Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, los rostros más notables de la Argentina injusta.
Cuatro abogados van contra Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Los acusan de prevaricación y tráfico de influencias. Los argumentos de la presentación judicial.
Por Martín Soler
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, los rostros más notables de la Argentina injusta.
En un hecho sin antecedentes en la historia judicial reciente de la Argentina, y como reacción a la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En la presentación, a la que Letra P accedió en exclusivo, se acusa al triunvirato de prevaricato y tráfico de influencias, en virtud de una serie de decisiones judiciales que –según los denunciantes– exhiben un patrón sistemático de alineamiento con los intereses del Poder Ejecutivo Nacional y grandes grupos económicos, en desmedro de la imparcialidad y la división de poderes.
Los denunciantes son Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta, abogados matriculados ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. En su escrito, los letrados invocan su calidad de ciudadanos argentinos y solicitan ser tenidos como amicus curiae, aportando pruebas que, aseguran, evidencian una conducta del máximo tribunal que “socava las bases del sistema democrático”.
“Defección estratégica”, el concepto que vertebra la acusación
El eje argumental de la denuncia se apoya en un concepto académico desarrollado por la politóloga Gretchen Helmke y el constitucionalista Leandro Wolfson: la lógica de defección estratégica. Se trata de una conducta por la cual funcionarios judiciales se distancian de un poder político en declive para alinearse con otro emergente o, alternativamente, modifican sus decisiones para garantizar su supervivencia institucional ante amenazas externas.
Según los denunciantes, este comportamiento se vuelve evidente cuando se observan decisiones adoptadas con “asombrosa premura” o bien con “lesiva tardanza”, dependiendo del grado de conveniencia política. En ese marco, la denuncia pone bajo la lupa tres decisiones de enorme relevancia institucional:
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 de integración del Consejo de la Magistratura.
La convalidación del Decreto 137/2025 del presidente Javier Milei, por el cual se pretendió designar por decreto simple a dos nuevos jueces de la Corte.
La confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, apenas días después del lanzamiento de su candidatura bonaerense.
Cinco años de espera y una ejecución exprés
Uno de los hechos más controvertidos señalados en la denuncia refiere al fallo del 17 de diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080, norma que regía la composición del Consejo de la Magistratura desde hacía 15 años. Pese a que la acción judicial había sido iniciada en 2016, el máximo tribunal se tomó más de 2.000 días para emitir una resolución que, paradójicamente, ejecutó de inmediato.
Los denunciantes cuestionan duramente esa “sospechosa premura” en la aplicación del fallo, señalando que la Corte “asumió funciones legislativas” al ordenar la restitución de una norma anterior a la reforma constitucional de 1994. También ponen en evidencia que dos de los magistrados involucrados (Maqueda y Lorenzetti) habían convalidado el funcionamiento del Consejo de 13 miembros en una sentencia de 2014. “¿Por qué esta repentina urgencia en ejecutar un fallo que durmió años?”, se preguntan los abogados.
El caso García-Mansilla: juramento sin Senado
Otra decisión criticada por los denunciantes es la convalidación del Decreto 137/2025, mediante el cual el presidente Milei designó en comisión y por decreto simple a los juristas Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. Aunque el Senado finalmente rechazó la nominación, la Corte aceptó tomarle juramento a García-Mansilla el 25 de febrero de este año, aduciendo que “se habían cumplido todas las formalidades correspondientes”.
La denuncia califica ese acto como “inconstitucional” y recoge las declaraciones del ex juez Juan Carlos Maqueda, quien calificó el decreto como “horrible” y lo ubicó “al borde de la inconstitucionalidad”. Según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, la designación de jueces de la Corte requiere acuerdo del Senado, una exigencia que no se habría cumplido. Para los abogados platenses, esto expone una preocupante laxitud institucional en el respeto por la división de poderes.
Causa Vialidad: una sentencia con tiempos electorales
El capítulo más explosivo de la denuncia es el que refiere a la causa Vialidad, en la que se confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner. El fallo fue dictado pocos días después de que la exmandataria anunciara su candidatura para las elecciones bonaerenses de 2025, lo que para los denunciantes representa una maniobra “claramente direccionada a condicionar el proceso electoral”.
La denuncia destaca que la Corte se tomó apenas semanas para resolver un caso complejo y de alto impacto institucional, cuando su promedio para resolver causas nuevas es, en general, superior a los cuatro años. Para los letrados, esta celeridad no responde a un cambio estructural en la agilidad del tribunal, sino a una decisión política. Como muestra de la gravedad del asunto, citan una entrevista radial del juez Ricardo Lorenzetti, quien el 30 de mayo de 2025 anticipó públicamente que el fallo se emitiría antes de los comicios.
Extracto de la denuncia penal a los jueces de la CSJN a la que Letra P accedió en exclusivo.
Casos ignorados: Malvinas, jubilados, empresas y el DNU 70/23
Para ilustrar el “criterio de oportunidad” que, según ellos, rige las decisiones de la Corte Suprema, los abogados detallan una serie de casos de alto impacto social que permanecen sin resolución. Entre ellos se destacan:
Crímenes de lesa humanidad en Malvinas: Once recursos extraordinarios llevan años sin tratarse. Se trata de denuncias por torturas a conscriptos durante la guerra, consideradas como posibles crímenes de lesa humanidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
DNU 70/23: Aunque tribunales inferiores lo han declarado parcialmente inconstitucional, la Corte se ha limitado a rechazar planteos generales por supuestas deficiencias técnicas. Esto es leído como un respaldo indirecto al Ejecutivo.
Causas laborales y previsionales: La Corte falló a favor de grandes empresas (como Techint) y revocó fallos favorables a trabajadores y jubilados, muchas veces con notable rapidez. Cientos de causas laborales y previsionales siguen sin resolución, bloqueando indemnizaciones y actualizaciones de haberes.
Para los denunciantes, esta “doble vara” revela que la Corte “no solo incumple su función de garantizar justicia”, sino que actúa como un actor político más, definiendo qué causas avanza y cuáles quedan congeladas.
Implicancias penales e institucionales
Los abogados solicitaron que los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti sean investigados por la presunta comisión de los delitos de prevaricato (artículo 269 del Código Penal) y tráfico de influencias (artículo 256 bis). Acusan a los magistrados de emitir resoluciones contrarias a derecho, con motivaciones políticas o intereses personales.
Desde el punto de vista institucional, la denuncia advierte que estas conductas están “erosionando la legitimidad del Poder Judicial” y promoviendo una jurisprudencia que favorece al poder político y económico en detrimento de la ciudadanía. En palabras del escrito: “No se trata de errores judiciales, sino de una estrategia de manipulación del sistema legal al servicio de intereses no republicanos”.
Un hecho inédito y un clima institucional tenso
La presentación de esta denuncia penal contra tres jueces de la Corte Suprema configura un hecho inédito en la historia contemporánea del país. Si bien el fuero federal aún debe evaluar su viabilidad jurídica, el solo hecho de que un grupo de abogados decidiera impulsar esta acción refleja el clima de tensión institucional que atraviesa la Argentina en este momento.
El caso quedará en manos de la Justicia Federal, y su evolución será seguida de cerca por el mundo político, judicial y académico. La Corte, por su parte, no ha emitido comentarios hasta el momento. Pero puertas adentro del Palacio de Tribunales, todos lo saben: la denuncia ya es parte de la historia.
Fuente: Letra P – 20jun2025