El juez Juan Ramos Padilla expresó su rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para adueñarse del Consejo de la Magistratura, al que calificó como «un golpe de Estado institucional». Resaltó que «Si bien es un mecanismo novedoso en nuestro país, algo similar sucedió cuando destituyeron a Dilma en Brasil y a Lugo en Paraguay», y convocó a marchar en defensa de la República y la Democracia el próximo 24 de mayo a la plazas de todo el país.
Juan Ramos Padilla conversó con Javier Corcuera en Lugares Comunes acerca de la maniobra del Poder Judicial para pasar por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tal como viene advirtiendo desde hace meses junto a otras respetadas personalidades de la cultura y referentes de la justicia nacional.
Sostuvo Ramos Padilla que «esta medida traspasó todos los limites. Ni bien salió la ley, que había sido derogada por el Ejecutivo, convocamos a una marcha el 1 de febrero, que llenó la Plaza Lavalle y en 48 ciudades más. Estudiamos el tema y es un claro avance antidemocrático. Ya veíamos que es un golpe de Estado en proceso, la cámara de empresarios argentino estadounidense dio su respaldo explícito para que Horacio Rosatti hiciera esta ocupación, también lo apoyó el colegio privado de Montevideo, que representa a las empresas formadoras de precios, Rosatti va a cuidar esos intereses».
La Corte Suprema a partir de esta decisión que permite presidir el Consejo de la Magistratura tiene la potestad de designar y remover jueces, «en la práctica lo que sucederá es que todos los jueces por miedo a ser removidos votarán lo que la Corte quiera«, sostuvo Juan Ramos Padilla. Y amplió: «Esta ley que ponen en vigencia está orientada a tener el control del país. Quieren gobernar, el juez de Entre Ríos que pidió más plazo para que se resuelva de otro modo le sacaron la causa. Los jueces van a estar aterrados frente a esa concentración de poder, todos van votar como la Corte quiera, Lo que sucedió con Eduardo Freiler va a ser la norma. Rosatti los nombra y Rosatti los remueve, además de que maneja el presupuesto y los bienes del Poder Judicial«.
«De esta forma pueden inconstitucionalizar las leyes que dicte el Congreso, que trata leyes que benefician al pueblo, como repatriar las divisas fugadas o el nuevo impuesto a la renta inesperada, que son para cuidar a los más vulnerables, pueden ser derogadas por los cuatro integrantes de la Corte. Se trata de un fallo parcialmente prevaricarte, ya que no es facultad de la Corte poner en vigencia una ley derogada: esa es facultad de las dos cámaras del Congreso. Aquí se pone en vigencia una ley, cuando el Poder Judicial no puede dictar leyes, ni poner en vigencia leyes derogadas. Es un disparate legal. El que no respeta la división de poderes comete delito de prevaricato, son delincuentes togados», expresó Juan Ramos Padilla. Y añadió que «es un golpe de Estado y hay que tomarlo con seriedad, los funcionarios del gobierno relatan la situación, parece que no quieren entender que está en peligro la República y la Democracia».
Sobre que podrían hacer los otros dos poderes del Estado recalcó que «esto no debe ser acatado por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Quisiera que hubiera una cadena nacional en la que el Presidente de la Nación, y las autoridades de las dos cámaras, expliquen la situación y se decrete la intervención del Consejo de la Magistratura hasta que se dicte una ley que organice esta situación. No deben pelearse entre los otros dos poderes, ante esta situación deben actuar en conjunto. El Poder Ejecutivo debería retirar a sus delegados, igual que los representantes del Congreso para quitarle toda legitimidad y no acatar ninguna decisión del Consejo de la Magistratura hasta que se resuelva«. Y agregó que «hoy gobierna la Corte y no nos damos cuenta, la gente lo entiende, los dirigentes políticos tienen que empezar a ponerse los pantalones largos, y decirles a los cortesanos que la democracia y la República se tienen que respetar. Es un descalabro institucional que no tiene precedentes, excepto quizás cuando la Corte Suprema oficializó el golpe de Uriburu» manifestó el magistrado.
A su vez, subrayó que «es novedoso este mecanismo en nuestro país pero es similar a lo que le hicieron a Dilma Rousseff en Brasil y en Paraguay a Fernando Lugo. El Lawfare garantiza la impunidad de la mafia y los negocios de las empresas multinacionales que siempre han expoliado al país, somos un país rico con un pueblo pobre, entre otras, por estas razones que venimos denunciando».
Por último convocó a una movilización ciudadana para reclamar la vuelta atrás con esta decisión y la renuncia de los integrantes de la Corte que lo permitieron y promovieron. «Sabemos que el pueblo la está pasando mal y esto lo va a empeorar, por eso convocamos a una marcha al Palacio de Tribunales el 24 de mayo a las 18 horas, fecha en que llegan al país los veedores del FMI y al mismo tiempo el Congreso va a tratar la ley para repatriar las divisas fugadas y la renta inesperada por la guerra en Ucrania. Es una convocatoria popular para rechazar lo que está mal, tenemos el deber de protestar. Si no hacemos algo y no nos mantenemos unidos, el conservadurismo se va a enquistar definitivamente en la justicia. Hay que organizarse, ya hablé con dirigentes sociales e intelectuales como Milagro Sala, Jorge Rachid, Luis D´Elia, Jorge Elbaum y muchas otras organizaciones que nos están ayudando en la convocatoria para que se haga en todo el país y quede en claro nuestra postura», resaltó Ramos Padilla por Radio Caput.