Fundación para la defensa del ambiente,
FUNAM Y EL PREMIO NÓBEL ALTERNATIVO RAÚL MONTENEGRO DENUNCIARON
QUE LA INSENSATA MODIFICACIÓN DE LA LEY 7722 IMPULSADA POR EL
GOBERNADOR RODOLFO SUÁREZ «DAÑÓ LA IMAGEN INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS MENDOCINOS, EN ESPECIAL VINOS, OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y TURISMO».

Funcionarios como Rodolfo Suárez «deberían pagar con su propio patrimonio el daño que le hicieron a la economía regional. Su torpeza hizo que diarios como ‘The Guardian’ en Reino Unido y ‘El País’ en España
trataran el posible inicio de megaminería metalífera en Mendoza. Aunque este lunes 30 se restablezca la 7722 gracias a la movilización popular, el
daño ha sido hecho y no debería quedar impune», agregó Montenegro.

Montenegro sostuvo que «la sospechosa y acelerada votación de la ley que modificó la 7722 para que Mendoza se vuelva una provincia megaminera
exige además una investigación administrativa y judicial de todos quienes la votaron, en especial revisión de sus cuentas bancarias, movimientos financieros y eventual recepción de dádivas».

«La alianza nación-provincias, liderada por Alberto Hensel, Rodolfo Suárez,
Sergio Uñac y Mariano Arcioni, sigue ocultando que la megaminería, por definición, es contaminante, no sustentable y letal para los recursos hídricos de provincias semiáridas como Mendoza».
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, y el Dr. Raúl Montenegro, premio Nóbel Alternativo –que recibió en el Parlamento Sueco en 2004- denunciaron que «la insensata modificación de la ley 7722 impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez dañó la imagen internacional de los productos mendocinos, en especial vinos, otros productos agrícolas y turismo».

Mendoza «no solo debe afrontar la sequía que sufre desde el año 2010 sino también la torpeza de funcionarios y legisladores que impulsaron una de las actividades extractivas más peligrosas para la provincia, pues consume gigantescos volúmenes de agua ya de por sí escasa, contamina el ambiente con cianuro, y genera tanto en minas activas como en minas ya explotadas, ello durante siglos, drenajes ácidos mineros, DAM, cargados con metales pesados».

Rodolfo Suárez «debería pagar con su propio patrimonio el daño que le hizo a la economía regional mendocina. Su torpeza hizo que diarios como ‘The Guardian’ en Reino Unido y ‘El País’ en España analizaran el posible inicio de megaminería metalífera en Mendoza. Aunque este lunes 30 se restablezca la 7722 gracias a la histórica movilización popular, el daño provocado a la economía regional no debería quedar impune», sostuvo Montenegro.

Agregó que lo sucedido estas semanas «dejó al descubierto una clara alianza entre representantes de la mega minería local y extranjera, el Secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel, el propio Rodolfo
Suárez, el gobernador de San Juan Sergio Uñac y el gobernador de Chubut Mariano Arcioni para acelerar la derogación de leyes que impiden la megaminería metálica y prohíben el uso de insumos tóxicos. En el caso de Alberto Hensel y Sergio Uñac siempre defendieron a rajatabla la megaminería en la provincia de San Juan, minimizando desvergonzadamente los derrames de agua cianurada desde Veladero, la mina propiedad de Barrick Gold. Esta alianza nación-provincias sigue ocultando que la megaminería, por definición, es contaminante, no sustentable y letal para los recursos hídricos de provincias semiáridas como Mendoza».

«Alberto Hensel, Rodolfo Suárez, Sergio Uñac y Mariano Arcioni han mostrado falsos cálculos y beneficios que sus técnicos dibujaron con mala ciencia, sin ética y falta de respeto por la licencia social. A distintos plazos la megaminería de metales como cobre, oro, plata, uranio y litio solo crea pérdidas y puestos de trabajo efímeros, acelera en muchos casos la destrucción de glaciares y ambientes periglaciares, rompe las cuencas hídricas, contamina, favorece prácticas clientelares y deja peligrosos pasivos ambientales cuya remediación futura nadie asegura.
Parafraseando la canción El Arriero de don Atahualpa Yupanqui, las penas y los minerales se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, los minerales son ajenos».

«Al presidente Alberto Fernández las corporaciones mineras le contaron una historia falsa y con datos incompletos, pero él personalmente alentó a las grandes corporaciones mineras creyendo, equivocadamente, que la exportación de metales beneficiaría económicamente al país. No logra ver quizás que un país y la megaminería deben ser evaluados a la luz de todos los riesgos en el tiempo, de la existencia o no de licencias sociales, y más allá por cierto de los cuatro años de gobierno».

«Las movilizaciones públicas contra la megaminería y a favor del agua se irán expendiendo y profundizando en Argentina porque las actuaciones de los gobiernos provinciales y de la nación olvidaron que la gente existe, y que las comunidades conocen tanto los riesgos reales de la megaminería como las falsedades distribuidas desde las corporaciones megamineras, locales y extranjeras. Creer que las mesas participativas propuestas por los gobiernos harán desaparecer los graves efectos ambientales, sanitarios y sociales que ya provocaron Barrick Gold en Veladero, San Juan, o Glencore en Alumbrera, Catamarca, resulta ingenuo. Las movilizaciones multitudinarias de Mendoza y Chubut en defensa del agua, y contra la megaminería, ahora extendidas a otras provincias de Argentina, están marcando en forma contundente la nueva agenda pública».

Desde FUNAM alertamos sin embargo que es necesario, por parte de los gobiernos, aceptar y proteger las protestas pacíficas. La represión desatada por el gobernador Rodolfo Suárez contra familias mendocinas que protestaban pacíficamente es inadmisible, y debe ser condenada. El propio presidente, Alberto Fernández, convocó a la gente para que desde la calle le muestre cuando su camino se aparte de lo socialmente necesario. «Gobernantes, funcionarios y sociedad deben saber que muchas de las grandes corporaciones mineras, algunas de ellas con presencia pasada y actual en Argentina, han estado vinculadas, en muchos países de la región, y del mundo, a aprietes, pago de coimas, amenazas e incluso promoción de asesinatos de líderes sociales y ambientales. A las empresas megamineras con antecedentes de haber sido condenadas administrativa y judicialmente por contaminación y otros delitos graves en otros países no se les debería permitir operar en Argentina», sostuvo Raúl Montenegro. «Si nuestra legislación no es clara sobre este punto, o no existe, habrá que modificar las existentes, o crear nuevas normas que nos protejan».

FUNAM recordó que el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nóbel Alternativo (Right Livelihood College, RLC), con base en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, había enviado un documento a los diputados y senadores de la provincia de Mendoza fundamentando que cualquier regresión en la ley 7722 era ilegal pues violaba el Principio de Progresividad de la Ley Nacional de Ambiente 25675. «Aún así la votaron».

Montenegro sostuvo que «la sospechosa y acelerada votación de la ley que modificó la 7722 para que Mendoza se vuelva una provincia megaminera exige una investigación administrativa y judicial de todos quienes la votaron, en especial revisión de sus cuentas bancarias, movimientos financieros y eventual recepción de dádivas».

«Esperemos que los organismos administrativos de control, incluida la AFIP, las Defensorías del Pueblo, y la Justicia, actúen de oficio. Caso contrario las organizaciones de la sociedad civil deberemos hacer las presentaciones que corresponden