Opinión
Por Beatriz Martínez*
Cómo docente y cómo Secretaria General de la CTA de los Trabajadores quiero manifestar mi preocupación y poner en alerta a los y las trabajadoras docentes en relación a la gravedad que conllevan las declaraciones del Sr Jefe de Gabinete del gobierno de la provincia, Dr Juan Luna Corzo quien en los últimos días salió a aplaudir la implementación del Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE) como un “Incentivo a la Productividad docente”.
Sin lugar a dudas que festejar el pago del IPE como lo mejor que pudo haber hecho el Gobierno de Ricardo Quintela, tiene un trasfondo que se relaciona con el avance de la precarización salarial, el deterioro de la salud de los Trabajadores junto al de una Educación de Calidad que debe ser la herramienta para la transformación de las realidades diversas y disímiles que viven nuestros educandos, pero -sobre todo- rompe el principio: “A igual trabajo, igual remuneración”.
El IPE resulta ser tal y como venimos denunciando, injusto, precarizante y discrecional, en un ámbito dónde todos los docentes están frente a alumnos más allá de sus funciones específicas tienen responsabilidades y por lo tanto todos deberían percibirlo, lo cual no ocurre. Digo esto aún ante el rechazo que hemos manifestado desde el día uno a ésta política del gobierno y los socios Gremiales firmantes.
El pago “por producción” término propio de las industrias qué incentivan a quienes se esfuerzan por incrementar y/ o mejorar el stock de sus productos, usado para sostener una política de disciplinamiento contra los y las que luchan por salarios dignos, tiene su antecedente en sistemas educativos de América Latina y está íntimamente ligado con los Resultados de las pruebas estandarizadas, pruebas Pissa, que implementadas por orden del Banco Mundial, la OCDE, o el BID, además de sostener la desigualdades salariales entre pares, encuentran el terreno fértil para sostener el endeudamiento de los gobiernos en herramientas como éste tipo de pruebas, o aplicaciones, software etc creadas por el Mercado Capitalista sin tener en cuenta las realidades diversas y cambiantes en las que se desarrolla la educación de un pueblo con el solo interés de acumular riqueza en sus industrias.
El “pago por productividad” a los y las trabajadoras de la educación genera profundas desigualdades salariales, pérdida de derecho a un salario Universal, intensifica las individualidades y la competencia en escuelas públicas inmersas en comunidades diferentes, tanto en los pueblos, ciudades, o la zona rural, tratando como iguales a quienes no cuentan con los mismos recursos.
La mayor alerta de la docencia en general debe estar puesto en resultados de investigaciones realizadas por ONG que, en los últimos meses, pretenden instalar un relato acerca de los conocimientos adquiridos por los educandos de los diferentes niveles educativos del país y la provincia, mostrando supuestos resultados devastadores en el alcance de conocimientos.
Con el IPE el gobierno de la provincia desconoce el grado de responsabilidad y esfuerzo de los trabajadores docentes, evade sus propias responsabilidades para sostener el sistema educativo en condiciones de salud docente, seguridad óptima y el pago de salarios acorde a la canasta básica.
Con el IPE el gobierno de la provincia intenta acallar el ruido que le genera a sus “oídos en el pueblo”, el malestar docente.
El único responsable de que se alcance una educación de calidad es el Estado, pagando salarios dignos, manteniendo escuelas en condiciones, no es obligando a docentes estar enfermos en las escuelas, para cobrar dos pesos más en desmedro de la calidad educativa. El IPE es un mecanismo de sometimiento y esclavitud.
* Secretaria General de la CTA-T. La Rioja – 16 de mayo de 2025.