La Ley 10.612 es el código de procedimiento en la provincia de La Rioja que afecta los derechos a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Tal observación surge a partir del caso de la “Niña Lila” una menor de cuatro años en una causa que su madre denuncia vulneración de derechos por parte del Poder Judicial de La Rioja.
La abogada Sara Barni, quien representa a la Asociación Civil “Red Viva”, junto a la Psicóloga y activista independiente, Cristina Lobaiza Estrada, acompañan a Delia López, tía abuela y protectora de su nieta “Niña Lila”. A través de una conferencia virtual, via Zoom, www.fralo.com.ar, dialogó el pasado lunes 18 de septiembre con las profesionales.
Consultada la doctora Barni acerca de algunos detalles en el caso de la “Niña “Lila”, sostuvo que, “además de todo lo violatorio en derechos humanos, a pactos internacionales, nos encontramos que hay una ley N° 10.612, en su Art 37, que habla de las facultades judiciales, donde el Juez puede disponer de oficio en cualquier proceso, diligencias tendientes a conocer la verdad de los hechos respetando el derecho a defensa de las partes y termina con una frase que dice que, las medidas para mejor proveer, serán irrecurribles”.
Según explicó la letrada, “el juez en cualquier parte del proceso, para llegar a la verdad, (puede) pedir medidas que no van a suplir a ninguna de las partes –porque, sino, seria inclinar la balanza para alguna parte y no es la idea- pero, no se pueden recurrir”. “Esta última frase es un oxímoron (complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto) dado que, de acuerdo al Art. 75 – Inc. 22 – donde se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica (entre otros), nada puede ser no recurrible. Además, atentando contra el Art. 16 de la CN, que habla de la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos y ciudadanas, sumando también al Art. 18 y otros que sigue violando de la CN”, puntualizó Sara Barni.
Y en este orden indicó que: “El derecho en segunda instancia de toda resolución que afecte a un derecho en garantía en un proceso penal, civil, de familia, o el que fuese, donde se involucran derechos personalísimos, siempre se tiene derecho a la segunda instancia. Inconstitucionalmente se les está dando un poder –ya tienen un poder de imperio- se redobla la apuesta dándoles un poder extraordinario a jueces y fiscales para violar el derecho del debido proceso y así se hace más difícil”.
Prosiguió Barni: “En este caso, entra en crisis a través de un conflicto que aparece ante un juez, y ese juez, a pedido de parte o de oficio, declara la inconstitucionalidad de la norma y puede utilizar la norma anterior, o la norma que esté dentro de la Constitución y no entre en conflicto. A partir de esta ley, ese artículo y cualquier artículo que viole un derecho constitucional y personalísimo, debo esperar a ser afectado, no va a ser ni retroactivo ni podemos pedir que se derogue”.
Más adelante, advierte que “cuando se aplique este artículo vamos a tener que hacer una apelación a una segunda instancia y plantear el recurso de anticonstitucionalidad. Y se preguntó: ¿Ahora, quien podrá hacerlo? , lamentando que solo podrán hacerlos “quienes tengan plata para pagar un abogado privado, porque hoy no vemos a defensores oficiales yendo contra este avasallamiento y dado que hoy esta ley salió y paso por diputados y senadores y no hubo oposición”. “Esa es la peligrosidad que vemos en este artículo en particular de esta ley”, concluyó.
En tanto, Cristina Lobaiza Estrada, sobre este tema dijo que “observando estas dinámicas, procesos, veo que funciona como un secreto a la vista de todos, y me resulta sumamente preocupante e inquietante, que por un lado el Poder Judicial, la función judicial de La Rioja tiene código de autor. Es decir, deroga la ley, de facto. Esto se ve en los expedientes a los que vamos teniendo acceso. No es opinión, es dato”.
Según explicó Lobaiza Estrada, “lo que funciona como secreto es que, esta ley entró por el Ejecutivo, paso los controles del Ejecutivo y todos los controles de la legislatura y paso también, los controles de Consejos de abogados y abogadas de La Rioja y de los letrados y letradas individuales. Sobre esto me parece que hay que dar la voz” y agregó: “Si no tenemos conciencia de la profundidad y la gravedad de lo que está sucediendo en La Rioja, como ilustrador. La Rioja no es cualquier territorio, ha dado próceres interesantes y debe haber allí alguna cuestión, pero, esto pasa en todo el territorio nacional”.