Al igual que durante el kirchnerismo, fuerzas de seguridad realizan inteligencia sobre movimientos políticos, sociales y gremios. Fuerzas de seguridad federales estarían efectuando tareas de inteligencia sobre partidos políticos y movimientos sociales “opositores”.
¿Se acuerda del Proyecto X?- preguntó una fuente a la que habitualmente este cronista consulta por temas de narcotráfico en zonas de frontera.
– Por supuesto que lo recuerdo- fue la respuesta. Imposible olvidar aquella contradicción manifiesta de un kirchnerismo triunfante en las elecciones de 2011 con un discurso populista y de centro izquierda, que era “sorprendido” espiando a las comisiones de delegados con perfil clasista que activaban por entonces algunos conflictos de gran repercusión.
-Bueno, se sigue haciendo lo mismo en la actualidad- remató el informante.
La conversación entre periodista y su fuente ocurrió a fines de agosto. La información era fuerte, pero sonaba verosímil: el Gobierno de Cambiemos continuó facultando a la Gendarmería Nacional para que reporte sobre las actividades de los sectores que generan “hipótesis desestabilizadoras”. Pero para publicar algo, era necesario contar con los documentos que lo avalaran. La semana pasada, un sobre de papel madera sin remitente llegó a la redacción de Ámbito Financiero. En su interior, catorce páginas fotocopiadas ponían en evidencia que el Proyecto X había resucitado.
El reporte comienza con un título neutro: “Antecedentes del mes en la provincia de Jujuy”. El período analizado es agosto y septiembre de 2016. El primer punteo se inicia el segundo día del mes, con el señalamiento de dos medidas de fuerza sindicales llevadas a cabo por los trabajadores municipales de la capital jujeña y con un paro del Frente de Gremio Estatales. El tono del parte es descriptivo. Luego continúa con las actividades del 4 de agosto. La información se centra en el “Cacerolazo” convocado a nivel nacional en “repudio a los tarifazos en los servicios básicos esenciales”. A la enunciación, le sigue un detalle de los lugares y los horarios previstos para las concentraciones. Similares punteos son desarrollados para las actividades reportadas de los días 10, 15 y 18 de agosto, con destacados especiales para las marchas de la organización Tupac Amaru y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Sin embargo, el señalamiento más representativo de la orientación ideológica de este trabajo, corresponde al 3 de septiembre, cuando se hace referencia a una convocatoria del Frente de Izquierda y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH). En el parte se señala textualmente: “Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales”. La información se completa con el facsímil de los volantes repartidos durante las convocatorias de las fuerzas de izquierda.
Según fuentes ligadas a Gendarmería, este tipo de reportes “nunca dejaron de realizarse”, aún a pesar de tratarse de una práctica expresamente prohibida por las leyes. Que las fuerzas de seguridad realicen tareas de inteligencia sobre las actividades que presume delictivas, forma parte de las prerrogativas que tienen para ejercer su función preventiva en protección de los ciudadanos. Lo que se encuentra expresamente prohibido por la ley de Inteligencia (N° 25.520) es que el Estado “obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales”. También la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales), veda almacenar “datos sensibles”, definidos como aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical”.
De acuerdo a esas mismas fuentes, el circuito de información se generaría en cada delegación de Gendarmería (la exhibida en este ejemplo, corresponde a la Región IV- NOA, con sede en Tucumán), pasaría por una oficina especial de análisis ubicada en el Edificio Centinela y luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación. Consultados por Ámbito Financiero, funcionarios de esta cartera, aseguraron “desconocer en absoluto la existencia de estos partes”, y se comprometieron a “denunciar los hechos ante la Justicia e iniciar una investigación interna”.
Fuente: Ámbito Financiero