El sueño libertario avanza en el Congreso
El proyecto acumula críticas entre especialistas que cuestionan los riesgos de bajar la edad de 16 a 14 años. Para la exministra de Seguridad Sabina Frederic, se trata de una movida de campaña y pidió diseñar políticas estructurales.
El sueño del Gobierno de Javier Milei y la derecha para modificar el régimen penal juvenil y reducir de 16 a 14 la edad de imputabilidad de los menores que avanza en el Congreso acumula críticas de especialistas, que advierten por el daño “brutal” que provocarán al encerrar a niños y niñas y señalan que se trata de una “política de campaña” que toma de rehenes a los más jóvenes.
Baja en la edad de imputabilidad
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza y la oposición amigable al Gobierno obtuvo dictamen de mayoría este martes 6 de mayo y busca reformar la legislación para bajar la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, aunque el bloque de Unión por la Patria rechazó la iniciativa presentó un dictamen en minoría para mantener los 16 como umbral del mínimo de punibilidad.
El proyecto acumula críticas y cuestionamientos de especialistas de todos los colores, que advierten por el riesgo y las graves consecuencias que podría tener la baja en la edad de imputabilidad para el desarrollo de los menores, y señalan que la propuesta en la que se aglutinó la derecha no presenta soluciones de fondo a las problemáticas sociales ni a la demanda por mayor seguridad.
La iniciativa que obtuvo dictamen prevé que si un joven es condenado a penas de 0 a 3 años no se le puede aplicar la pena de prisión efectiva, mientras que si es de 3 a 10, el juez debe evaluar la posibilidad de combinar la prisión efectiva con opciones de resocialización, contención y educación.
También se podrá aplicar la pena de prisión si el delito supera los 10 años de prisión, aunque el tope de condenas que se podrían impartir son los 15, ya que no se prevé la prisión perpetua.
Las críticas de los especialistas
La exministra de Seguridad Sabina Frederic lamentó el proyecto y aseguró que solo puede explicarse como medida electoral, ya que los datos indican que este tipo de políticas no producen efectos positivos en los menores, sino todo lo contrario.
“Creo que es una política de campaña”, afirmó Frederic, antropóloga, que en 2024 publicó el libro Lo que el progresismo no ve (cuando aborda la seguridad), donde analiza de lleno las dificultades del campo popular para discutir políticas de seguridad, con perspectiva de derechos humanos y equidad hacia los sectores vulnerables.
En declaraciones a la 750, la exministra durante el Gobierno de Alberto Fernández afirmó que el proyecto “muestra una pérdida absoluta de sensibilidad social por parte de la mayoría de los diputados”. “Tiene consecuencias”, alertó la especialista.
“El daño que le vamos a producir a los niños menores de 16 años por condenarlos bajo la idea de que el encierro es una forma de pedagogía es brutal”, agregó Frederic.
Además, dijo que las consecuencias no serán sçolo para niños, niñas y adolescentes. “Van a salir de esos lugares mucho peor de lo que entraron”, sostuvo.
Para Frederic, en lugar de pensar en un régimen penal juvenil —”porque el que tenemos no es bueno, porque es de la dictadura e insuficiente”— y “obligar a financiar para que haya sistemas de prevención que tienen que ver con la construcción de espacios de abrigo para los niños, decidimos encerrarlos”.
Pero además, para la antropóloga también tendrá un costo enorme para el Estado, en un contexto donde el Gobierno de Milei hace gala de que “no hay plata”. “En nombre de esto van a construir lugares que tampoco van a ser los adecuados. Estamos en una época horrible”, aseguró con frustración.
“Tomar de rehenes a los niños muestra el nivel de desapego y de irresponsabilidad de los adultos. Cargar la tinta sobre niños que no tienen la madurez para entender lo que está bien y lo que está mal”.
“Es un cazabobos”, aseguran desde la defensoría de los niños
Entrevistada por la 750 Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, explicó, sin vueltas, que la idea de bajar la edad de imputabilidad para terminar con la delincuencia es, sencillamente, un “cazabobos”, es decir, un engaño que solo busca atraer la atención de los distraídos.
“Estamos en un momento muy particular. Pareciera que cortar la cadena por los eslabones más débiles da resultados. Más allá de que es inconstitucional, de que va en contra de los derechos de los niños, y todo lo que ya sabemos, también me da la sensación —y lo hablábamos recién con la Red de Defensores de Argentina— de que los gobernadores, que son quienes hacen votar a sus diputados y senadores, se están pegando un tiro en el pie”, afirmó.
Luego, Graham aseguró: “Porque bajar la edad de punibilidad a los 14 implica un gasto enorme de acondicionamiento de instituciones, y ese costo lo van a tener que soportar ellos. Y ni siquiera lo están viendo. Yo creo que bajar la edad en Argentina es realmente una trampa, una cazabobos. Se ha convencido a parte de la sociedad de que bajar la edad de punibilidad va a reducir mágicamente el índice de criminalidad”.
Pero los datos muestran lo contrario: “Hemos mostrado evidencia hasta el hartazgo en la Cámara de Diputados, pero hay que decirlo con claridad a la población: Brasil, El Salvador, Ecuador —en los años 90— bajaron la edad a los 12 años. ¿Y qué pasó? Hoy esos tres países tienen una tasa de criminalidad de 21 puntos. Altísima. En cambio, Argentina tiene una tasa de 4 puntos”.
“Hay que explicarle esto a la sociedad, a la señora, al señor: bajar la edad a los 14 años no va a evitar que, si te toca que te arrebaten la cartera o te roben el auto, eso deje de suceder. Lo que hay que combatir en Argentina —y ahí hay que poner los recursos, la formación de las fuerzas— es el narcotráfico y el delito organizado. Que, muchas veces, tiene participación de las propias policías”, finalizó.
Fuente: Página /12 – 7 de mayo de 2025 –