Por:Leopoldo Moreau
Es un grave error titular que Juntos por el Cambio tiene un debate interno tal como se interpreta en la política. Lo que está atravesando es un pase de facturas con amenazas no tan veladas, aprietes y denuncias a mitad de camino. Todo eso se origina en las zancadillas que se hicieron entre ellos usando, paradójicamente, el monumental aparato de espionaje que montaron durante su gestión. Hay pruebas contundentes de que Horacio Rodríguez Larreta fue el principal proveedor de recursos humanos para que Macri -a través de Arribas y Majdalani- pusiera en marcha el espionaje contra opositores. Pero también hay sobradas evidencias de que en un momento ese espionaje se volcó contra el propio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Emilio Monzó, entre otros aliados.
Por su parte, Elisa Carrió, que ahora aparece como la fiscal moral de sus colegas de Cambiemos, también fue usuaria y a la vez vocera de esos servicios de inteligencia ilegales. Recordemos cuando inventó la fábula -no fue la única vez que lo hizo- de haber recibido por debajo de la puerta de su casa una denuncia anónima, que en realidad le proveyó la AFI, con escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente. Con ese material se presentó en Comodoro Py para tratar de desviar las imputaciones que recaían sobre sus amigos y cómplices, el juez Claudio Bonadío, el fiscal Carlos Stornelli, y el espía semiestatal Marcelo Dalesio.
Tal vez esos mismos sectores de los servicios de inteligencia fueron los que le dieron datos a Carrió sobre los negocios inmobiliarios y la vida privada de Rogelio Frigerio. Éste último tampoco se privó de usar información obtenida ilegalmente de la Dirección de Migraciones para ir contra sus adversarios internos en la provincia de Entre Ríos.
Mientras todo esto ocurría, María Eugenia Vidal, de común acuerdo con Macri, iba armando en la provincia de Buenos Aires su “Gestapo”. Tal como lo terminaron confesando Arribas y Majadalani en la Comisión Bicameral de Inteligencia, acordaron con ella la apertura de seis bases de espionaje -con un plantel de aproximadamente 70 personas- en distintas regiones del conurbano. A esto la ex gobernadora lo perfeccionó agregando un grupo de tareas liderado por el Procurador Fiscal Julio Conte Grand, que reunió un puñado de fiscales, y algún que otro juez, para focalizarse en la persecución contra organizaciones gremiales, particularmente SUTEBA, la Comisión Interna de Astilleros Río Santiago, Camioneros, Construcción y la Comisión Interna del Hospital Posadas.
A fuer de ser sincero, hay que decir que la única que tal vez no desvió su objetivo y se dedicó de lleno a perseguir sólo opositores fue Patricia Bullrich, quien al parecer gozaba de la absoluta confianza, para estos menesteres, de Mauricio Macri. Ella hiizo uso y abuso, para cumplir con su mandato, de las fuerzas federales, en particular de la Gendarmería Nacional. Ese fue el vehículo que -en complicidad con su Comandante General Gerardo Otero- utilizó para grandes operaciones: el contrabando de armas y pertrechos para apuntalar el golpe de estado en Bolivia, el invento de una pericia trucha para hacer pasar el suicidio de Nisman por asesinato y la intervención represiva en la Patagonia que dio como resultado la muerte de Santiago Maldonado, con la presencia física y bajo la dirección de su colaborador directo Pablo Noceti.
Todo este entramado mafioso es en realidad el trasfondo de lo que quieren presentar como diferencias políticas al interior de JxC. Son llamaradas de una interna que suelen durar un par de días hasta que aparece Macri en escena, el Capo Mafia que es el dueño de todos los secretos.
Causa escalofríos imaginar que esta gente pueda volver a tener el control del aparato del estado. Así no tendremos nunca una democracia en paz, con estabilidad de las instituciones y donde se deje de lado el odio y el revanchismo.
Hay que decir que nuestro actual gobierno se quedó a mitad de camino. Fue un acierto la intervención a la AFI y la designación de Cristina Camaño al frente de ese organismo, pero resultó insuficiente. En los primeros días de gestión se debió haber dictado un DNU poniendo en comisión a todo el fuero federal penal de la Capital Federal y creando una comisión, con participación parlamentaria y figuras independientes de reconocida trayectoria, que investigara y denunciara este plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que fue el más grande que se practicó durante los períodos democráticos en nuestra patria.
Hasta que no removamos este obstáculo nos seguiremos quejando hasta el infinito de las tropelías de Comodoro Py y la democracia seguirá en riesgo.