La CTA Autónoma Regional Punilla, junto al Parlamento Indígena Argentino, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA.A Punilla y diversas organizaciones territoriales, emitieron un pronunciamiento público en el que denuncian el contenido y los alcances del denominado “Plan de Intervención Nacional–PIN 2025”, al que califican como una amenaza directa a los derechos constitucionales, la diversidad espiritual y la organización comunitaria. El documento cuenta con el respaldo expreso del Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani.
El pronunciamiento, dado a conocer este 21 de julio, advierte que el PIN 2025, recientemente filtrado por medios periodísticos, representa una estrategia estatal de control y vigilancia encubierta bajo la noción de “seguridad interior”, que en realidad apunta a marcar como amenazas a pueblos indígenas, defensores ambientales y actores sociales.
“Estamos ante una lógica de criminalización del activismo social y de las cosmovisiones distintas al paradigma dominante”, señala el texto, que cuestiona la falta de debate público y el carácter reservado de este plan. Las organizaciones denuncian que el mismo justifica la persecución de comunidades que defienden sitios sagrados, la tierra, el agua y los bienes comunes, invisibilizando prácticas espirituales ancestrales en favor de un modelo extractivista, patriarcal y violento.
A su vez, rechazan la designación de funcionarios en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que han sostenido posturas contrarias a los derechos de los pueblos originarios y que, incluso, han respaldado procesos de limpieza étnica en otras regiones del mundo. “Es una provocación inaceptable y un agravio a las luchas históricas por la autodeterminación y la vida”, enfatizan.
El documento subraya que la Constitución Nacional y convenios internacionales como el 169 de la OIT garantizan el derecho a la consulta libre, previa e informada, derechos que este plan ignora por completo. Por eso, se hace un llamado urgente a autoridades locales, provinciales, nacionales e incluso a organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la UNESCO, para que intervengan activamente y exijan el cumplimiento de los marcos legales vigentes.
El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, expresó su firme apoyo al comunicado, señalando que “no se puede tolerar ningún retroceso democrático ni permitir que se estigmatice a quienes defienden el territorio, los bienes comunes y la diversidad espiritual. La unidad de los sectores populares frente a estas políticas persecutorias es fundamental”.
Las organizaciones firmantes reafirmaron su voluntad de continuar resistiendo por todas las vías legítimas la imposición de políticas de control y persecución, y sosteniendo la defensa de los territorios, la vida digna y la pluralidad espiritual.
El comunicado fue firmado por la CTA Autónoma Regional Punilla, el Parlamento Indígena Argentino, la Secretaría de Derechos Humanos de Punilla, Kami Henen (Córdoba), organizaciones territoriales en defensa de los sitios sagrados y comunidades guaraníes del Litoral.
El comunicado
“Las organizaciones firmantes, en carácter de organizaciones sindicales, territoriales, sociales e integrantes de pueblos originarios, expresamos por la presente nuestra preocupación y rechazo ante el denominado ‘Plan de Intervención Nacional–PIN 2025’, cuya existencia ha sido recientemente divulgada por medios periodísticos, y que representa, en los hechos, una estrategia de control y vigilancia estatal sobre pueblos indígenas, defensores ambientales y actores sociales, contraria al principio de legalidad, a los derechos humanos ya la Constitución Nacional.
“Dicho plan, de carácter reservado y sin debate público, responde a una lógica de criminalización de la defensa territorial, del activismo social y de las cosmovisiones distintas al paradigma dominante. Bajo el pretexto de preservar la “seguridad interior”, se construye una relación que justifica el monitoreo, la persecución y el señalamiento de comunidades indígenas, en especial aquellas que sostienen una relación espiritual y cultural con la naturaleza, con los sitios ceremoniales y con los bienes comunes.
“Reafirmamos que los sitios sagrados no son obstáculos al desarrollo, sino pilares de una cultura del cuidado que honra la vida en todas sus formas. Constituyen espacios de sanación, de ofrenda, de memoria colectiva, de vínculo con los ancestros y con el agua, con la tierra que alimenta, con el oxígeno que respiramos. La igualdad de cultos, consagrada en nuestra legislación, implica reconocer y respetar estas prácticas y espiritualidades ancestrales, muchas veces invisibilizadas por un modelo hegemónico y patriarcal que impone religiones monoteístas, extractivismo económico y violencia sobre los cuerpos, los territorios y la diversidad espiritual.
“Denunciamos también que las decisiones del gobierno nacional, como el nombramiento de representantes en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con posturas ideológicas abiertamente contrarias a los derechos de los pueblos originarios y favorables a procesos de limpieza étnica en otras regiones del mundo, constituyen una provocación inaceptable y un desconocimiento de las luchas históricas en defensa de la vida, la diversidad y la autodeterminación.
“Frente a esta situación:
*”Recordamos que la Constitución Nacional Argentina (arts. 41 y 75 incs. 17 y 22), así como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 24.071, reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos.
*”Anunciamos que el PIN 2025, al no respetar estos principios, constituye una regresión institucional y democrática, que vulnera el derecho a la participación, la libertad de culto, la pluralidad de pensamiento y el derecho a la protesta social.
*”Rechazamos cualquier tipo de dispositivo estatal que pretenda vigilar, registrar o marcar como amenaza a las organizaciones sociales y territoriales que ejercen legítimamente su derecho a defender los bienes comunes y la vida digna.
“En este sentido, exhortamos a las autoridades locales, provinciales y nacionales, incluyendo representantes electos, defensores del pueblo y organismos de control institucional, a intervenir de manera urgente y activa ante este avance sobre derechos constitucionales.
“Asimismo, solicitamos formalmente a los organismos internacionales de derechos humanos —entre ellos, la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, la Relatoría sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, la CIDH, y la UNESCO— que monitoreen la situación actual en la República Argentina y exijan al Estado el cumplimiento pleno de sus obligaciones internacionales.
“Finalmente, dejamos expresada nuestra voluntad de ejercer todos los canales legales, comunitarios y políticos, para impedir que se consoliden políticas de control y persecución incompatibles con el estado de derecho, la pluralidad cultural y el respeto a las espiritualidades diversas que sostienen la vida sobre la Tierra”, concluye la declaración que lleva las firmas de la CTA Autónoma Regional Punilla; Parlamento Indígena Argentino; Secretaría de Derechos Humanos de la CTA-A Punilla; Kami Henen (Córdoba); Organizaciones territoriales en defensa de los sitios sagrados; Comunidades Guaraníes de Entre Ríos.
Fuente: CTA – Córdoba – Publicado by CTA Autónoma Córdoba en julio 22, 2025