El viernes 12 de julio la legislatura de Río Negro aprobó por 35 a 10 votos la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Nacional N° 27.742, tras la presentación del proyecto impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck. Significa un avance en la instalación de una planta de licuefacción de gas de Vaca Muerta que le disputa a Buenos Aires.
Organizaciones, comunidades, asambleas socioambientales y sindicatos concentraron frente a la Legislatura de Río Negro en Viedma, para rechazar esta adhesión al RIGI que promueve un modelo extractivista de recursos naturales y reprimariza la economía, además de impulsar la explotación de recursos naturales que ya tienen ventajas comparativas para exportar.
El gobernador Alberto Weretilneck había enviado el proyecto de ley a su parlamento el mismo lunes en el que el paquete de medidas impulsado por la administración de Javier Milei fue publicado en el Boletín Oficial. Según él, señaló la finalidad de su apuro fue avanzar en su disputa con Axel Kicillof para quedarse con la inversión clave que, hasta ahora, Petronas e YPF habían acordado hacer en Bahía Blanca.
En Buenos Aires, los legisladores bonaerenses del PRO se hicieron eco de la noticia y le reclamaron al gobernador Axel Kicillof que la provincia también se adhiera al RIGI. La provincia de Buenos Aires se encuentra pugnando con la Provincia de Río Negro para la instalación de esta planta que hará que las exportaciones de la provincia de Buenos Aires pasen a representar del 36 al 50 por ciento a nivel nacional.
Las asambleas y comunidades en alerta
Por su parte, el 6 y 7 de julio pasado, las asambleas socioambientales de la provincia, Asambleas del Curru Leufu, se reunieron en la localidad de Fiske Menuco para debatir distintas estrategias ante el avance de proyectos extractivistas provinciales y nacionales.
En este contexto, expresaron el rechazo al RIGI, argumentando que este régimen amplía un modelo impuesto en los años 90 y exacerba la matriz extractivista al permitir saqueo y exportación de commodities.
Además, criticaron las licencias otorgadas a proyectos que afectan los bienes naturales, contaminan y asfixian las economías locales, beneficiando a corporaciones globales y generando redes de corrupción. Además, denunciaron que el RIGI establece una “dictadura minera” al declarar nulas todas las leyes que limiten su cumplimiento.
Las Asambleas instan al gobierno a cesar la entrega de los bienes comunes de la naturaleza y a detener proyectos extractivistas como Calcatreu, Amarillo Grande, Oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto petrolero en el Golfo San Matías. También hacen un llamado a los legisladores provinciales para que rechacen el RIGI y cualquier intento de megaminería en los territorios.
Finalmente, convocan a la comunidad a organizarse en contra de esta ley, rechazando la criminalización de luchadores y defensores ambientales y la militarización de los territorios. Además, exigieron la libertad inmediata de los detenidos por las fuerzas represivas durante la protesta contra la Ley Bases en Buenos Aires, y rechazan la resolución 499/24 del Ministerio de Seguridad, que crea la Unidad de Seguridad Productiva con la función de militarizar las “zonas de sacrificio” para proteger los intereses extractivistas.
Fuente: Infoterritorial