Documento exigiendo al Congreso de la Nación Argentina la nulidad del DNU y el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de Vías de Circulación.
Las personas que integramos la Asamblea por la Vida de Chilecito y Mujeres Defensoras del Agüita del Famatina (provincia de La Rioja) rechazamos en todos sus términos el DNU anunciado por el gobierno de Milei, llamado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” y el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de Vías de Circulación” por considerarlos absolutamente anticonstitucionales y violatorios de los derechos humanos, sociales, ambientales y laborales de los y las argentinas.
Expresamos nuestro más enérgico repudio al Decreto N 70/2023 de Necesidad y Urgencia por ser claramente contrario a los mandatos convencionales y de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, por lo que solicitamos al Congreso de la Nación que declare la nulidad inmediata del mismo.
Un DNU no puede, bajo ningún punto de vista, desconocer e ir en contra de la Constitución Nacional y derogar y/o modificar de un plumazo 300 leyes, la mayoría de ellas logradas a partir de luchas sociales en las calles, en las plazas y en las rutas; tratándose de un atropello a la democracia en sus 40 años y que tanto nos costó a los argentinos recuperar y reconstruir.
Exigimos al Congreso de la Nación cuidar la institucionalidad democrática y no dar respaldo al DNU. Exigimos que en nuestro nombre no sea cómplice de estas medidas que implican la entrega de los bienes comunes, la privatización de empresas estatales, un asalto a la soberanía nacional y un ajuste despiadado sobre los trabajadores y trabajadoras históricamente castigados por los malos gobiernos. Medidas anti populares que solo van a profundizar la brecha entre los que más tienen y los que, empobrecidos, viven en la indigencia en un país que, por su riqueza, es tan apetecible a los intereses económicos y geopolíticos mundiales. Recientemente Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EEUU dijo, refiriéndose a nuestro país y Latinoamérica, “es importante por sus recursos y sus elementos de tierras raras, tienen el Triángulo del Litio con el 60% de las reservas, tiene petróleo, cobre, oro, el 31% de agua dulce del mundo y los pulmones como el Amazonas. Tenemos mucho que hacer, esta región nos importa, es una cuestión de seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego” (https://youtu.be/DBHznUxu2_E?si=oAWRbJA-XI7ZBsMa)
La democracia en nuestro país es una pieza más de un juego perverso de injerencias geopolíticas que sostienen un modelo económico de acumulación global en base a las riquezas de los pueblos del sur. Bajo la presión de estos intereses, Argentina acomoda sus marcos legales, a través de las medidas anunciadas por Milei, para habilitar el sacrificio legalizado de territorios completos. La deuda externa es una estafa al pueblo argentino, un callejón sin salida que, a cambio, debe embargar los bienes naturales que garantizan la vida de las futuras generaciones. Ya la Reforma y las Privatizaciones del Estado en la década del ‘90 habilitaron un avance despiadado del extractivismo, ampliando las fronteras del agronegocio, la minería a gran escala, flexibilizando los controles, habilitando un código de minería adecuado al saqueo transnacional que inhibe al propio estado argentino de explotar sus yacimientos mineros y establece un sistema de regalías irrisorio a las corporaciones mineras. Con el actual DNU se fortalece este sistema de saqueo de recursos naturales a partir de la libertad económica y beneficios tributarios absolutos.
Desde 1976, asistimos a gobiernos neoliberales en dictadura y en democracia que son responsables de la actual situación económica de nuestro país. Décadas de vaciamiento que continúan con el gobierno nacional actual, porque Argentina está siendo regalada a costas del sacrificio del pueblo, de territorios completos, con incalculables daños socio-ambientales a las comunidades y un despojo obsceno con empobrecimiento de las mayorías, siendo los más afectados los sectores más vulnerables de la sociedad como las infancias, mujeres y personas de la tercera edad
El sistema de acumulación actual basado en la ocupación colonial de los territorios comenzó en el continente el 1492 y continua. La soberanía parece ser una cuestión declarativa nada más; los latinoamericanos y, en especial los argentinos, asistimos a la fiesta de otros, solo para lavar los platos. Es hora de luchar por este país grandioso y saldar la deuda interna para con el pueblo.
Como movimiento socio territorial asambleario, expresamos absoluto rechazo a la derogación de los siguientes puntos contenidos en el DNU:
– La Ley N 26737, denominada Ley de Tierras Rurales que ponía un freno a la compra discrecional de tierras por parte de extranjeros, en tierras fronterizas, que incluyen lagos, lagunas, humedales, ríos, cerros, cuencas, etc., y que provocan el acaparamiento y concentración de tierras en manos de extranjeros, corporaciones transnacionales mineras, petroleras, de agronegocios, industria farmacéutica, etc., en perjuicio de las economías regionales y de las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos extractivos a gran escala. Este proceso de extranjerización y concentración de la tierra en pocas manos, implica pérdida de soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo, minerales, biodiversidad, agua dulce, combustibles, etc. despojo de los saberes e identidades territoriales, empobrecimiento y desplazamientos forzados (en la mayoría de los casos utilizando la fuerza represiva aún con costos muy elevados como el asesinato de integrantes de pueblos originarios) de comunidades sobre todo campesinas e indígenas que, hasta el momento, son los únicos defensores de los territorios resistiendo a la instalación de emprendimientos extractivistas mineros, agroindustriales, forestales, inmobiliarios y de patrimonialización, entre otros.
– Derogación de las leyes mineras 24523 del Sistema Nacional de Comercio minero y la Ley 24695 del Banco Nacional de Información Minera, habilitando a las corporaciones mineras a explotar todos los minerales utilizando toda la energía y agua dulce que necesiten para perpetrar el despojo y con amplios e irrisorios beneficios tributarios.
– El DNU habilita a los capitales concentrados de grandes empresas de Energía que dominan el mercado (caso Elon Musk) a beneficiarse con el desarrollo de mega-emprendimientos energéticos, extrayendo y utilizando principalmente minerales estratégicos como el litio, en detrimento de los Derechos Humanos, sociales, laborales y ambientales de las comunidades.
– En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, el actual presidente habla de modificaciones sustanciales, derogando artículos que prohíben el cambio del uso del suelo luego de incendios, fomentando de esta manera los incendios intencionales para posibilitar el cambio de uso y destino del suelo a emprendimientos sobre todo inmobiliarios y de agronegocios.
– Asimismo, rechazamos la habilitación a la desregulación de servicios de internet satelital en beneficio de capitales concentrados como Starlink de Elon Musk, privatizando los satélites Arsat y la privatización de todas las empresas nacionales estatales relacionadas con energías estratégicas, el agua dulce, producción de medicamentos, entre otras contempladas en el DNU.
LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS, LA LIBERACIÓN DE TARIFAS, LA LIBRE EXPORTACIÓN conllevan a serios riesgos sociales y ambientales ya que derivan en un aumento acelerado del extractivismo y despojo de los bienes comunes, aumentando la desigualdad social y el empobrecimiento de los pueblos.
El DNU y el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de Vías de Circulación, son claramente inconstitucionales y violatorios de los derechos laborales, sociales, humanos y ambientales, constituyéndose en un golpe de estado institucional en tanto se arroga facultades del Congreso de la Nación; por tanto, EXIGIMOS la derogación inmediata.
Chilecito, La Rioja, 27/12/2023