El 1 de agosto de 2018, el diario La Nación publicó la noticia de la detención de un chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión durante el kirchnerismo; del propio Baratta y de múltiples funcionarios del anterior gobierno, junto con varios empresarios. La causa de la detención era una denuncia realizada por Diego Cabot ante el fiscal Stornelli, donde aportó fotocopias e imágenes digitalizadas de una serie de cuadernos escritos por Centeno, el chofer de Baratta, donde daba cuenta de una serie de entregas de dinero ilícitas entre funcionarios y empresarios que se habría llevado adelante entre los años 2008 y 2015.
El 2 de agosto, en su declaración indagatoria como arrepentido, Centeno declaró: “Yo tomé como costumbre anotar todo, al principio los lugares donde íbamos, más que nada, por si me pedían volver al algún sitio, saber donde quedaba. Siempre llevaba las libretas al costado del asiento o en el buche de la puerta y si me indicaban concurrir al mismo lugar del día anterior, consultaba en el cuaderno. Aclaro que solamente son ocho los cuadernos, no tengo más. Los cuadernos originales los tengo yo y se encuentran en mi domicilio. Esos cuadernos se los entregué a un amigo policía, Jorge Bacigalupo, para resguardarlos por mi ex mujer cuando yo presentí que ella leía los cuadernos y empezaba a andar mal la relación. Yo no se los mostraba pero los tenía en el ropero y temía que ella los hubiera leído. Se los di entonces a Bacigalupo antes de noviembre del año pasado y se los volví a pedir en abril o mayo de 2018. Se los pedí porque desconfié, porque cuando se los pedí para verlos me dijo que los había mandado a lo de un amigo en Córdoba, entonces le digo vamos a Córdoba, y le insisto diciéndole vamos ya. Ahí Jorge habla por teléfono y me dijo que mañana los tendría disponible. Cuando los paso a buscar al día siguiente veo que estaba la caja abierta, y Jorge me responde que cuando le entregas* algo a alguien tiene que saber que hay adentro, y ahí discutí con él. Ahí agarré, paré en el camino, me fijé que estaban los ocho cuadernos y de allí los lleve a mi domicilio, guardados en el armario de mi habitación, tapados con carpetas. Creo que aún siguen ahí, pero en el caso de que mi mujer los haya sacado, los mismos podrían estar eventualmente en la casa de mi suegra Juana Fernández o su cuñado Juan Carlos, no recuerdo el apellido, que viven en Bella Vista, no sé la dirección”.
El 3 de agosto el fiscal Stornelli llevó adelante allanamientos en los domicilios señalados por Oscar Centeno sin encontrar los ya para entonces famosos “cuadernos”, pero no tuvo mucho éxito porque no los encontró. Bastaba ver la cara de desazón de Stornelli que difundían las imágenes de TV esa tarde de viernes. Mientras tanto, en el juzgado de Claudio Bonadío, el defensor oficial de Centeno, Gustavo Kollmann, se presentaba y solicitaba una nueva declaración de su asistido. El juez de inmediato se la concedió.
En la declaración del 3 de agosto de 2018, Centeno declaró que luego de recuperar los cuadernos del poder de Bacigalupo “los puse en la parte superior de un ropero que está en mi dormitorio, entrando a la izquierda, en la esquina, debajo de las carpetas de los servicios que pagué. Una tarde de mayo de este año aproximadamente vino mi amigo Miguel Córdoba con su esposa Juana, de quién no recuerdo su apellido, a tomar unos mates. Yo ahí, aprovechando un momento que estaba sólo con Córdoba, le relaté los cuadernos que tenia, donde yo anotaba cosas muy comprometidas y lo que me había hecho Bacigalupo. Y le comenté que los iba a quemar a lo que él me señaló que sería conveniente. Así que me levanté, busqué la caja con los cuadernos, me fui al fondo dónde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar. […] Al momento de mi anterior declaración, yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bella Vista porque eso había querido hacer. La confusión en relación al destino de los cuadernos fue par la situación que estaba viviendo, estaba detenido hacía dos días y no había podido dormir”.
Rápido de reflejos, el fiscal declaró públicamente a última hora de ese mismo día que no hacía falta encontrar los cuadernos. El mismo 3 de agosto publicó Infobae: “El fiscal cree que no es necesario que aparezcan los cuadernos de las coimas para avanzar con la causa” [1].
Mientras tanto el periodismo señalaba que los cuadernos eran auténticos. Inolvidable la afirmación de Daniel Santoro la noche del miércoles 1 de agosto en Animales Sueltos [2], cuando afirmó que los cuadernos habían sido peritados caligráficamente por el Poder Judicial.
Los cuadernos nunca aparecieron. Y nunca estuvieron los originales en manos del Poder Judicial. Y la causa avanzó sin pericia alguna que pudiera datarlos.
