Un polémico juez federal de Mar del Plata hizo lugar al amparo presentado por un excolaborador del carapintada Aldo Rico y sin más, le “ordenó al Estado Nacional” que suspenda la aplicación de la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “El fallo es totalmente inconsistente y va a ser apelado en forma inmediata por el Ministerio de Salud de la Nación”, le adelantó a Página/12 Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
“Este es un amparo federal que todavía no ha sido comunicado formalmente al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y al Ministerio nacional, que por supuesto va a apelar en forma inmediata, porque parece un disparate plantear, a esta altura, la inconstitucionalidad de una ley que fue profundamente debatida, precisamente, respecto de su constitucionalidad”, recalcó la ministra bonaerense.
Estela Díaz recordó, además, que “están los antecedentes del Código Penal, que desde 1921 establece excepciones de aborto no punible y también el fallo F.A.L. de la Corte Suprema” de Justicia, ante un caso de embarazo por violación, de manera que “esta resolución es absolutamente inconsistente y mucho menos puede tener efectos suspensivos, a través de una medida cautelar, sobre una ley” nacional.
El fallo fue dispuesto por Alfredo Eugenio López, a cargo del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata. La medida cautelar está fundada en la supuesta violación, por parte de la Ley Nacional 27.610, de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de la “protección integral de la vida desde la concepción”.
El juez López, que ha mantenido decenas de controversias con funcionarios del Poder Judicial marplatense, varias de ellas con el fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler, citó en su decisión una sentencia de la Corte Suprema del año 1980, durante la dictadura cívico-militar. En ella se aseguraba que “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”.
El juez consideró que en razón del interés superior del niño y la legitimación que la ley 26.061, de protección integral de niñas, niños y adolescentes, se encontraban reunidos los requisitos para la configuración de la medida cautelar.
López declaró la “inconstitucionalidad de la Ley 26.854 de Medidas Cautelares contra el Estado por entender que la misma atenta contra la división de poderes y la tutela judicial efectiva al no permitir su dictado in audita parte”.
A la hora de resolver acerca de la medida cautelar, el juez recordó una reciente decisión de una Cámara de Apelaciones de la justicia de San Juan, que ordenó a una mujer que se abstenga de practicar la interrupción del embarazo que estaba transitando. Luego argumentó que la medida cautelar era procedente en tanto la sanción de la Ley 27.610 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo “afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante”.
El recurso de amparo fue presentado por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado, luego de ser funcionario en la delegación del Puerto de Anses. Es un hombre ligado a la derecha y a la Iglesia Católica, que en los años noventa fue el “hombre fuerte”, en Mar del Plata, de la corriente política encabezada por el excarapintada Aldo Rico. Entonces fue el primer candidato a diputado provincial por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin). Como funcionario de Anses estuvo bajo sospecha por enriquecimiento ilícito. Las crónicas de la época señalaron que en su casa guardaba armas, monedas de oro y sumas importantes de dinero. La resolución del juez López fue rechazada por la delegación Mar del Plata del Inadi, que señaló que el fallo significa la “judicialización de la soberanía sexual” y “una reacción claramente antidemocrática y conservadora que atenta contra los DDHH de las personas gestantes”.
El Inadi, en su comunicado, afirmó que “la realidad es que luego de mucho debate y movilización, el cuerpo legislativo nacional asumió el debate, y junto a la mayoría de la sociedad, decidió reconocer el derecho a abortar”.
En la declaración se subrayó que “perdida esta disputa democrática, que los sectores antiderechos vayan al Poder Judicial a seguir allí su disputa política y social, es algo muy desalentador para el estado de derecho”.
El organismo sostuvo que “los intentos de los sectores conservadores para frenar la aplicación de esta ley con recursos de amparo para que sea declarada inconstitucional, vienen fracasando en todo el país”.
En ese sentido, recordó que “hasta el momento se presentaron 29 recursos de este tipo en diferentes provincias y fueros (federal y provincial), y 18 ya fueron rechazados. Nos preocupa que en nuestra ciudad se dé lugar a esta posición minoritaria y antidemocrática”. Por eso expresó su confianza en que “los tribunales no sigan acompañando estas iniciativas jurídicamente antifeministas.
Fuente: Página 12