Por Natalia Salvo
A dos meses de la ratificación de la condena contra la expresidenta, un documento del Frente de Abogados Populares desmantela, uno por uno, los argumentos de la justicia para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.
La causa Vialidad no encuentra lógica ni explicación en la dimensión jurídica. No es una cuestión reducida al escrutinio de las usinas académicas, apartada de las influencias contaminantes de la realidad social.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner es una expresión sintomática del uso espurio de la herramienta normativa con fines extraños al derecho. La ley como ropaje institucionalista para proscribir y vaciar de contEnido la democracia. Es entonces una cuestión política, no jurídica.
El poder real, establecido en las estructuras estatales, cooptó cierto sector del Poder Judicial con el objetivo de garantizar un plan económico de expoliación, venta del patrimonio nacional y desmantelamiento del Estado.
La certeza de la ausencia de pasividad ante esa destrucción, implicó un segundo objetivo tan necesario como ineludible; la persecución a militantes políticos, sociales, gremiales y cualquiera que se atreviera a levantar la voz y alzar el cuerpo contra esas políticas benefactoras del capital financiero depredador internacional, en alianza con el local.
El Plan Cóndor II trocó la terminal militar como brazo ejecutor del esquema destructor por el Poder Judicial. La nueva Escuela de las Américas configuró jueces al calor del supuesto combate del narcotráfico y la corrupción, coberturas ficticias que dieron lugar al nuevo enemigo interno.
La Embajada pronunció en varias oportunidades y a viva voz su pretensión de trabajar con los jueces argentinos.
Marcos Rubio, el Secretario de Estado de Donald Trump, sabía con una anticipación de dos meses que Cristina Fernández de Kirchner sería condenada y proscripta. Fue, también, una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los medios de comunicación hegemónicos constituyeron otra herramienta central en el plan proscriptivo; propagaron continua y uniformemente las mentiras que, luego, consolidaron los jueces del lawfare en sus sentencias. El Frente de Abogados Populares (FAP) realizó un trabajo sintético para evidenciar y desmantelar las 20 mentiras de la causa Vialidad. A continuación, la réplica:
MENTIRA 1: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner asignaron fondos ilegales a la provincia de Santa Cruz.
Ninguna de las 51 obras investigadas fue improductiva o innecesaria, un hecho que ni la oposición pudo desmentir. La inversión se justificó por el gran déficit vial de Santa Cruz en 2003 y la necesidad de integrar poblaciones y garantizar la soberanía. Esto fue probado en juicio por ex jefes de Gabinete, auditores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y miembros de cámaras empresarias.
MENTIRA 2: Los presupuestos fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El proceso de elaboración de los presupuestos cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes. Además, se acreditó que la Presidencia de la Nación jamás dio directivas a la Oficina Nacional de Presupuesto sobre cómo debían realizar sus tareas.
MENTIRA 3: El Congreso tuvo una participación marginal en el presupuesto.
La ley de presupuesto es una de las normas más debatidas en el Congreso. Esto fue acreditado con declaraciones testimoniales de ex jefes de Gabinete, legisladores, integrantes de comisiones de asesoramiento y funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo.
MENTIRA 4: Los legisladores fueron obligados a votar de manera afirmativa.
Nunca se presionó o coaccionó a legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto (2004-2015), lo que fue probado en juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez. La oposición presentó proyectos alternativos que incluían las mismas obras cuestionables. Las leyes de presupuesto fueron votadas afirmativamente por los legisladores de la oposición.
MENTIRA 5: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aumentaron partidas por DNU para beneficiar a Lázaro Báez.
Quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias con ese propósito. La Fiscalía jamás solicitó la citación de ex legisladores que pudieran corroborar el haber sufrido presiones.
Ninguna de las 51 obras investigadas en el expediente fue una iniciativa improductiva o innecesaria.
MENTIRA 6: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aumentaron partidas por DNU sin pasar por el Congreso.