El 6 de agosto de 2018, de manera intempestiva y sin haber sido siquiera llamado a declarar, Ángel Jorge Calcaterra (foto principal, junto a Franco Macri) —Ángelo, para la familia—, se presentó a declarar como imputado colaborador. En su brevísima declaración dijo entre otras cosas que “IECSA, de la cual fui accionista desde el año 2007 y hasta marzo de 2017, es una compañía constructora de mucha trayectoria especializada obras de ingeniería civil de grandes dimensiones“. Agregó: “En una ocasión, el licenciado Roberto Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después comenzó a presionarme para eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha. Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015, corresponde justamente a lo que estoy mencionando. Esos fueron años electorales. Dichas entregas de dinero efectivamente ocurrieron en los lugares que se mencionan en la imputación y quien las entregó fue Javier Sánchez Caballero, a mi pedido, ya que éramos los que manejábamos eso. No recuerdo con exactitud los montos, pero rondaban aproximadamente los 100.000 o 200.000 dólares, a veces en entregas parcializadas por no contar con esa cantidad en el momento. Puede haber ocurrido aunque no lo recuerdo con precisión, dado el tiempo transcurrido, que algunas de las entregas hayan sido en pesos“.
A la luz de las evidencias posteriores, ambas afirmaciones no serían ciertas. Veamos.
Respecto a la propiedad de la empresa IECSA, cuya historia oficial señala que fue vendida en 2017 a Mindlin, la información obtenida en el marco de la causa ““Vázquez, Manuel y otros s/ malversación de caudales públicos” da cuenta de una realidad bien distinta. En esa causa se investiga una ramificación del Lava Jato brasileño, respecto al pago de coimas por parte del consorcio Nuevo Sarmiento integrado por las empresas IECSA, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora y Ghella SPA., por la obra del soterramiento del Sarmiento. Sin perjuicio de las sucesivas modificaciones que sufrió el consorcio y de la venta de IECSA, el fiscal de la causa “Vázquez” determinó que “más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina Llc, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas, seguirían siendo las mismas“. Es decir, Ángelo Calcaterra.
Tampoco sería cierto el aporte electoral denunciado por un muy poco arrepentido Ángelo. El 10 de agosto de 2018 Carlos Guillermo Enrique Wagner compareció ante el fiscal Carlos Stornelli y declaró como arrepentido en la causa. En su declaración señaló que, luego de una reunión en el año 2004 con el entonces Ministro de Planificación —de quien dijo ser amigo—, De Vido le informó “que por orden del Presidente debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo: llamada una licitación, los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador de la licitación; uno de los lugares era en Venezuela 736, piso 3, de esta ciudad, donde funcionaba la Cámara de Empresas Viales y otros lugares más informales. Entre varias de las empresas que recuerdo en ese momento puedo nombrar PERALES AGUIAR S.A.; VIAL AGRO S.A., BIANCALANI S.A, LOSI S.A, FONTANA MICASTRO S.A.; MARCALBA S.A.; IECSA; CHEDIACK S.A, EQUIMAC S.A.; COARCO SA; CARTELLONE SA; VIALCO SA, algunas son estas. Me comprometo a aportar el nombre de más empresas a medida de que las vaya recordando. Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenia tratando de priorizar aquellas que menos volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos. El porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra”.
Es decir que las maniobras denunciadas en los cuadernos datarían del 2004 y habrían sido parte de las mismas IECSA, mientras perteneció a Franco Macri en el 2007 y luego de su “venta” a Ángelo Calcaterra.
Debo señalar que luego de declarar ese 6 de agosto, Calcaterra salió muy campante del juzgado de Bonadío. Un par de horas después, el periodista Jorge Rial publicaría en Twitter esta inquietante información [3].
“Anoche, antes de presentarse ante la Justicia, Calcaterra se reunió a solas con su primo @mauriciomacri.”
“Te dije que si te metías en política se iba a armar este lío”, le reprochó el empresario al Presidente. “Ya nos hicimos bastante los distraídos. Andá y poné la cara y hacé lo que te dijo Stornelli”. Palabras más o palabras menos fue el tenso diálogo entre ellos“.
“¿A qué se refería con lo de Stornelli? El viernes Calcaterra se reunió con el fiscal y este le sugirió que se presentara. “Andá, contá todo y salís libre” fue la garantía que le ofreció a cambio de ser la ofrenda del gobierno en este Lava Jato criollo“.
“El fin de semana se arreglaron las condiciones para la presentación “espontánea” de Calcaterra. Y ayer a la noche, luego de la charla con @mauriciomacri, se fijó la hora para su visita a Comodoro Py“.
A Stornelli lo denunciarían luego por reconocer en TV que no consignó en el acta de López todos los datos que este confesó como arrepentido y por formar parte del direccionamiento de los interrogatorios.
