El cacique Romualdo Benítez, de la comunidad indígena Miri Marangatú, territorio relevado por ley 26.160, ubicado en la zona de las 2000 hectáreas de Puerto Iguazú, Misiones, recibió una denuncia del Ministerio de Ecología por “extracción y comercialización de maderas nativas” junto a una notificación que exige el pago de “34 millones de pesos”.
En diálogo con La Voz de Misiones, Romualdo confirmó que la notificación la recibió por parte de efectivos de la Comisaría Tercera el viernes 5 de julio. Frente a esta situación sostuvo: “Estoy tranquilo porque la denuncia es una farsa, busca que abandonemos la aldea. Hace varios años estamos esperando tener un aula satélite, por lo que creemos que el municipio tampoco nos va a ayudar en esto, pero estamos resistiendo”.
Miri Marangatú está conformada por alrededor de 35 familias donde hay más de 60 niños en edad escolar y están sin acceso a la educación, ya que la escuela más cercana se encuentra a dos kilómetros de distancia, lo que implica que por día deberían recorrer un total de cuatro kilómetros, entre ida y vuelta.
Además del pedido de un aula satélite, solicitaron una sala de atención médica sin recibir ninguna respuesta, ya que además son varias las necesidades básicas insatisfechas, como por ejemplo, el acceso al agua potable y a la luz eléctrica. Ahora, enfrentan una demanda que amenaza su hogar y su forma de vida.
A través de un comunicado, los comuneros recordaron que la comunidad convive “en armonía con la naturaleza, dedicándose a la artesanía y utilizando materiales sostenibles como barro y tacuara”, de esta forma y al igual que las demás comunidades originarias “protege el bosque y utiliza principalmente árboles caídos”.
Además, indicaron: “Esto es un abuso descarado. Romualdo, cuya lengua materna es el guaraní, fue forzado a firmar esta notificación sin una explicación clara ni ayuda para entender las complejas expresiones en español. Esta acción atenta contra sus derechos básicos y busca expulsarlos de sus tierras ancestrales”.
Ya en el año 2020 recibieron una denuncia “por apeo ilegal” por parte del mismo organismo, la cual llevó a una inspección en el área perteneciente a ese pueblo. En ese entonces el cacique reconoció “hay mucho interés por el territorio de Mirí Marangatú”.
Esta comunidad sufre constante acoso. En estos ocho años que se encuentra emplazada en esa zona, la comunidad protege el monte nativo porque de esa naturaleza se sirven para su alimentación y medicina. En 2019 se quemó el monte, y a pesar de que ellos tienen personería jurídica, el estado aún no les ha demarcado el territorio que ellos deben ocupar, es decir, les falta el título de propiedad comunitaria que se debería haber concretado en el relevamiento territorial a comunidades indígenas de la Ley 26.160. En 2020 el Cacique Romualdo Benítez y el periodista y escritor Claudio Salvador, denunciaron un nuevo atropello, ya que en ese momento ingresaron personas vestidas de militares y violentaron a jóvenes e incluso ancianos.
En esa ocasión el periodista Salvador explico que la intencionalidad de estas personas violentas es que ellos dejen esos territorios para después vender a privados o extraer madera y todos los recursos que allí se encuentran.
Fuente: MINKA Comunicación –