Por Claudia Castro Tirina
El abogado ambientalista Quique Viale se presentó en Resistencia, Chaco, el viernes 2 de agosto en la Librería La Paz para brindar una charla acerca de los desmontes ilegales y los avances sobre la causa de “La mafia del desmonte en Chaco”.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-CAJE, presentaron una denuncia penal contra la Mafia del Desmonte en la provincia chaqueña, en donde se intenta exponer un complejo entramado de “corrupción de Funcionarios/Empresarios” para la deforestación en Chaco a costa de la destrucción y el trabajo esclavo.
Según el escrito, tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos”, por lo que se denunció penalmente la “concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses”, indicaron en la misiva.
Los nombres que figuran en la denuncia son: Hernan Halavacs, actual Ministro de Producción de Chaco, y el ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo en la provincia.
Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, y principal responsable del desmonte desde el año 2014. Actualmente es asesor forestal del ministro Halavacs.
Atlanto Honcheruk. Diputado provincial y empresario de transporte forestal y titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia.
Miguel Ángel López. Ex-Director de Bosques de la Provincia y propietario de Forestales del Oeste SAS, uno de los mayores aserraderos de la provincia.
Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niños. Además, es socia de Miguel Ángel López en el aprovechamiento de Tria S.A. A la cual el mismo López entregó parcelas.
Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria y uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública.
Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU.
Según los letrados, los delitos cometidos que se especifican son: “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal”.
Cabe recordar que a fines de abril la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo.
Según se denunció, esta modificación es un grave retroceso e incumplimiento de la normativa nacional e internacional que presenta este nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). En especial, porque su sanción no surge del proceso participativo, particularmente, el convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Bosques.
“La norma dispone un mapa regresivo y no progresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú, de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y de la normativa específica del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). Por ejemplo, es alarmante que se proponga pasar a Categoría III-Verde polígonos lindantes al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial la Pirámide, y cercanos al Parque Natural Provincial Loro Hablador, zonas que en el OTBN anterior están en Categoría II-Amarillo, una categoría más restrictiva. Esto implica una regresividad y no progresividad porque estas áreas, con esta nueva ley, pasan a tener menor protección, situación que se agrava teniendo en cuenta que estos polígonos rodean áreas protegidas y constituyen parte de la zona de amortiguamiento de estas áreas, impactando negativamente su integridad, conectividad y permanencia”, indicaron desde la Fundación Vida Silvestre.
Además sostuvieron que viola la 26.331 y su decreto reglamentario 91/2009 donde se establece que la actualización debe ser realizada cada 5 años, al contrario de la propuesta que sería anualmente. “Si se da continuidad a la política ratificada con la sanción de esta ley, esto sería someter a los bosques a una revisión anual de su nivel de protección, quitando además la posibilidad de planificación a mediano plazo que la gestión forestal necesita”.
“Chaco es la provincia con mayor porcentaje de desmonte del país. En términos mundiales es uno de los lugares con más desmonte, del mundo. A su vez tiene un de los peores índices socioeconómicos de Argentina. El desmonte es pobreza, la destrucción ambiental es pobreza. Es la historia de América Latina. América es la región más desigual del planeta, y tiene que ver con ese modelo extractivista que nos instalaron y que no lo podemos discutir”, cerró Viale.
En este contexto, la aprobación de la ley base y el Rigi, permite que siga creciendo esta desigualdad, debido a que está formulada para la protección y garantías de los grandes empresarios, y no para la defensa de los territorios.
Fuente: Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Fuente: MINKA Comunicación