El pasado martes 10 de diciembre, la Suprema Corte de Tucumán firmó un convenio con la Fundación Memoria del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) – entidades alineadas con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Estado de Israel-, en un contexto signado por condena de la Corte Penal Internacional contra Israel por Genocidio y crímenes de Lesa Humanidad en la Franja de Gaza.
En un momento crítico para la justicia internacional, donde Israel enfrenta condenas internacionales por genocidio contra el pueblo palestino en Gaza de parte de organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán firmó un convenio con dos organizaciones vinculadas a la comunidad israelita de Argentina: la Fundación Memoria del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA). Si bien el acuerdo busca capacitar a jueces en Derechos Humanos y memoria histórica, despierta suspicacias debido a las conexiones simbólicas y políticas de estas entidades con el Estado de Israel.
Este convenio, que algunos sectores califican como un acto de “colonialismo judicial”, se suma a un contexto local marcado por el fallo contra eltucumano, donde la perspectiva judicial sobre Derechos Humanos y libertad de expresión también se encuentra bajo escrutinio.
Vínculos sionistas e influencia en la justicia argentina
La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) , que se autodefine como el “brazo jurídico de la Comunidad Judía Argentina”, está alineada con la DAIA, una organización que, según su estatuto, enfatiza los vínculos con el Estado de Israel. Aunque estas entidades son jurídicamente independientes en Argentina, sus relaciones con Israel reflejan un alineamiento político que podría influir en la narrativa sobre derechos humanos en el país.
El artículo 4.3 del estatuto de la DAIA establece que debe “mantener relaciones con comunidades judías del mundo, enfatizando los vínculos con el Estado de Israel”. Esto, aunque legítimo en términos culturales, plantea interrogantes sobre la neutralidad de permitir que estas organizaciones lideren capacitaciones judiciales en Tucumán.
El contexto internacional: denuncias de genocidio en Gaza
Mientras la Corte Suprema de Tucumán avanza con este convenio, el mundo está siendo testigo de uno de los momentos más críticos en la historia reciente del conflicto israelí-palestino. Amnistía Internacional concluyó que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza, citando el desplazamiento masivo, la destrucción de infraestructura civil y la matanza sistemática de civiles palestinos como pruebas clave. Por su parte, la ONU ha reforzado esta postura, exigiendo una investigación independiente sobre posibles crímenes de guerra.
Este escenario internacional refuerza las críticas hacia el convenio firmado en Tucumán, ya que podría interpretarse como un respaldo indirecto a narrativas que ignoran las denuncias internacionales contra Israel.
La cuestionable cosmovisión Israelí sobre los Derechos Humanos ahora impregnará al Poder Judicial de Tucumán.
El caso Brand: una visión local sobre los derechos humanos
En paralelo, el fallo del juez Yane Mana contra eltucumano añade otra capa de complejidad al debate sobre derechos humanos en Tucumán. Declarar culpable al medio por hostigamiento mediático hacia Valeria Brand, bajo la Ley 26.485, refuerza las preocupaciones sobre cómo el poder judicial interpreta y aplica los derechos humanos en el ámbito local.
El diario argumentó que la sentencia limita la libertad de prensa y representa una amenaza para el periodismo independiente, en un contexto donde figuras públicas como Brand deben estar sujetas a escrutinio. Este caso resalta el riesgo de permitir que narrativas específicas —ya sea en temas internacionales o locales— dominen la interpretación judicial.
¿Un sistema judicial bajo presión?
Injerencia internacional en la justicia local:
El convenio firmado con organizaciones alineadas con el Estado de Israel refleja una narrativa hegemónica que excluye perspectivas críticas, comprometiendo la pluralidad en la formación judicial.
El riesgo de monopolios narrativos:
Tanto el convenio como el caso Brand evidencian cómo el sistema judicial puede ser utilizado para promover visiones unilaterales en temas clave, como los derechos humanos y la libertad de expresión.
Impacto en la percepción pública:
La coincidencia entre las denuncias internacionales contra Israel y la firma de este convenio en Tucumán podría dañar la confianza pública en el sistema judicial, percibido como susceptible a influencias externas.
La capacitación judicial en derechos humanos es esencial para fortalecer el sistema de justicia argentino. Sin embargo, el contexto internacional y las conexiones institucionales de las organizaciones involucradas en el convenio de Tucumán generan dudas legítimas sobre la neutralidad y soberanía del Poder Judicial. A esto se suma el impacto local del fallo Brand, que refuerza las tensiones sobre cómo se interpretan y protegen los derechos humanos en la provincia.
Es indispensable garantizar que estos procesos sean transparentes, incluyan perspectivas diversas y respeten los principios de soberanía judicial, para evitar que la justicia argentina sea percibida como alineada a intereses internacionales o limitante de libertades fundamentales.
Fuente: El Tucumano
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org 2024/12/15/