“En momentos donde algunos proponen desconocer derechos históricos (como la indemnización por despido), alentamos a votar a favor de un Estado que garantice derechos”, aseguraron los religiosos.
Por Grupo de Curas en Opción por los Pobres
El próximo domingo 14 de noviembre volveremos a ejercer nuestro derecho a elegir autoridades democráticas. El poder legislativo, cuyas bancas se renuevan, contribuye a darnos las herramientas políticas y jurídicas imprescindibles para construir en democracia un proyecto de país inclusivo con justicia social. Decíamos con ocasión de las recientes PASO del mes de septiembre, que un acto eleccionario “es un momento propicio en el proceso democrático para la reflexión, el análisis, el discernimiento necesario para interpretar los signos de este tiempo. Y este ejercicio no lo hacemos desde un lugar neutral o aséptico. Son los caminos del pueblo los que queremos andar. Atentos a los y las más pobres y sufrientes. Desde allí queremos mirar para hacer este ejercicio que nos propone el evangelio (cf. Mt 16,3)”.
Estamos viviendo todavía bajo los efectos devastadores de una pandemia inesperada y dramática. Somos los sobrevivientes de una tragedia que ha marcado nuestra historia personal y colectiva. Así como la pandemia supuso transitar un camino inédito y a oscuras, la post pandemia también será una senda nunca antes transitada. Desconocemos cómo procesará el cuerpo social, los efectos sanitarios, sociales, laborales, psicológicos, económicos y políticos generados en estos dos años. Los resultados de las primarias han permitido escuchar la voz del descontento popular, particularmente relacionada con las enormes dificultades para la subsistencia cotidiana, la falta de trabajo, las secuelas de la pandemia en las familias, la escalada infinita del precio de los alimentos que dispara la inflación y acelera la pérdida del poder adquisitivo del salario. Estos factores han empujado a muchas personas y familias a la pobreza, la indigencia, la angustia y la desesperanza, más allá de la contención que el Estado ha intentado brindar hasta ahora.
Valoramos los esfuerzos del gobierno nacional no sólo para contener y asistir los efectos sanitarios de la pandemia sino también sus devastadores efectos sociales y económicos, sumados a la indisimulable pandemia neoliberal, que, en la historia reciente argentina, no ha generado más que calamidades e infligido daños severos a la estructura laboral, económica y social. Celebramos las políticas de estado que ayudan a recomponer la producción y el trabajo, valorizar el salario y contener la inflación, generando datos macroeconómicos que reflejan una sólida recuperación y que presagian horizontes esperanzadores para los años que vienen. No obstante, las medidas asistenciales de corto plazo, a priori insuficientes, es necesario refundar la matriz productiva y distributiva de la Argentina. No alcanza con aumentar la capacidad productiva que genera riqueza. Y, menos aún, hacerlo depredando la madre tierra o envenenando la vida humana. Es necesario transformar la lógica de la producción. Y es necesario también cambiar la lógica distributiva que injustamente hace que la riqueza producida por todos y todas, sea apropiada por una minoría, y sus rentas puestas a rendir especulativamente lejos del país y lejos de un proyecto productivo. Y son precisamente esos pocos los que se resisten a modificar el nivel de sus ganancias a favor de una distribución más relacionada con la justicia social y el bien común, que con la codicia delirante de acumular riqueza sin fin.
Resolver el problema de la pobreza implica necesariamente afectar la distribución de la riqueza. Las grandes acumulaciones de capital, aun las que están ligadas al trabajo y la legalidad, deben ser equilibradas por las exigencias del bien común. Pero con más razón, los enormes flujos de capital alimentados por la evasión de impuestos, el contrabando, la especulación financiera, la fuga de capitales, la formación fraudulenta de precios, las ganancias obtenidas a costa de la pobreza de otros, son golpes violentos de rapiña al futuro del pueblo. El Estado debe regular la economía en favor del bien común, en perspectiva de derechos y castigar el delito económico con los instrumentos válidos y democráticos de los que dispone. También debe velar por el futuro de los argentinos evitando someterse a las presiones del capital internacional: la deuda contraída con el FMI no puede pagarse en términos que funcionen como una condena a muerte a largo plazo.
Repudiamos enérgicamente cualquier forma oculta o manifiesta de alteración de la institucionalidad democrática, cualquiera sea el resultado de las elecciones. Rechazamos las abiertas e insistentes operaciones de prensa para instalar en el sentido común que el gobierno elegido por el pueblo no debe continuar si pierde las mayorías en las cámaras. Ya sabemos lo que son los golpes de estado (duros o blandos, con armas o sin ellas) y ya hemos dicho como pueblo en muchas ocasiones, “¡Nunca más!”
El domingo 14 de noviembre como pueblo creyente celebramos la 5ta Jornada Mundial de los Pobres. En su mensaje para este Domingo el papa Francisco se pregunta “¿cómo es posible dar una solución tangible a los millones de pobres que a menudo solo encuentran indiferencia, o incluso fastidio, como respuesta? ¿Qué camino de justicia es necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se restablezca la dignidad humana, tantas veces pisoteada? Un estilo de vida individualista es cómplice en la generación de pobreza, y a menudo descarga sobre los pobres toda la responsabilidad de su condición. Sin embargo, la pobreza no es fruto del destino sino consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades de todos, para que la complementariedad de las competencias y la diversidad de las funciones den lugar a un recurso común de participación”.
En momentos donde algunos proponen desconocer derechos históricos (como la indemnización por despido), alentamos a votar a favor de un Estado que garantice derechos, creando trabajo, velando especialmente por los trabajadores y las trabajadoras, garantizando la justicia y la paz, ampliando los derechos sociales, construyendo una sociedad inclusiva y diversa con igualdad de oportunidades para todos y todas.