La necesidad de inclusión ciudadana en el debate sobre el litio, uno de sus principales patrimonios actuales y de futuras generaciones.
La minería, como actividad de usufructo de recursos estratégicos para el desarrollo de nuevas políticas económicas, productivas, laborales, energéticas, sociales, ambientales, abre la posibilidad de desplegar la inteligencia colectiva, recogiendo saberes ciudadanos. Esto podría permitirnos ir más allá de una elaboración técnica, científica, económica, política de grupos de poder que ofrecen proyectos prearmados para un público. Para ello, es necesario construir espacios de intercambio informativo y de opinión, de elaboración afectiva-racional comunitaria, que despierten la confianza suficiente en un proyecto perdurable en el tiempo y sirva de aprendizaje social enriquecedor evitando continuos conflictos futuros.
A partir del desarrollo de la imprenta y de la posibilidad de difusión masiva, se comienza a considerar lo colectivo como si fuese un público a quien se les transmiten análisis racionales, a veces retóricos, para enamorarlos. Así se empieza a dejar de lado el intercambio cara a cara ya que requiere más tiempo y cercanía. No es lo mismo hablar sobre un tema con un amigo que charlar con el televisor. Los dispositivos tecnológicos comunicacionales, tan necesarios para la difusión masiva, no alcanzan para la difusión comunitaria.
Lo comunitario implica el involucramiento del sentipensar de los actores sociales y exige otra velocidad, no la de los dispositivos mencionados ni la del mercado. El no lugar de lo comunitario en la difusión (por reducción de lo ciudadano a la condición de público) y la alteración del tiempo de lo mediático en la agenda comunitaria, tiene como consecuencia el descreimiento de los ciudadanos en las buenas intenciones de los proyectos políticos económicos y el bajo involucramiento en los debates sobre ellos por considerarlos estériles o pre armados. Se trata de la implementación de un mecanismo socio-psico-biopolítico masificante. Si no se combinan las técnicas de difusión masivas con los espacios y tiempos sociales, no se podrá construir una comunidad organizada con formas de vida saludables e integradas. A su vez, el sector humano que transmite sus pensamientos racionales de manera masiva, impone su lógica sobre las de los demás.
En los últimos años de la política argentina, hemos visto florecer esta metodología: técnicas publicitarias apuntaladas con datos y estadísticas para direccionar las opiniones. Una perversión del sentido de la política. Así como la comunidad se trasforma en público, los políticos en showmen que recitan guiones precocinados en reuniones de poder privadas.
Extractos de algunas noticias sobre el litio
El 25 de marzo de 2021, se informó por este medio que las comunidades originarias del Alto el Mulato y del Salar de Hombre Muerto expresaron que no había consenso para proyectos mineros puesto que la concepción de la economía no es compatible con sus modos de vida, que defienden el agua como recurso fundamental. Por su parte, la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, advirtió que la extracción y el uso del bien común más preciado, el agua, es el mayor problema, y que, a más de 20 años de la explotación en el Salar de Hombre Muerto, nunca han sido informados, ni consultados en relación a los proyectos de extracción. Sienten que no se les informa lo suficiente y que comienzan los proyectos extractivos antes de ser autorizados. Proponen que se respeten y hagan respetar sus derechos.
El viernes 4 de Junio fue la tercera reunión en que participaron los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca en la Mesa Interprovincial del Litio, en la que advirtieron que las decisiones y beneficios centrales corresponden a las tres provincias. Los gobernadores, a través de sus voceros, dejaron en claro que el sector minero (inversionistas internacionales) teme que, si se nacionaliza el litio, ese modelo se pueda extender a otros rubros de la minería y se siga el modelo boliviano.
El 15 de junio, la Facultad de Ciencias Económicas y Tecnología de Tucumán, transmitió por distintos medios de comunicación una mesa debate denominada “La industrialización del litio como una oportunidad regional. Volver a Savio”, presidida por el rector de la UNT y decanos, acompañados por diputados, presidente de Fabricaciones Militares, ingenieros, el secretario general de ATE de la Argentina, etc. Se propuso declarar al litio recurso estratégico del norte argentino, ir de la exploración, extracción, comercialización de la materia prima hacia la creación de valor agregado. Se resaltó la experiencia histórica del ingeniero militar y docente Manuel Nicolás Savio, promotor del desarrollo industrial de la Nación, en el gobierno del general Perón.
El 18 de junio, el ministro del Interior, Wado de Pedro, en sus declaraciones a El Tribuno de Salta expresó: “con respecto al planteo del litio, hice una consulta en el Congreso y me dicen que no hay ningún proyecto de ley de las características que se mencionan en las notas periodísticas. Sí hay iniciativas para potenciar la producción del litio, pero hoy es falso que haya un proyecto para nacionalizarlo”.
Reflexiones
La vida ciudadana, los deseos individuales y colectivos, están ordenados por significaciones socioculturales y un marco legal normativo. En el artículo 22 de la Constitución Nacional, se estipula que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución”. En la reforma de 1994, se incluyeron mecanismos de democracia directa, como la Consulta e Iniciativa Popular. Además, el de ambiente sano. En el artículo 75, se agregó el inciso 17 que establece y cambia el paradigma de la Constitución de 1853 en relación a los Pueblo Originarios, su trato y la obligación de ser escuchados.
Como vemos, todo conflicto se inscribe por dentro y por fuera de un sistema de valores que lo sostienen.
A partir de que las autoridades políticas elegidas por el pueblo, no son los propietarios de litio, sino representantes de los intereses de la comunidad, cabe preguntarnos: ¿por qué su explotación no cuenta con las suficientes políticas de inclusión en el debate social sobre su patrimonio?
Tal cosa es casi inadmisible, sobre todo teniendo en cuenta el conflicto de tanta envergadura para nuestro futuro socioeconómico, capaz de alterar la matriz energética a nivel mundial, que incluye la problemática de evaporación de grandes volúmenes de agua en zonas extremadamente áridas pero habitadas, que puede generar miles de puestos de trabajo, establecer calidad de vida, crucial para el futuro.
Dentro del marco jurídico, legal, normativo, cabría incorporar políticas que contemplen los valores socioculturales derivados del pueblo, enmarcados desde el preámbulo de la Constitución: “Nos, los representantes del Pueblo de la Nación Argentina”, ya que son de nodal importancia para construir proyectos integrados a la identidad colectiva y saludables.
El artículo 41 reza: “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tiene el deber de preservarlos”. Este artículo observa que tan importante como el desarrollo productivo es el patrimonio físico. Dicho patrimonio, no sólo el ámbito geográfico, sino también el geopolítico y geoestratégico, tiene relación estrecha con el patrimonio de futuras generaciones. El Estado es una organización necesaria que debe garantirlo en beneficio de la sociedad actual y futura.
El triángulo del litio delineado por los salares de Hombre Muerto en Argentina, de Uyuni en Bolivia y de Atacama en Chile, constituyen el 80 por ciento del recurso litífero más rentable y de más fácil extracción en el mundo. El paradigma tecnológico mundial naciente, y el nuevo entramado industrial lo requieren.
¿Qué posibilidades de creación de espacios de inteligencia y reflexión colectiva se pueden articular e incentivar desde el Estado? ¿Se pueden resistir los embates del mercado internacional sin alianza provinciales e internacionales?
¿Se puede ir más allá de las políticas masificantes con libretos precocinados hacia políticas participativas de una comunidad debidamente informada?