Por Víctor Bazán
Este miércoles, el Congreso de la Nación debatirá un proyecto de ley que, de ser aprobado, transformará radicalmente el panorama social, económico y laboral de nuestro país. Si bien con el DNU 70/23 Milei ya está haciendo mucho daño al pueblo, ahora con la ley, pretende legalizar la destrucción del Estado. La llamada “Ley Bases”, impulsada por el gobierno de Javier Milei, presenta una serie de medidas que, lejos de beneficiar a la mayoría de los argentinos, parecen estar diseñadas para profundizar la desigualdad y precarizar aún más las condiciones de vida y trabajo de millones de ciudadanos.
Jubilación y moratoria: un retroceso en derechos
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley Bases es el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años. Esta medida ignora las desigualdades estructurales y las cargas de trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres, prolongando su participación en un mercado laboral ya de por sí hostil. Además, la desaparición de la moratoria previsional significa que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrán acceder a la jubilación, condenando a la mayoría a la inseguridad económica en la vejez.
Fomento a la informalidad y desprotección laboral
El fin del Monotributo Social empujará a 600,000 personas a la informalidad, privándolas de cualquier tipo de cobertura social. Asimismo, el regreso del impuesto a las ganancias para los trabajadores, con una tasa del 35%, representa un golpe directo a los ingresos de quienes viven de un sueldo.
En un contexto donde se debería combatir el trabajo en negro, la ley propone perdonar las multas y anular las acciones penales contra empresas que no registren a sus empleados. Esto no solo fomenta la informalidad, sino que también legitima prácticas laborales abusivas. La eliminación de la figura del despido discriminatorio es otro retroceso significativo, ya que permite a las empresas despedir a trabajadores por cualquier motivo, incluyendo actividades gremiales, sin ninguna repercusión legal.
Derechos de las mujeres y condiciones laborales
Las mujeres embarazadas se verán particularmente afectadas, ya que se les exigirá trabajar hasta 10 días antes de la fecha de parto. Esta disposición no solo es insensible, sino que también atenta contra el bienestar y la salud de las futuras madres y sus bebés.
Recursos naturales y soberanía económica
En cuanto a los recursos naturales, la Ley Bases otorga a las petroleras el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan, permitiéndoles comercializarlos a precios internacionales sin intervención estatal. Esto podría llevar a un aumento significativo en el precio de los combustibles y potenciales problemas de abastecimiento, afectando gravemente a los argentinos.
Poder Ejecutivo y concentración del poder
La concesión de facultades extraordinarias al presidente para desaparecer o fusionar organismos públicos, ajustar precios de servicios y transporte, y desfinanciar la salud y educación públicas es una peligrosa concentración de poder que amenaza la democracia y el equilibrio institucional.
Incentivos a multinacionales y desindustrialización
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga amplios beneficios tributarios y cambiarios a grandes empresas multinacionales, excluyendo a las PYMES y fomentando el extractivismo. Permitir la importación de maquinaria e insumos sin restricciones destruye la industria metalmecánica nacional y compromete el futuro industrial del país.
Blanqueo de capitales y evasión fiscal
La posibilidad de blanquear hasta 100,000 dólares sin repatriarlos ni pagar penalización alguna es una invitación a la evasión fiscal y al lavado de dinero. Premiar a los evasores y permitir el blanqueo de activos de origen delictivo es una medida que socava la justicia y la transparencia.
Represión y privatizaciones
Finalmente, la ley legaliza la detención arbitraria para reprimir protestas, evocando prácticas de la dictadura militar. La privatización de 14 empresas estatales, incluyendo AYSA, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Nacional, TELAM y Ferrocarriles Argentinos, amenaza servicios esenciales y estratégicos para el país, además de privar a millones de argentinos al derecho del acceso a la información a través de los Medios Públicos. La historia ha demostrado que estas privatizaciones conducen al vaciamiento de las empresas, deterioro de servicios y pérdida de soberanía.
Sin lugar a dudas, la Ley Bases representa un retroceso en derechos sociales y laborales, un debilitamiento del estado de bienestar y una amenaza para la democracia. Es importante que la sociedad y nuestros representantes en el Congreso actúen en defensa de los intereses de la mayoría y rechacen esta Ley de Mierda que viene a legalizar el saqueo, el hambre y la destrucción de la Nación, que con tanto sacrificio nos costó construir para nuestro presente y futuro.
¡LA PATRIA NO SE VENDE!