La decisión de inspeccionar dos domicilios donde la dirigente social podría pasar a cumplir su prisión fue tomada por el juez Gastón Mercau. El Estado empieza a allanarse a cumplir la cautelar de la CIDH que ordena sacar a Sala del penal de Alto Comedero.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ya no tiene escapatoria: debe hacer que el Poder Judicial cumpla con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dispone que Milagro Sala debe abandonar la cárcel. El juez Gastón Mercau dispuso que mañana, a las 9, se realice la inspección de dos inmuebles de la dirigente de la Tupac Amaru con el fin de dar cumplimiento “eventualmente” a la prisión domiciliaria.
La medida cautelar de la CIDH, firmada el pasado 27 de julio, a partir de la presentación realizada por el CELS y Amnistía Internacional, ordenó al Estado argentino que saque de la prisión de Alto Comedero a la diputada del Parlasur y explicó que respalda la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas que dispuso su libertad. La CIDH le otorga quince días al Estado para cumplir. El plazo vence el viernes, en la Tupac temen que quieran extender la prisión hasta después de las PASO.
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La resolución del juez que pide inspeccionar posibles lugares de prisión domiciliaria para Milagro Sala. La obligación del Estado argentino de cumplir con las disposiciones de los organismos internacionales, reconocidos por la Constitución desencajó al gobernador Morales. La semana pasada al recibir al presidente Mauricio Macri consideró que los integrantes de la CIDH “son unos burócratas internacionales que viven en Washington” y no entienden nada. Insistió en calificar a Sala como “una corrupta”, “delincuente” y dijo que la Justicia tendría que pronunciarse sobre la resolución de la CIDH.
La CIDH consideró en la resolución que la dirigente “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”. Además, advirtió sobre el riesgo de la criminalización del liderazgo social y señalaron que la prisión preventiva “debe estar limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. La prisión preventiva es una medida que no debe ser punitiva”, “el Estado debe garantizar que la regla sea la libertad del procesado mientras se resuelva acerca de su responsabilidad penal” y que “las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva”.
“Este es un gran triunfo del equipo de defensores de Milagro que desde el primer momento han denunciado la ilegalidad de la detención y el agravamiento del hostigamiento en el penal y por parte del Poder Judicial que en Jujuy responde al Poder Ejecutivo. También es el triunfo de los organismos de derechos humanos que nos han acompañado denunciando al mundo este verdadero atropello a la legalidad”, aseguró Alejandro Garfagnini, referente de la Tupac Amaru.
“Nuevamente los organismos internacionales vienen a hacer justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país en el caso de Milagro, así como sucedió durante el terrorismo de Estado. La comisión entendió que el caso de Milagro cumplía con los estándares de urgencia, gravedad e irreparabilidad y que la concesión de esta cautelar está vinculada con salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física entendiendo que parte de esta detención está vinculada a que Milagro es una lideresa social, es mujer e indígena”, aseguró Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados defensores de Milagro Sala.