Con un enfoque en los derechos humanos y la intervención oportuna, el Gobierno provincial articuló un acuerdo entre Seguridad, Salud y la Defensa Pública para guiar la actuación en situaciones críticas. El protocolo se implementará con capacitaciones y coordinación institucional.
Este jueves se presentó en el Salón Auditorio Angelelli del Tribunal Superior de Justicia el Protocolo de Intervención para las Fuerzas de Seguridad y los Servicios de Urgencia de Salud Pública ante personas en situación de crisis de salud mental y consumos problemáticos. El acto incluyó la firma de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Salud, marcando un hito en el abordaje conjunto de estas problemáticas.
La elaboración del protocolo responde a la necesidad de contar con herramientas claras y eficaces para responder ante situaciones de urgencia, resguardando los derechos de las personas afectadas y la seguridad de la comunidad.
Desde la sanción de la Ley Nacional N.º 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental (2010), a la que la Provincia adhirió mediante la Ley N.º 10.210, el Estado argentino busca garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos.
El nuevo protocolo se alinea con estos principios y establece una guía de actuación para el personal de seguridad y salud pública, priorizando el cuidado integral, la dignidad y el trato no discriminatorio.
Clara visión de gobierno
Durante la presentación, la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra, dio la bienvenida a los presentes y destacó la articulación interinstitucional al afirmar que “no somos aislados en lo ejecutivo, legislativo o judicial; estas políticas son fundamentales para abordar las problemáticas mentales que enfrentamos en todos los ámbitos”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, subrayó la importancia de este tipo de herramientas y del trabajo conjunto y señaló que “hoy hemos podido observar cómo el Estado presente articula sus esfuerzos en una clara visión de gobierno. Este protocolo será fundamental para las fuerzas de seguridad y el sistema de salud, para contener y garantizar los derechos de aquellas personas que padecen problemas de salud mental en su sentido más amplio. La salud mental abarca no solo aspectos psíquicos, sino también físicos, y está relacionada con el consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales”.
Zárate remarcó que muchas personas atraviesan estas problemáticas en silencio y que el Estado debe estar preparado, y en ese sentido afirmó que “es crucial que tanto la Fuerza de Seguridad como el Sistema de Salud estén listos para abordar a aquellas personas en crisis, quienes a menudo pueden poner en riesgo su vida o la de otros”.
Además, el ministro hizo un llamado a consolidar derechos desde el Estado provincial, y fue enfático en contrastar esta política con la del Gobierno nacional: “El Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos. Celebramos esta actividad en el contexto actual de un gobierno nacional cada vez menos humano, que restringe o elimina derechos adquiridos de muchos sectores de la sociedad. Somos la cara de la otra moneda, con un Gobierno provincial que busca consolidar derechos, con una gestión más humana”.
Tarea conjunta
Por su parte, el Defensor General de la Provincia, Gastón Mercado Luna, explicó que el protocolo se elaboró en conjunto con la Policía y el Ministerio de Salud, y está destinado a intervenir en casos extremos. “Es fundamental contar con una guía clara para que la Policía y el personal de Salud sepan cómo actuar en situaciones críticas”, aseguró.
Mercado Luna advirtió además que la salud mental “no se limita a la drogadicción, sino que incluye problemas como el estrés y la depresión, que afectan a la sociedad moderna”. En ese sentido, detalló que en lo que va del año se han registrado 53 intervenciones extrajudiciales y sostuvo que se capacitará al personal, tras lo cual destacó que “en medio del individualismo y la competencia, tener un poco de humanidad entre todos ayuda”.
Herramienta clave
A su turno, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, agradeció el trabajo conjunto y resaltó que este protocolo es una herramienta clave para una problemática urgente. “Este protocolo de intervención ante urgencias de salud mental y consumos problemáticos que presentamos hoy es el resultado de un trabajo articulado, responsable y comprometido entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio Público de la Defensa, y quiero llevar mi agradecimiento a cada miembro de los distintos equipos que han contribuido con su conocimiento, su experiencia y su vocación de servicio a esta construcción conjunta”, aseguró.
Asimismo, Vergara recordó que la Ley Nacional 26.657, y su adhesión provincial, reconoce que “las personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos son titulares plenos de derechos y deben ser tratadas con dignidad y sin discriminación” y también destacó la reciente reforma de la Constitución de La Rioja al recordar que “en sus artículos 69 y 70, consagra la salud como un derecho humano fundamental y, en su artículo 71, introduce un avance histórico y ejemplar al establecer que el Estado garantizará tratamientos integrales para personas con consumos problemáticos, adultos mayores, personas con discapacidad, ludopatía, obesidad y adicción a nuevas tecnologías”.
En este punto, el ministro expresó su reconocimiento al gobernador Ricardo Quintela “cuya visión ha sido clave para que este cambio sea posible. Su firme decisión de impulsar una reforma constitucional que reconozca, entre otros, los derechos para la salud mental como un derecho, y su compromiso con políticas públicas e inclusivas, nos permite hoy contar con herramientas concretas para transformar realidades”.