Actualmente se encuentra en la provincia, bajo la guarda de la abuela paterna y su madre no puede comunicarse con ella.
La mamá de Lila, admitió que en los últimos tiempos su situación fue “muy difícil” y en esta idea de continuar “con la lucha por su hija”, debe cuidarse, porque, además, “acompaña a madres de todo el país. Entre ellas, madres de Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja.
Entre otros conceptos, la mamá de la niña “Lila”, sostuvo que “se ha estigmatizado la salud mental”, y tras describir el proceso judicial que la involucra en la causa, dijo que la misma comenzó en 2019.
Desde entonces, lamentó que “las cosas que tuvo que padecer hayan sido terribles y espantosas”. A más de un año de silencio, en conformidad con lo indicado por la justicia, esta vez se anima a hablar, porque –según explicó- “en pocos días más, se cumple un año del secuestro institucional de mi hija”, sostuvo.
Lo llama secuestro institucional en cuanto entiende que fue “un arrancamiento infundado de la niña, del entorno donde estaba protegida, tenía a su familia y amistades”.
Luego de desarrollar detalles de la situación personal y de la niña, que a la fecha cuenta con cinco años de edad, contó además que su tía (quien hacia guarda compartida), observó “moretones” en partes del cuerpo de la niña, por lo que se hacen denuncias. Tras esta denuncia, “le quitan la guarda a mi tía, le hacen una falsa pericia –porque, según indicó- la ley de Salud Mental requiere de consentimiento para ello. El psicólogo (Lic. Blanco) diagnostica entonces, que su tía tiene “trastorno relacionado con la paranoia”, al cual lo descalifica y añade una serie de vinculaciones en el entorno de abogados que llevan adelante el caso.
Sobre la situación actual de su hija, dijo que la “desconoce”. Tras pasar ya un año, “no he conseguido ni una foto de mi hija”, lamentó. Tampoco pudo conseguir una reunión en el Jardín de Infantes, porque “las han negado”. Si se enteró que a su hija “la han cambiado de colegio en contra de mi voluntad. Yo he pedido expresamente (dada la situación actual del país y mi situación económica) que la pusieran en una escuela pública y me lo han negado. Y está inscripta en una institución privada”.
“Sigo esperando supuestas pericias desde hace meses para ver si me revinculan con la niña. Me prohíben acercarme a ella, ahora tengo una tobillera electrónica que impide eso”. Vengo hace un año cumpliendo a rajatable lo que la justicia me pide, y no he tenido ningún resultado”.
Finalmente, pidió “saber” de su hija, “cómo está realmente” y que su hija sepa “que esta separación no ha sido voluntaria y que estoy –dijo- haciendo todo lo posible para volver con ella”. Y a los jueces que “sean justos” y velen por lo que realmente importa aquí, que es el interés superior de la niña, su bienestar. Que se adecuen al proceso”.