Vialidad encaró la construcción de un camino sin autorización que conecta Chilecito con el socavón de las antiguas instalaciones de La Mexicana.Denuncian paso clandestino en Famatina con aval político
A tres mil metros sobre el nivel del mar, en el corazón de las sierras de Famatina y a espaldas de cualquier regulación o habilitación legal, maquinarias pertenecientes a la Dirección de Vialidad provincial vienen trabajando desde hace meses en la construcción de un paso que conectaría la localidad de Chilecito con las antiguas instalaciones de La Mexicana, emprendimiento minero del que los ingleses extrajeron el oro en vetas durante varias décadas del siglo pasado. La particularidad es que ese emplazamiento coincide con la zona donde las empresas Barrick (en 2007) y OSISKO (en 2012) pensaron instalar su megaemprendimiento minero a cielo abierto que las asambleas ciudadanas de la región resistieron con un corte del acceso al socavón hasta que finalmente las compañías se retiraron.
“Hemos tratado de averiguar si hay proyecto y desde el Gobierno provincial no lo dan a conocer; claramente no es un mantenimiento o mejoramiento de camino, es obvio que es una obra nueva”, explicó a Ámbito Financiero Paulo D’Alessandro, integrante de la Asamblea de Famatina y productor nogalero. Junto con Marcela Crabbe -otra de las asambleístas que fue electa diputada por el Parlasur- denunciaron los hechos ante la Justicia federal y la ordinaria para que se investigue la presunta comisión de varios delitos en los que habría incurrido el secretario de Minería, Oscar Lehz, ya que el camino -que se construye con maquinaria pública- pasa por el ingreso a cuatro minas cuya concesión estaba a su nombre y ahora pertenecen a su primo, José Luis Ruarte, esposo de la actual ministra de Salud, Judith Díaz Bazán.
En la Dirección de Vialidad provincial no hay ningún estudio de factibilidad o de impacto ambiental que avale este emprendimiento. Así lo admite el titular de la dependencia, Miguel Bertolino, en una cámara oculta presentada en la Justicia como parte de la denuncia. Allí el funcionario reconoce que el camino atraviesa una propiedad de Lehz y llega hasta una finca que le pertenece, sin que exista ninguna cesión formal o expropiación tramitada.
La denuncia, presentada a fines de marzo por Crabbe y D’Alessandro, fue ampliada dos meses después con nuevas pruebas que apuntalan la hipótesis de las irregularidades cometidas por los funcionarios riojanos. En la ampliación se explica que “de acuerdo con la investigación realizada, hay evidencias de que en los envíos de fondos detallados se adeudan las rendiciones de gastos, no hay justificación ni fundamentos de la elección del objetivo para el cual se hace la obra, por lo que es evidente que hubo una connivencia interna, puesto que el envío de fondos y aprobación de los programas debe transitar pasos administrativos y contables en los cuales no sólo el informe de inicio o de finalización de la obra es suficiente, sino que la rendición de gastos y el fundamento y justificación de la obra son esenciales para aprobar y continuar enviando fondos”. La maniobra dejó su rastro en detalles que se observan en los mismos documentos y planillas de la Secretaría de Minería de la Nación, nombrando concesiones de minas que están caducas y fuera de operatividad, y en huellas que no existen en la provincia de La Rioja.
“Nosotros pedimos que se impute a los funcionarios involucrados por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración publica y que se proceda al secuestro de los expedientes administrativos relacionados con el Programa de Huellas Mineras y Minería Social desde 2007 hasta 2015, contrataciones y giro de fondos respectivos, rendiciones de gastos correspondientes, documentos en los cuales está asentado el rastro de estas maniobras delictivas”, sostuvo Crabbe.
Además de las irregularidades señaladas, los asambleístas también denunciaron que una empresa perteneciente a Lehz llamada Rocas Andinas se estaría quedando con material adquirido por la Secretaría de Minería.
Fuente: Ámbito financiero