La empresa postal había sido privatizada en los años de Menem. Poco después entró en convocatoria y fue estatizada por Néstor Kirchner. Idas y vueltas de un caso que siempre estuvo afectado por los vaivenes políticos
La siguiente es una cronología de la causa por la concesión del Correo Argentino, que lleva 20 años de trámite y en la que hoy la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la firma.
– Marzo de 1997: El presidente Carlos Menem otorgó por decreto la concesión de la empresa Correo Argentino S.A. a la Sociedad Macri (SOCMA), por lo que Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal.
– Septiembre de 2001: La empresa Correo Argentino S.A. ingresa en concurso de acreedores, al no poder afrontar sus obligaciones financieras.
– Noviembre de 2003: El presidente Néstor Kirchner le rescindió al Grupo Macri el contrato de concesión y denunció que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda del Correo con el Estado ascendía a 296 millones de pesos, que al momento equivalían a 296 millones de dólares. La empresa, a su vez, planteó que reclamó el pago de deuda por parte del Estado en servicios prestados.
– Junio de 2016: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia del Correo Argentino con los acreedores para lograr un acuerdo y saldar la deuda. Los representantes del Estado aceptaron la propuesta de la empresa, que ofreció pagar el 100% del capital verificado (296 millones de pesos) en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017. El acuerdo debía ser homologado por la Justicia comercial.
– Diciembre de 2016: La fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó la oferta de la empresa por considerar que era “abusiva”, implicaba un perjuicio fiscal y su aceptación dañaba “gravemente” el patrimonio del Estado. En su dictamen, Boquín señaló que la empresa de la familia Macri “se benefició con un estado de eterno concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”.
– Febrero de 2017: El diputado Martín Sabbatella (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Igolnikov denunciaron penalmente al gobierno de Macri por el acuerdo. El expediente recayó en manos del juez Ariel Lijo. El entonces fiscal Juan Pedro Zoni impulsó la investigación por supuesto perjuicio ocasionado al Estado e imputó al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
– Diciembre de 2018: Lijo citó a indagatoria a Aguad, ex ministro de Comunicaciones y por entonces ministro de Defensa; a Juan Manuel Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; a Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo, y Jaime Leonardo Kleidermacher, abogado de esa empresa; acusados de intervenir y ser partícipes de la maniobra en la negociación presuntamente abusiva y “perjudicial” para el Estado.
– Marzo de 2019: Los cuatro indagados declararon que el acuerdo no fue perjudicial para el Estado y reclamaron que la causa se cerrara por “falta de acción”.
– Agosto de 2019: Los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron los planteos para cerrar la investigación de los directivos de la empresa Correo Argentino y dieron luz verde a Lijo para avanzar y resolver la situación procesal de los indagados. El juez dispuso un estudio contable a la DAJUDECO para establecer el monto real de la deuda.
– Marzo de 2020: La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino S.A. y el “desplazamiento total” de su directivos, en cumplimiento de una serie de medias solicitadas por Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago. Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.
– Agosto de 2020. La jueza decide abrir el proceso de salvataje para que se presente todo interesado en adquirir Correo. El proceso se frena luego de que Correo recusara a la jueza y a la fiscal por presunta parcialidad. Socma denuncia además penalmente a ambas magistradas, al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, por intervenir en el caso.
– Febrero de 2021. El juez Lijo recibe el informe pedido sobre la deuda. El estudio confirma que el acuerdo aceptado por el macrismo sobre el Correo Argentino fue perjudicial para el Estado.
– Marzo de 2021. Correo presenta una oferta de salvataje: ofrece pagar al Estado 1.110 millones de pesos en un solo pago o la suma que determine la Justicia. Zannini, en nombre del Estado, rechaza la oferta y pide igual la quiebra. Al mismo tiempo, la firma apela ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad la recusación contra las funcionarias del caso, episodio que abre la polémica sobre la competencia de ese fuero para analizar la cuestión.
– 4 de julio de 2021. Macri, ante la inminencia de una decisión judicial y el rechazo de la oferta de pago de deuda, plantea: “¿Por qué Zannini hace esto? Porque si aceptara que la deuda fuera pagada no podría pedir la quiebra. ¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”.
– 5 de julio 2021. La jueza decreta la quiebra. Si el Correo no puede hacer frente al monto, la quiebra podría extenderse a Socma y Sideco, empresas de la familia Macri.
Fuente: Infobae