Mila Zurbriggen presentó una denuncia penal en la que de manera detallada vinculó al jefe de Estado argentino con el complejo esquema con el que se defraudo a 40.000 inversores. Fiscalías especializadas en crímenes financieros y expertos en blockchain analizan movimientos sospechosos de alrededor de US$2.000 millones.
Javier Milei está en el centro de una denuncia penal que lo acusa de promover y participar en una estafa cripto con el token $Libra. La operación, que usó la blockchain Solana, desplomó su valor después de un repentino auge impulsado por Milei, dejando miles de damnificados y generando ganancias millonarias para un círculo cercano al mandatario.
Poco después de que Milei publicara en sus redes sociales un mensaje promocionando la criptomoneda $Libra, el token subió de US$0,003 a US$5,54 en minutos, pero colapsó horas después a US$0,19, un patrón típico de «rug pull». La publicación permaneció activa durante seis horas, a pesar de las múltiples alertas sobre su posible ilegitimidad.
En ese marco, la referente del espacio Frente Nueva Generación, Mila Zurbriggen, autora de la denuncia, citó transacciones de wallets vinculadas a personas cercanas a Milei, como Mauricio Gaspar Novelli (socio de empresas como Tech Forum S.R.L.) y Bartosz Lipinski (director de Cube Group). Un informe de Desscreener.com reveló que un usuario retiró US$500 millones durante el pico de valoración.
Vínculos empresariales y reuniones clave
La denuncia detalla al menos diez reuniones entre Milei, ejecutivos de KIP Protocol (creadores de $Libra) y asesores como Sergio Daniel Morales, vinculado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Morales, según registros oficiales, carecía de la idoneidad requerida para asesorar en criptoactivos.
Además, se menciona a Kelsier Ventures, firma que asesoró a Milei y admitió en un comunicado: «El presidente eliminó su respaldo sin previo aviso, generando pánico en el mercado». Estas conexiones, según la fiscalía, sugieren una «coordinación previa» para inflar artificialmente el valor de $Libra.
Una estafa con respaldo presidencial, vínculos sospechosos y ganancias millonarias
Según la denuncia de Zurbriggen, Milei habría mantenido reuniones previas con el CEO de la empresa que lanzó la criptomoneda. Estas reuniones, registradas en el Boletín Oficial y el Registro de Audiencias Públicas, refuerzan la sospecha de que existió una planificación deliberada del fraude.
Los registros en la blockchain revelan que el principal beneficiario de la operación compró US$1,1 millones en $Libra antes de la publicación de Milei y vendió a un precio inflado, obteniendo una ganancia de US$7,2 millones. Estas billeteras digitales están vinculadas a allegados al gobierno, incluyendo nombres relacionados con una expareja del presidente.
El Gobierno intentó justificar la maniobra
La reacción del gobierno fue tardía y confusa. Durante seis horas, la publicación de Milei permaneció en redes sin ninguna advertencia oficial sobre los riesgos de la inversión. Cuando las denuncias comenzaron a multiplicarse, Milei eliminó el posteo y alegó ser víctima del esquema.
Lilia Lemoine, diputada libertaria y estrecha colaboradora de Milei, ratificó que la publicación había sido realizada por el propio jefe de Estado, desmintiendo teorías de un posible hackeo.
Antecedentes y delitos imputados
Esta no es la primera vez que Milei está vinculado a fraudes financieros con criptomonedas. En el pasado, promocionó esquemas como COINx y VULC, que también resultaron en pérdidas millonarias para los inversores.
La denuncia presentada lo acusa de cometer varios delitos tipificados en el Código Penal:
Estafa (Art. 172): Engaño premeditado para inducir a error y obtener beneficios económicos.
Defraudación al Estado (Art. 174, inc. 5): Uso indebido de recursos públicos en la maniobra.
Uso de información privilegiada (Art. 307): Adquisición anticipada de activos con conocimiento previo de un evento que modificaría su valor.
Cohecho y tráfico de influencias (Arts. 256 y 258): Posible recepción de beneficios indebidos.
Abuso de autoridad (Art. 248): Uso de la investidura presidencial para inducir a la inversión en un esquema fraudulento.
El intento del Gobierno por controlar la investigación
Tras la exposición del escándalo, Milei anunció la creación de una «Unidad de Tareas de Investigación (UTI)» dentro del Poder Ejecutivo para investigar la estafa. Según expertos jurídicos, esta medida constituye una intromisión inconstitucional en la investigación penal, que es competencia exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia de Zurbriggen incluye una medida cautelar para impedir la creación de la UTI, argumentando que su propósito real es encubrir la maniobra y direccionar la investigación en favor del Gobierno. Organizaciones como Transparency International también cuestionaron su imparcialidad.
Impacto económico y legal
Según la plataforma Chainalysis, Argentina es el tercer país de Latinoamérica en adopción de criptomonedas. El presunto fraude afectó a 40.000 personas, con pérdidas estimadas en US$2.000 millones. La denuncia cita el artículo 173 del Código Penal (estafa informática), que prevé penas de hasta 6 años de prisión.
Puntos clave de la denuncia de Zurbriggen contra Milei:
Promoción de $Libra por Milei vinculada a un desplome del 96% en su valor.
Denuncia penal cita reuniones con ejecutivos de KIP Protocol y movimientos de US$500 millones.
Creación de una UTI bajo control del Ejecutivo genera críticas por violar la división de poderes.
Antecedentes de Milei en esquemas similares como COINx y VULC.
La Justicia porteña solicitó peritajes de blockchain y citaciones a desarrolladores de $Libra.
Fuente: El Argentino – 17.02.2025