“¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario?”, se preguntó la vicepresidenta. Uno de los espías es el mismo que operó para encarcelar a Moyano.
Por Melisa Molina para Página 12
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Cristina Caamaño, presentó este lunes una denuncia en la Justicia para que se investigue a empresarios y funcionarios del gobierno de la exmandataria bonarense, María Eugenia Vidal, que formaban parte de una mesa judicial que promovía el armado de causas para terminar con los sindicatos, tal como adelantó Página/12.
En diálogo con este diario, Caamaño opinó acerca del papel que jugó el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, con quien los exfuncionarios aseguraban tener “todo arreglado”: “Conte Grand, el mismo que hace quince días fue fotografiado con el expresidente Mauricio Macri, es parte de esa mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, como otros fueron parte de la mesa judicial de Nación. Se trata de la mafia de Vidal y del Lawfare que ataca, en este caso, a los sindicatos”, sostuvo la interventora.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó al Poder Judicial a accionar frente a las “mesas” y “asociaciones ilícitas” del macrismo: “¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario?”, aseguró. El presidente Alberto Fernández compartió una publicación de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que, en esa línea, sostuvo: “el estado de derecho debe regir para todas y todos, más allá de su ideología o accionar”.
La vicepresidenta también develó la identidad de dos participantes que no habían sido identificados: Sebastián De Stefano, exdirector de asuntos Jurídicos de la AFI, y Darío Biorci, cuñado y exjefe de gabinete de Silvia Majdalani, exsubdirectora del organismo.
De Stefano –el hombre de Daniel Angelici en la exSIDE– es quien en agosto del 2018 visitó al Juez Luis Carzoglio de Avellaneda –que luego fue suspendido–, para pedirle que firme una orden de detención contra Hugo y Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros. Además, era el encargado del armado de un sistema judicial que permitía a la AFI de Macri montar seguimientos e intervenir teléfonos. También fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py firmado por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens la semana pasada. En la actualidad, el exdirector de asuntos Jurídicos forma parte del directorio de Sbase, la empresa de CABA que tiene a su cargo el Subterráneo.
El tercer integrante de la mesa, del que hasta ahora solo se sabía el nombre de pila, según supo este diario podría tratarse de Diego Dalmau Pereyra, quien fue el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de Macri y que había sido procesado a principio de este mes por el juez federal Martín Bava por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Todos en la misma mesa
Sobre la denuncia que cayó en manos del juez Ernesto Kreplak, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata Nro 3, la vicepresidenta indicó: “ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI, todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales. ¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Macri y Vidal?”. El Presidente, en palabras de Cerruti, expresó que “la sola mención de una ‘Gestapo para terminar con el sindicalismo’ recuerda las peores épocas de este país”, haciendo referencia a los dichos del exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.
La vocera presidencial indicó que “deben investigarse las circunstancias en las que se produjo esa filmación para corroborar si era un modus operandi del anterior gobierno realizar espionaje ilegal sobre las reuniones que se llevaban adelante en los edificios públicos”.
Caamaño, en tanto, explicó a Página12 que, si bien es algo que deberá averiguar el Juez, para ella se trató de “una manera de comprometer a todos los que formaron parte de esa mesa. El expresidente Macri mandaba a filmar eso porque si en algún momento alguno quería sacar los pies del plato, lo tenía agarrado y con la soga al cuello por haber participado de una reunión donde se habló de exterminar a los gremios y los participantes no se opusieron”. “Era una mesa de provincia de Buenos Aires, pero Nación –de quién dependía la AFI– estaba monitoreando”, opinó la interventora.
Juntos en silencio
En la cúpula de Juntos el silencio sobre el tema es total. Según informaron voceros del macrismo tampoco se hizo mención de la causa en la reunión partidaria que tuvieron este lunes. Desde el entorno de la exgobernadora dijeron a Página/12 que Vidal “por el momento no va a hablar”. “Hay un montón de reuniones y es imposible poder estar al tanto de todo”, justificaron. Además, sus colaboradores opinaron que “no se trató de una mesa judicial porque no había miembros de ese Poder”. “Fue una reunión en una oficina pública y abierta, a la que invitaron a las empresas. Villegas, que aparentemente coordinó esas reuniones, tendría que dar explicaciones”.
Acerca de los acuerdos que los funcionarios decían que tenían con el Poder Judicial insistieron con que “Villegas tiene que explicar a qué se refería. Puede haber querido transmitirles tranquilidad a los empresarios”. “Sería fantástico que Villegas explique mediáticamente o en la Justicia, porque nadie en su sano juicio dice eso”, dijeron sobre las ideas del ministro de crear una Gestapo para perseguir sindicalistas.
“En la charla dicen que está todo arreglado con el procurador, con la fiscalía y con el juez, y aclaran que han tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarse eso. La gente tiene que darse cuenta que la derecha neoliberal es esto y que a la corporación judicial, como lugar de privilegio, también le gusta jugar de ese lado: con el establishment, con los políticos de derecha y con los medios de comunicación hegemónicos”, concluyó Caamaño.