Todos los DNU que ampliaron partidas fueron validados expresamente por el Congreso de la Nación, contaron con controles de legalidad y ampliaron partidas presupuestarias de carácter general.
MENTIRA 7: Uso ilegítimo del fideicomiso Decreto 976/2001.
El fideicomiso ya existía antes de 2003, creado durante la presiden cia de Fernando De la Rúa para financiar proyectos viales. Su uso fue informado en cada proyecto de ley de presupuesto y validado por el Congreso, e informado periódicamente por los Jefes de Gabinete y aprobado en las Cuentas de Inversión. Los DNU 104 y 508 de 2004 (cuestionado por fiscales) fueron usados para financiar.
MENTIRA 8: Cristina Fernández de Kirchner dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001, pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez.
Este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo, contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa y no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.
MENTIRA 9: Aumento ilegal de partidas por ministerios.
Todos los testigos convocados al juicio descartaron cualquier interferencia desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz a un empresario en particular.
MENTIRA 10: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner redireccionaron recursos económicos para beneficiar a Lázaro Báez.
Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento que jamás recibieron instrucciones de Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner para direccionar partidas presupuestarias a proyectos viales en Santa Cruz.
Dos meses antes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya sabía que Cristina sería proscripta.
MENTIRA 11: El Congreso aprobó las cuentas de inversión sin realizar ninguna evaluación.
Previo a su aprobación, las cuentas fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
MENTIRA 12: Cristina Fernández de Kirchner, a fines de 2015, ordenó aumentar las partidas para Lázaro Báez.
Durante todo 2015, el Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales y a fines de noviembre no se realizó ningún pago.
MENTIRA 13: Cristina Fernández de Kirchner, a fines de noviembre de 2015, viajó a Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez.
En ese mismo momento 30/11/2015, Cristina participaba en un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo en todo el país.
MENTIRA 14: Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner eran actos ilegales.
Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían un ilícito alguno.
MENTIRA 15: Cristina Fernández de Kirchner dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales.
a.- La Presidenta de la Nación no tiene competencia para licitación, ejecución o pago de proyectos viales.
b.- Realizar convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y organismos provinciales es un acto absolutamente legítimo.
c.- Todos los testigos de la causa afirmaron que jamás recibieron de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner orden de beneficiar a Báez.
d.- El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo constituye un acto legítimo.
MENTIRA 16: Cristina Fernández de Kirchner omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades.
No existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar actos administrativos que lleva a cabo la Dirección Nacional de Vialidad ni mucho menos que lleve un organismo provincial.
MENTIRA 17: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner utilizaron abusivamente el aparato estatal para la obra pública.
Los testigos citados explicaron por qué se realizaron las concentraciones sin que aquello pueda suponer ningún tipo de irregularidad tal y como declaró Ángelo Calcaterra y los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez.
No existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar actos administrativos de la Dirección Nacional de Vialidad.
MENTIRA 18: Por orden de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se dictaron leyes provinciales para beneficiar a Lázaro Báez.
Todas las provincias Argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública y el Congreso de Santa Cruz votó libremente eso.
MENTIRA 19: Se pagaron sobreprecios millonarios en las licitaciones ganadas por Lázaro Báez.
Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían un ilícito alguno.
MENTIRA 20: Las obras se demoraron de manera injustificada, presentando deficiencias.
La prueba incorporada al juicio demostró que las demoras se encontraban justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados. Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri.
La violación de las garantías constitucionales del debido proceso, juez imparcial, juez natural, non bis in idem y principio de inocencia, entre otros, dan cuenta de la necesidad imperiosa del poder concentrado de la Argentina de armar una causa judicial para apartar de la escena política – y prohibir a millones de argentinos y argentinas -, que elijan nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y lideresa de mayorías que logró mostrar con gestión que otro país es posible.
* Publicado en la edición impresa de revista Contraeditorial Nº 58, julio de 2025.
Fuente: Contraeditorial – 10 agosto, 2025