Por Adriana Meyer para Página 12
“Estamos denunciando una grave situación con nuestro ejercicio de la libertad de prensa y otras libertades democráticas, porque nos enteramos que en nuestro medio teníamos un agente de la policía de Jujuy infiltrado desde hace casi tres años, haciéndose pasar por un activista de la comunicación y lo social”. Con estas palabras denunciaron “espionaje ilegal” ante Página/12 los integrantes de Radio Pueblo, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Ezequiel Rosales es agente policial y participó del medio y de los espacios políticos hasta que fue descubierto por un vecino. “Esta infiltración en el Colectivo Radio Pueblo es una modalidad que tiene décadas y que los sucesivos gobiernos no han desterrado. Es hora de que este tipo de acciones represivas desaparezcan de la Argentina. Exigimos al gobierno de Morales que dé explicaciones, a la Justicia que esclarezca la situación y a las organizaciones del campo popular que acompañemos y nos solidaricemos con Radio Pueblo”, dijo la RNMA. El abogado de los denunciantes, Gines Aráez consideró ante este diario que “esta inteligencia que obtenían puede haber servido al armado de causas”.
La denuncia fue presentada en la fiscalía federal de San Salvador de Jujuy por la extracción de inteligencia ilegal de organizaciones sociales y políticas, en este caso una radio comunitaria Radio Pueblo, la ATD (Asamblea del Trabajo y la Dignidad) y la Biblioteca Popular Niños Pájaros, que son los denunciantes. “Esa extracción de inteligencia ilegal se materializa en una violación a la ley nacional de inteligencia que expresamente prohíbe la inteligencia sobre organizaciones sociales pero también puede acarrear delitos penales relacionados con la protección de la privacidad o el desempeño de la función pública”, dijo Aráez. “Esto se da en el tenso marco de criminalización de la protesta que hay en Jujuy. Mis mismos clientes enfrentan contravenciones a la mínima salida a protestar. Y tienen dos compañeras procesadas por amenazas en base a un grafiti contra el gobernador. Por eso no descarto esta inteligencia que obtenían les sirviera al armado de causas”, agregó a Página/12.
“Esto se enmarca en una persecución más grande que venimos sufriendo quienes estamos en el campo popular en esta provincia, porque dos educadoras de la Biblioteca Niños Pájaros han sido imputadas en una causa armada, y es ese espacio el que dio lugar a nuestro proyecto de radio, y una persecución con el uso de las contravenciones contra todo nuestro movimiento que lleva más de 21 años de trabajo”, dijeron desde ese medio de comunicación popular, alternativo y comunitario creado en Alto Comedero hace 11 años.
El Balbuena jujeño
Tal como ocurrió en 2013 cuando los “compañeros” de la Agencia Rodolfo Walsh detectaron que Américo Balbuena no era periodista sino agente de la Policía Federal, este policía jujeño se infiltró en el Colectivo Radio Pueblo en el 2018 cuando cumplía tareas de inteligencia de forma no oficial. Ezequiel Rodrigo Rosales, designado “oficialmente” en el año 2019 como agente de la planta de personal permanente de la Unidad de Organización 2A Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” del Ministerio de Seguridad. Esta tarea la cumplía desde el 2015, por eso, según figura en el Boletín Oficial de Jujuy N°18 de noviembre de 2019, el nombramiento se realizó llamativamente con “retroactividad al día 10 de junio del año 2015”, según publicó AnRed.
Rosales se ganó la confianza de los integrantes de la radio y de las organizaciones sociales en su rol de comunicador popular comprometido con las luchas sociales, y así durante los últimos tres años hizo vínculos personales y políticos. Incluso con un DNI falso obtuvo su credencial de prensa, y participó de coberturas de diferentes marchas, actividades y reuniones donde las organizaciones definían líneas de acción. A mediados de 2021, dos integrantes de la Biblioteca Popular Niños Pájaros fueron judicializadas en una causa armada, en el marco de la persecución del gobierno de Gerardo Morales contra las organizaciones populares provinciales. El gobernador radical las acusa de haberlo “amenazado”.
“Este mecanismo de infiltración es moneda corriente en la provincia. El 2 de diciembre, la ATD convocó a una movilización en el marco de una medida de lucha nacional y provincial junto a otras organizaciones. Durante la realización de una asamblea en el lugar, dos personas advirtieron la presencia de una mujer perteneciente a la policía, de civil y con una bandera del Frente Educativo Docente Carlos Fuentealba (orgánico a la ATD) en sus manos. Rita Narvaez – al menos así figura en las redes sociales – había estado en conferencias de prensa anteriores, filmando con su celular”, reza la denuncia. “Los medios alternativos, comunitarios y populares tenemos una lógica periodística diferente a la que manejan los medios tradicionales, lo cual genera un vínculo de confianza y trabajo solidario que permite que los/as militantes vean nuestra labor a la par de sus luchas y necesidades”, agrega.