Ayer se conoció la condena a los imputados por el asesinato del diputados riojano Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón ocurrido en la plaza frente al Congreso en mayo de 2019. Los acusados, Juan José Navarro Cádiz, quién confesó haber efectuado los disparos que ultimaron a Yadón y a Olivares, fue condenado a cadena perpetua, mientras que su primo Juan Jesús Fernández recibió la pena de 45 años de prisión. Ambos hombres, pertenecientes a la comunidad gitana, fueron encontrados culpables del delito de “homicidio agravado por alevosía reiterado en 2 ocasiones”.
En la última jornada del debate oral, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9, conformado por los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas, condenó a Juan José Navarro Cádiz, de 27 años y confeso autor material de los disparos, a la pena de 45 años de prisión ya su primo, Juan Jesús Fernández, de 44 años, a prisión perpetua como partícipe necesario.
“Quiero decirles que nunca quise lastimar a nadie, ni mucho menos matar a nadie. Les pido por favor a las familias que por favor me perdonen”, señaló, en su último alegato, Navarro Cádiz ante el tribunal.
La audiencia, tal como sucedió en la jornada inicial el 4 de agosto y durante los alegatos, fue transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. Por los recaudos por la pandemia del coronavirus, el proceso se realizó de forma mixta, con algunas de las partes de manera presencial desde el Palacio de Tribunales y otras conectadas vía Zoom.
Los dos principales imputados eran Navarro Cádiz, de 27 años, y su primo Juan Jesús Fernández, de 44, ambos integrantes de la comunidad gitana. Ambos fueron juzgados por los delitos de doble homicidio agravado por alevosía y por el empleo de una arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra.
Si bien ese delito en el Código Penal se castiga con prisión perpetua, el fiscal había pedido esa pena sólo para Fernández, mientras que para Navarro Cádiz solicitó 45 años de reclusión: se dio así porque Navarro Cádiz fue detenido en Uruguay y extraditado bajo determinadas condiciones del tratado entre ambos países, entre ellas, la imposibilidad de ser condenado a perpetua.
El fiscal descartó para este caso el agravante del “homicidio por placer” por el que la causa también había llegado elevada a juicio y que sí fue valorado por las querellas de las familias de Olivares y Yadón, representadas por las abogadas María Fernanda Prack y Mónica Mac Gaul, al pedir para ambos presuntos autores la pena de prisión perpetua.
“No habiéndose probado el motivo determinante de la actuación que llevaron a cabo Fernández y Navarro Cádiz, no puede asumirse que lo hicieron por placer”, fundamentó el fiscal al cuestionar esa figura penal en su alegato.
El ataque a Olivares y Yadón ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso. A las 6:50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento que estaba estacionado detrás de un micro sobre Avenida de Mayo, entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les dispararon varias veces.
Yadón cayó muerto con tres balazos–uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis–, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad. Falleció tres días después.
“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, sostuvo la fiscal Estela Andrades en su requerimiento de elevación a juicio.