Ustedes se preguntarán por qué hago esta recapitulación de la causa “fotocopias” tan desde sus orígenes. La razón es la siguiente: hace unos días se produjo una filtración de las declaraciones de los arrepentidos en dicha causa. Hasta esa fecha, las mismas permanecían como legajos reservados y los abogados de las partes no podían siquiera fotocopiarlas por expresa instrucción de Bonadío. Mucho menos podían acceder a las mismas los jueces que investigan causas vinculadas a otras investigaciones sobre obra pública y que las requirieron. Obras como el soterramiento del Sarmiento. En esta última causa está imputado Calcaterra. Entre el juzgado de Bonadío y el de Martínez di Giorgi, ambos en el piso cuarto de Comodoro Py, no hay ni 40 metros. Las versiones de los imputados son diferentes según quien sea el juez.
En los últimos días Bonadío tomo algunas decisiones cuanto menos extrañas. La primera de ellas: denunció a varios de los principales editorialistas del país por formar parte de una estrategia para apartarlo de la causa “fotocopias”. Ello en virtud de haber señalado que el juez orienta las declaraciones de los arrepentidos para que hagan foco en el kirchnerismo y en nadie por fuera del él.
Otra decisión fue ordenar la detención de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner a quien el propio Bonadío sobreseyó de la causa de enriquecimiento ilícito en el 2011.
La última decisión fue fragmentar la causa “fotocopias”, derivando a otro juez la investigación sobre los miembros de la Cámpora que fueron mencionados por José López. La maniobra se explica porque entre los indagados está Julián Álvarez, ex Secretario de Justicia, que fuese denunciado por el propio Bonadío en el año 2014. El haber sido denunciante de un imputado es causal expresa de recusación y apartamiento de un juez, según el artículo 55 del Código Procesal Penal. Y eso fue exactamente lo que hizo Álvarez. Recusó a Bonadío. El juez rechazó la recusación y Álvarez apeló. Bonadío se deshizo de la causa antes de que resuelva la Cámara de Apelaciones. Cámara que no tenía modo de no apartar al juez, porque el caso de Álvarez es de manual.
Durante estos meses he pensado que muchas de las maniobras de ocultamiento de la información que lleva adelante Bonadío eran exponentes de la ya mítica arbitrariedad de ese juez. Y que la terca confirmación de las más ridículas decisiones de Bonadío por parte de la Cámara de Apelaciones era parte exclusivamente de la estructura persecutoria de Comodoro Py hacia el kircherismo.
Pensé eso hasta hace una semana, cuando se filtraron las declaraciones y algunas fueron publicadas. Solo algunas. Y la publicación se detuvo. Porque lo informado periodísticamente por los medios y lo que consta en esas declaraciones no coincide. Hay un divorcio insalvable entre las versiones periodísticas y la verdad judicial que está en esas declaraciones. Más aun, las declaraciones se contradicen entre sí. Y más grave aún, se contradicen palmariamente con lo declarado por los imputados en otras causas.
Y entonces empecé a sospechar que la terquedad de Bonadío es algo más que la búsqueda de la limpieza imposible de su dignidad como juez. Es parte de una estrategia de defensa, pero no del juez, sino de otros, infinitamente más poderosos que ese juez. Que son quienes formaron parte de las prácticas de corrupción que se denuncian en muchas causas de corrupción que hoy se están investigando. Y cuyos lazos con el actual gobierno de Mauricio Macri son fácilmente detectables.
Mi sospecha es que detrás de la arbitrariedad, de las decisiones absurdas e insostenibles jurídicamente, de las cientos de nulidades, del abuso de las prisiones preventivas, de los muchos presos arbitrarios y los cientos de asustados, se esconde algo más. Ese algo más implica la persecución política del kirchnerismo, no me cabe duda, pero también el entramado dispuesto para dotar al círculo rojo de impunidad. Impunidad que solo pueden garantizar ciertos jueces y ciertos fiscales.
Una nueva impunidad, blindada judicial y mediáticamente. Obscenamente exhibida. Groseramente construida. Impunidad de la que deberá dar cuenta el Poder Judicial ante la sociedad. De lo que hizo y de lo que omitió hacer. De lo que toleró y de lo que permitió. Porque como a todos, también al Poder Judicial le llegará el momento de rendir cuentas ante la sociedad. Y la sociedad estará ahí para reclamárselo.
Nota: Escribo esta columna el 27 de octubre de 2018, en un aniversario de la irreparable muerte de Néstor Kirchner. Un Presidente constitucional que durante su mandato supo conducir el justo reclamo de la sociedad al Poder Judicial que durante los años ’90 garantizó la impunidad de los mismos de siempre.
Fuente:www.elcohetealaluna.com