El nuevo ordenamiento territorial aprobado en Salta este jueves permite el desmonte de más de 700.000 hectáreas de bosques, contradiciendo la Ley de Bosques, lo que marca un retroceso en la protección ambiental de la región.
En tanto, el pueblo Lule repudió a los senadores que aprobaron dicha medida e indicaron “repudiamos la aprobación de esta ley por ser violatoria de los derechos constitucionales, y condenamos con la vergüenza histórica a los legisladores que dieron su voto positivo a esta condena de muerte a la biodiversidad de lo que hasta hoy es Salta”.
Además, denunciaron que “las lluvias torrenciales se llevan los caminos” y hasta el momento no han conseguido un puente que una a la comunidad. Pero que durante el tiempo que trabajaban las empresas en la ruta circunvalación existía una pasada de ripio para que transiten las empresas, pero una vez que terminó, “ya no se acuerdan más”. También agregaron que se sufre la contaminación ambiental de suelo, aire y agua en el Paraje Tres Palmeras, dando cuenta de las consecuencias visibles que ya viven las comunidades.
En este contexto, desde las comunidades manifestaron su repudio por no ser consultadas para el tratamiento de dicha ley, además de indicar que las consecuencias serían devastadoras tanto para el ambiente como para las comunidades mismas.
“Una vez homologada por el ejecutivo provincial tendría consecuencias en los desalojos a las comunidades indígenas y en la habilitación de emprendimientos en desmedro de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, y civiles como el acceso a los servicios del bosque como el equilibrio climático, a un ambiente sano”.
En tanto, desde Greenpeace indicaron que “Vamos a denunciar en la Corte Suprema este ordenamiento regresivo, en el marco del amparo por el yaguareté. Más desmontes significan menos chances de subsistencia de los últimos yaguaretés de la región chaqueña”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
“El ordenamiento aprobado legaliza desmontes donde antes estaban prohibidos y crea categorías transitorias no contempladas por la Ley 26.331, lo que en la práctica desdibuja cualquier límite real al desmonte”, señaló Cruz. Esto además permite profundizar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, favoreciendo la impunidad de quienes destruyen el ambiente, como también ampliar la desigualdad social que repercutirá a las generaciones presentes y futuras.
Fuente: Mink’A Comuni9cación – Foto: Martín Katz / Greenpeace