada por el trono, empezó a buscar apoyos fuera de la Corte con contactos políticos y empresarios, Alberto Fernández pareció inclinarse por dejar que el tribunal resolviera solo sus asuntos. En el Poder Judicial hay miradas repartidas: están quienes sostienen que la Corte debe dirimir sus internas sola y quienes creen que la política puede jugar algún papel ordenador sin que eso implique una intromisión. Acotan que eso cierta vez sucedió, y recuerdan a Néstor Kirchner y la Corte que fue resultado del recambio que promovió, y en la que designó al propio Lorenzetti, Highton, Raúl Zaffaroni y la fallecida Carmen Argibay. Zaffaroni, que se jubiló de supremo al cumplir 75 años, se mostró preocupado por el máximo tribunal. Dijo que nunca vio “una crisis parecida” y que no termina de comprender los motivos. Volvió a advertir –en función de su idea de ampliar la Corte a 19 miembros divididos en salas– sobre el actual poder concentrado en tan pocas personas para quienes, además, son inabarcables todas las especialidades del Derecho.
En la interna suprema hubo una mutación que le permitió a Rosatti lograr su cometido: Juan Carlos Maqueda, el único que en 2018 respaldó a Lorenzetti ante su derrocamiento, no habla con él hace meses. Maqueda es un hombre de la política, un peronista, que puede anticipar una mirada de contexto. Es evidente, en otro orden, que interpretó los carpetazos de las últimas semanas, que lo tuvieron de blanco, con la Obra Social del Poder Judicial, que manejó por años y que, en efecto, hace tiempo es un órgano caótico y vetusto. También circuló que se jubila a fin de año pese a que le quedan tres años más por su edad. El manejo de información y operaciones está al rojo vivo. Este año brotaron denuncias contra Highton, por su permanencia después de los 75 años (con un amparo a su favor) y contra Rosatti por supuesto enriquecimiento ilícito.
El columnista Joaquín Morales Solá publicó en La Nación que Lorenzetti le ofreció su voto a Rosatti a cambio de que echara a su asesor todoterreno Silvio Robles. El dato fue desmentido, no su aversión al personaje, tampoco querido en algunos sectores del Gobierno. Sí le ofreció su voto a Rosenkrantz, sabiéndose derrotado, para que fuera presidente con tal de sacar de carrera a Rosatti. Lorenzetti cuestionó que desde la Corte se generan muchos “trascendidos” y “rumores”, mientras que recibiría asesoramiento de la consultora de Guillermo Seita hoy dedicada a las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Facundo Manes, entre otras. Semanas atrás, algunos colaboradores de ministros de la Corte se toparon con que alguien estaba rastreando dónde facturan sus familiares.
El acuerdo extraordinario para la elección de presidente de la Corte fue pactado entre Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Lo que no sabían era que Lorenzetti diría que tenía una conferencia internacional (en la que no representaba a la Corte) como intento de boicotear el encuentro. El plenario se hizo igual, con su ausencia y la de Highton, que se solidarizó con él. Todos ganaron y perdieron algo. Rosatti y Rosenkrantz se quedaron con la batuta, con su autovoto y el de Maqueda, o sea, con tres escasas voluntades. Por ahora están en una posición de debilidad y la imagen que deja la Corte es pésima. Lorenzetti perdió poder y ganó espacio en los medios de comunicación, a conciencia. Highton optó por irse y ya no tendrá su cargo, pero sabe que lo hizo en un momento de quiebre, que no se sabe dónde derivará. Por lo demás, el tribunal parece un serpentario.