Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de negarse a revisar la injusta condena del poder judicial dominado por Gerardo Morales contra Milagro Sala, el mecanismo constitucional para garantizar sus derechos, es un indulto presidencial.
Quien se niega a poner fin a una violación de DDHH es responsable de su continuidad. Milagro Sala y más de 15 personas continúan presos con causas armadas, fraudulentas, incompatibles con el desarrollo de la democracia.
Proscribir y privatizar la política NO es el camino. Judicializar la protesta es atentar contra los derechos constitucionales de todos.
Exigimos que se tomen acciones inmediatas para cesar el lawfare, descolonizar el poder judicial y garantizar la libertad de todos los presos políticos.