Cristina Kirchner presentó un escrito y no respondió preguntas. Pero consideró “absurdo” que se utilizara la figura de la “asociación ilícita” para hablar de un presidente y sus ministros. Dijo que no era amiga de Lázaro Báez y que la obra pública la decide el Congreso.
“Ningún presidente puede decidir ninguna obra pública, eso es decisión del parlamento nacional. De ser considerado el Poder Ejecutivo una asociación ilícita debería extenderse al Poder Legislativo también”, dijo con ironía Cristina Fernández de Kirchner al declarar en el juzgado de Julián Ercolini, quien le imputó ese delito. Ercolini la describió como integrante de una supuesta banda junto con otros ex funcionarios, entre ellos el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, junto con el empresario Lázaro Báez, cuyo objetivo habría sido quedarse con dinero de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz. La ex presidenta planteó que le parecía “absurdo” y que esa es la figura legal que se usa para “perseguir a dirigentes políticos cuando la conducta que llevan de acuerdo a la Constitución y las leyes no encuadra en ninguna conducta penal”.
Pidió la nulidad de la citación y de la imputación, por lo que se negó a contestar preguntas. Aclaró que no es “amiga” de Báez y solicitó una auditoría de toda la obra pública desde 2003. Explicó que con el criterio de las acusaciones contra ella, habría que investigar al actual gobierno. Así, logró que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques hicieran una denuncia sobre los cambios en las condiciones de la licitación del soterramiento del tren Sarmiento a favor de un grupo de empresas integrada por IECSA, Angelo Calcaterra, primo de Maurico Macri (ver página 5).
El edificio de Comodoro Py 2002 parecía un fortín, con vallado reforzado e hileras de policías federales y prefectos alrededor. La imagen era desproporcionada. La gran manifestación que acompañó a la ex presidenta se situó sobre el ingreso a la parte trasera de tribunales, rodeando la sede del Correo Argentino. Adentro de la mole donde están los juzgados federales había tranquilidad. Sólo algo de revuelo en el pasillo del cuarto piso donde se agolpaban los periodistas que vieron llegar CFK, junto con su abogado Carlos Beraldi y acompañada también por el ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, quien luego se quedó afuera y dijo que parte del Poder Judicial se ha “partidizado”.
Aunque no contestó preguntas porque considera que su citación a indagatoria es nula –planteo que revisarán los fiscales y Ercolini–, CFK pidió hacer una breve exposición. Después de confirmar, como preveía, que el juez le imputaba “asociación ilícita”, delito con una pena severa ya que prevé hasta diez años de prisión, la ex mandataria dijo que le parecía “absurdo pretender que el presidente y sus ministros” pueden conformar una “asociación ilícita”. Uno de los primeros fundamentos de la imputación es que Néstor Kirchner armó todo su equipo de gobierno con personas que habían sido funcionarios suyos cuando gobernó Santa Cruz y que los llevó a cargos estratégicos nivel nacional, como a De Vido y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre otros. CFK sostuvo que el planteo “no sólo resulta absolutamente sesgado sino que raya en lo ridículo”. Señaló como una obviedad que cualquier presidente/a conforma su gabinete con personas de su confianza y que lo habían hecho todos los gobiernos siempre. “Peor el caso del gobierno actual –agregó– donde habían sido empleados o ejecutivos de sus empresas o CEOs de otras empresas que tienen intereses encontrados con el Estado nacional”, y puso como ejemplo al ministro de Energía, Juan José Aranguren, accionista de Shell.
Entregó como prueba las leyes de presupuesto nacional que fijan las obras que se realizan, dónde y con qué presupuesto y le recordó que desde 1994 la ejecución y administración del presupuesto la realizan los jefes de gabinete, ninguno de los cuales fue citado a indagatoria. Dijo que las cuentas de inversión habían sido aprobadas por la Auditoría General de la Nación y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Poder Legislativo, refrendadas también por el Congreso. Tampoco, indicó, pueden los decretos de necesidad y urgencia probar direccionamiento de fondos, los que reasignan partidas y que se usan para ejecutar la totalidad del presupuesto, además de que son revisados por el parlamento. Al salir de tribunales, al hablar con los medios y la gente alrededor, ofreció una explicación casi en los mismos términos. “Si las obras no están en el presupuesto y el parlamento no asigna recursos, no se pueden hacer”, resumió. Según la imputación de los fiscales y el juez, estaba todo armado para que Vialidad en Santa Cruz diera las obras a Austral Contrucciones y otras empresas de Báez, y que otorgaron 52 de 88.
La declaración no se hizo en el despacho de Ercolini sino en el de una secretaria que le tomó la declaración, mientras él permaneció en el juzgado. Cuando entraron los fiscales, no levantó la vista para saludarlos. Pollicita se le acercó y, con un dejo de provocación, le tendió la mano. Ella le devolvió el saludo. Después no aceptó café, sólo tomó del agua que ella misma llevaba y cuestionó que el baño estuviera lejos. Fue todo en un tono moderado, aunque enfático de parte de ella, que no se privó de decir: “Todo esto junto con otros hechos que tramitan aquí en Comodoro Py como por ejemplo la causa del dólar futuro y otras tantas que seguro vendrán, como anuncian los medios, constituyen la más formidable maniobra de persecución política, mediática y judicial de la que se tenga memoria desde el avenimiento de la democracia”. Afuera, más tarde, repitió esa misma idea. Enfatizó que la causa lleva ocho años en ese juzgado, o sea “dos períodos constitucionales completos”, dijo. Cuando hablaba con los medios dijo que “la persecución política que no es original, la vemos en Brasil también con Lula y que tiene como destinatarios a quienes representamos por lo menos simbólicamente los procesos de inclusión social y transformación económica que han tenido lugar (…) acá es una maniobra también del actual gobierno que trata de tapar el desastre económico y social”. Dijo que este si su gobierno fue una asociación ilícita el actual sería un “asociación ilícita terrorista” por el terror que infunde a la población con sus medidas como los tarifazos.
CFK pidió que con el mismo criterio que se la investiga a ella se investigue “el decreto firmado en la actual administración por la actual vicepresidenta de la Nación (…) donde se destinan fondos específicamente a la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento por la suma de 45.000.000.000 de pesos, obra que fuera licitada durante la administración anterior y cuyas condiciones en el pliego de licitación era obtener financiamiento privado; la adjudicataria era una UTE y una de las empresas que la compone, Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo hermano del actual preidente, empresa que anteriormente también pertenecía a la familia del presidente Macri”. “Se violó el pliego –advirtió la ex mandataria– porque decía que debía tener financiación privada y en realidad recibió financiamiento del Estado en virtud de este decreto”. Mahiques y Pollicita hicieron la denuncia.
A Mahiques CFK lo señaló en particular, porque fue incorporado como para armar equipo con Pollicita para investigarlo siendo el hermano del actual representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de sancionar y designar a los jueces.
Seguramente pasarán más tiempo que el plazo de diez días habitual para que el juez resuelva la situación procesal, porque sigue la fila de indagatorias y porque el juez debe resolver el planteo de nulidad. Cuando Cristina estaba por irse, se desató una golpiza de las fuerzas de seguridad. Ella se bajó del auto, y les gritó: “No le peguen a la gente, péguenme a mí cobardes” (ver El aguante en Tribunales).
Fuente: Página 12