El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió, mediante Acuerdo Nº203/21, disponer la instrucción de una investigación Administrativa a los fines de esclarecer los hechos precisados por nota, caratulado “Dra. Font Blanca-Solicita Superintendencia”. De esta manera, determinar el grado de responsabilidad que pudiere recaer sobre los o las involucrados.
Este Acuerdo fue realizado con la siguiente integración del TSJ: Presidente Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela y los Vocales Dres. Camilo Luis Alfredo Farías Barros, Ricardo Gastón Mercado Luna y Claudio Nicolás Saúl. De esta manera se designó como encargadas de la Investigación Administrativa a las Dras Magdalena Azcurra Cattaneo y Cristina Romero, ambas Secretarias Relatoras del TSJ. Las mismas deberán proceder de acuerdo a las normas administrativas fijadas en la Ley Orgánica de la Función Judicial Nº2.425, debiendo elevar todo lo actuado en un plazo de 10 días hábiles, a partir de su notificación.
La Dra. Font comparece ante TSJ mediante Carta Documento de fecha 11 de agosto del corriente año, en su carácter de apoderada de la Empresa San Francisco SA. solicitado se adopte las medidas de Superintendencia que fueran necesarias para investigar los hechos denunciados. El cual refiere a la existencia de diversas irregularidades llevadas a cabo por Funcionarios Públicos dependientes de la Función Ejecutiva Provincial que comprometen la responsabilidad del Estado. Por lo que, manifiesta que los Dres. Adrián Vedia (Director de la Subsecretaria de Gestión Patrimonial) y Cecilia Córdoba (Directora General de Gestión Patrimonial), invocando su condición de Funcionarios Públicos, diseñaron un plan extorsivo que, tuvo como fin coartar la libertad de elección y viciar la voluntad negocial de la Empresa San Francisco SA para así obtener ventajas económicas desproporcionadas en perjuicio de la empresa. En dicha presentación, ante el TSJ, la abogada representante de San Francisco agrega que los funcionarios provinciales mencionados alegaron ejercer manifiestas influencias sobre los jueces Ariel Marcos, Gustavo Farias y la Fiscal Nadia Schargrodsky; siendo así que, de no suscribir un acuerdo de honorarios unilateral por 15 millones de pesos, promoverían la detención del Sr. Igualada (Socio de la empresa San Francisco).
Finalmente, el TSJ consideró en este acuerdo que, en virtud de las facultades legales de Superintendencia conferidas por los Arts. 138, inc. 1 de la Constitución Provincial; artículo 47, inc. 7 de la Ley Orgánica de la Función Judicial Nº 2.425 considera que las circunstancias denunciadas evidencian la necesidad de la instrucción de una investigación Administrativa a los fines de dilucidar la veracidad de los hechos descriptos y responsabilidad que le pudiere corresponder a las o los involucrados.