Cuáles son los preceptos con los que a partir de ellos se busca darle impulso a la actividad de la mano de la inversión privada. Qué papel cumplirán las empresas públicas provinciales. Todavía no se observan respuestas claras a algunos desafíos que se imponen en la actualidad.
El estructuralismo latinoamericano suponía que la industria era clave por al menos dos razones. Por un lado, porque permitía diversificar la estructura productiva, volviendo más adaptable e inmune a los países de los shocks externos. Por otro, por ser difusora del progreso técnico que, entendían, era el vector del desarrollo. Estas escuelas de pensamiento han aportado mucho a la hora de debatir la especialización productiva en naciones como las nuestras con abundante dotación de recursos naturales. Pero, como recientemente ha recordado el economista Diego Coatz, más que de “industrias” hoy deberíamos hablar de “cadenas industriales”, caracterizadas por procesos interconectados que vuelven precisamente más compleja la oposición “campo versus industria”. Así, por ejemplo, Monsanto aplica tecnología digital para mejorar los resultados económicos del maíz, lo que implica adaptar la “inteligencia artificial” a la producción agropecuaria.
En este contexto, el flamante Acuerdo Federal Minero presentado por el Gobierno busca amalgamar los siempre heterogéneos intereses de las provincias y darle mayor previsibilidad a un sector sobre el cual la política económica tiene grandes expectativas. El espíritu que motivó los consensos necesarios fue la necesidad de adecuar el marco regulatorio, toda vez que la minería continúa siendo regulada por un código de fondo sancionado en el siglo XIX -más allá de algunas modificaciones que se hicieron posteriormente- junto con un conjunto de leyes sancionadas durante los ‘90 en momentos de ebullición de los emprendimientos metalíferos en el país, las que cambiaron estructuralmente el perfil minero argentino y buscaron receptar las principales inversiones de la época.
El renovado impulso a la actividad busca fomentar nuevas exploraciones y homologar algunas condiciones en un país donde, como efecto del dominio provincial de los recursos mineros, siempre para el inversor existe más de una “ventanilla” posible.
Los nuevos (¿viejos?) preceptos sobre los cuales se acordó relanzar la minería refieren a (i) incrementar los niveles de empleo y compre local; (ii) priorizar la formación de pymes locales proveedoras de insumos a la industria; (iii) buscar complementariedad con otros sectores estratégicos como el energético; y (iv) estandarizar el sistema de regalías, que pone un tope del 3 por ciento sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento, dejando fuera de la base del cálculo el débito fiscal del IVA. En este punto, surge el interrogante de si las provincias, pudiendo fijar entre 0 y 3 por ciento por este concepto, no competirán “a la baja” en el caso de emprendimientos complejos y de potencial geológico compartido.
Pero, a su vez, hay consideraciones sobre un nuevo sujeto económico reconocido como actor relevante dentro del sector, a saber: las empresas públicas provinciales. Asimismo, se incluyen enunciados generales sobre cuestiones ambientales, aspectos institucionales, gremiales y relativos a obras de infraestructura, para las cuales hay compromisos tanto de Nación como de las provincias.
En definitiva, tal vez todas estas disposiciones operen como base para discutir una nueva política minera. Sin embargo, todavía no se observan respuestas claras a algunos desafíos que se imponen en la actualidad referidos a cómo lograr el “salto schumpeteriano” en la minería, en lo que representa hoy el talón de Aquiles del sector: ¿cuáles son las capacidades innovadoras que ha introducido la industria minera luego de más de dos décadas de explotación intensiva? ¿Se ha conseguido verificar cierta complejización tecnológica que permita avizorar mayores dosis de agregado de valor a la producción metalífera?
En una actividad donde intervienen múltiples actores con intereses diversos y no siempre convergentes, es un hecho que sólo el Estado puede conducir esas agendas de manera virtuosa. Conducción que debería fomentar un debate que no sólo discuta los márgenes de renta, los ingresos fiscales o las condiciones de explotación de los recursos naturales, sino también cuál es el aporte real de una industria creciente en el desarrollo productivo y la reducción de las desigualdades territoriales a nivel federal.
* Docente Flacso/UBA/UNPaz. Fundación Generación del Sur
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