El Meinl Bank fue acusado de irregularidades y retirado del mercado a partir de una auditoría de 491 páginas con detalles sobre operaciones en distintos países, incluida su relación con una sociedad de Franco Macri
Las autoridades bancarias austríacas convocaron a PriceWaterhouseCoopers (PwC) el 1° de diciembre de 2014. Le ordenaron que auditara las actividades del Meinl Bank. El banco acumulaba demasiadas “turbulencias”. Cuatro meses después, los expertos forenses presentaron un informe de 491 páginas, centrado en veinte préstamos fiduciarios irregulares y que podrían configurar delitos. Todos tenían un rasgo en común: una pata extranjera, ya fuera Rusia, Ucrania, Colombia o la Argentina.
Titulado “Verificando el cumplimiento de la debida diligencia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el Meinl Bank”, el informe confidencial de PwC, presentado el 24 de marzo de 2015, causó revuelo en Austria. El apellido Macri y los nombres de sus empresas fueron mencionados más de 40 veces en la auditoría, que le dedicó un capítulo completo a sus relaciones con el banco austríaco.
En las semanas que siguieron a recibir ese informe -cuya copia obtuvo LA NACION en alianza con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la revista austríaca Profil-, la Autoridad del Mercado Financiero austríaca emitió 18 reportes de operaciones sospechosas de lavado (ROS) que llegaron a la unidad antilavado que depende de la Oficina Federal de Policía Criminal, donde se iniciaron múltiples investigaciones.
El Meinl Bank primero negó todo lo expuesto en la auditoría de PwC. Pero pronto comenzaron a sucederse las salidas de sus directores. Luego afirmó que comenzaba a implementar las recomendaciones del informe. Después cambió de nombre. Por último, ya en 2019, el Banco Central Europeo (BCE) le retiró su licencia para operar. Por desidia para controlar el blanqueo de capitales, entre otras acusaciones.
Qué surge de ese informe confidencial? Que el Meinl Bank incumplió con los estándares establecidos por la ley para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para beneficio de unos pocos y exclusivos clientes. Eso resultó evidente en las 20 operaciones comerciales analizadas que concentraron movimientos por US$500 millones hasta 2015. En todas ellas, los expertos de PwC encontraron irregularidades e incumplimientos.
Entre otros, deficiencias en la identificación de los beneficiarios finales, falencias en la constitución de los fideicomisos, la documentación respaldatoria inexistente y utilización de cuentas en paraísos fiscales. La mayoría de esas veinte operaciones mostró, también, indicios de una práctica financiera conocida como “back to back”, con su inherente falta de transparencia, además de facilitar el blanqueo de capitales, el fraude y la falsificación de balances, entre otros riesgos.
El informe concentra su foco en las operaciones desarrolladas por el Meinl Bank con clientes y otros bancos de Europa del Este. En particular, de Rusia, Ucrania, Lituania y Letonia. Pero una de esas operaciones tienen origen en la Argentina, con Franco Macri y Socma Americana como protagonistas.
El informe dedica todo un capítulo, el 4.20, a la operación que identificó como “Mervet Establishment Ltd. y Socma Americana SA”. Allí expone cómo Franco Macri recurrió a una sociedad constituida en Liechstentein, Mervet Establishment Ltd, y gestionó que el Meinl Bank le comprara los créditos de dos de sus principales acreedores en el concurso del Correo Argentino.
Con esa operación, gestada entre Liechstenstein, Austria, Estados Unidos y la Argentina, el Grupo Socma pasaría a controlar el 38% de las acreencias quirografías, porcentaje que resultaría decisiva para alcanzar después las mayorías requeridas por la ley.
Ante la consulta de LA NACION, el Grupo Socma negó cualquier irregularidad o ilícito en su relación con el Meinl Bank. “Socma no cedió jamás ninguna gestión de demandas ni reclamos ni nada al Meinl Bank”, remarcó. “Por favor, les pido revisen la información que tienen porque es incorrecta”.
La auditoría menciona 15 veces a Socma Americana. También cita en cinco ocasiones el apellido Macri (5) y otras tres veces al Correo Argentino -al que identifica con un error de tipeo como “Carreo”-, en tanto que alude a la sociedad Mervet Establishment en otras 22 ocasiones.
El único miembro de la familia Macri identificado por su nombre es Franco, que falleció en marzo de 2019. “La constatación del beneficiario activo de Mervet, tiene lugar mediante la ‘Declaration of Beneficiary Owner’ del 15.06.2011, de la cual el ciudadano argentino Francisco Macri, nacido el 15.04.1930, figura como beneficiario activo de Mervet. En el acta de clientes, se encuentra la copia de un pasaporte italiano y uno argentino del señor Francisco Macri. Ambos documentos eran válidos a la fecha del inicio de la relación comercial, el 20.09.2005”, detallaron los expertos forenses de PwC.
¿A qué conclusión arribaron esos auditores que revisaron las relaciones entre el Meinl Bank y Macri? Concluyeron que el banco debió enviarle un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Oficina de Denuncia de Blanqueo de Capitales de Austria. “Esto debería haber sido advertido a las autoridades por posible lavado de dinero. Se sospecha que se ha violado el artículo 41 de la ley bancaria”, indicaron.
Desmentida y debacle
Tras remitir su informe a las autoridades austríacas, el PwC afrontó una ofensiva del Meinl Bank, que lo acusó de arribar a conclusiones “subjetivas”, “descuidadas” y “tan erróneas” que alimentarían “la sospecha de parcialidad” o hasta configuraría un delito, al presentar “pruebas falsas”.
Para el Meinl Bank, no se trataba del primer contrapunto con los auditores. Antes había protagonizado cortocircuitos con la firma Deloitte, que también había detectado inconsistencias y alertado a las autoridades regulatorias.
Ajeno al informe, además, quedó otro capítulo turbulento del Meinl Bank. Esto es, su interacción con el gigante brasileño Odebrecht, que llegó a comprar la sucursal en Antigua y Barbuda de la entidad austríaca para acelerar el pago de sobornos a funcionarios públicos en América Latina, incluida la Argentina.
En el caso específico de Mervet Establishment y Socma Americana, los auditores de PwC llegaron a una conclusión: “Sobre la base de los hechos descritos, existe una sospecha de blanqueo de capital, de conformidad con el artículo 165 del Código Penal [austríaco], en relación con el caso comercial en cuestión. En nuestra opinión, por lo tanto, debe presentarse una notificación de transacciones sospechosas, acorde con la sección 5 del artículo 41 de la BWG”, en alusión a la legislación bancaria de ese país.
Durante los meses que siguieron a la presentación de la auditoría de PwC, el Meinl Bank quedó cada vez más a la defensiva. Varios de sus directores vieron la puerta de salida, mientras la entidad procuraba limpiar su imagen, táctica que incluyó cambiar su nombre a “Anglo Austrian Bank”. Hasta que el Banco Central Europeo (BCE) le retiró su licencia para operar el 14 de noviembre de 2019.
Las autoridades austríacas no informaron si alertaron sobre lo ocurrido a sus contrapartes en los restantes países involucrados, incluida la Argentina. Ya fuera a través del régimen de cooperación internacional entre los Ministerios Públicos Fiscales o a través de la llamada Red Egmont de comunicaciones seguras entre las unidades antilavado de todo el mundo.
Fuente: La Nación