El gobierno de La Rioja dejó sin efecto el pasado 10 de junio, la vigencia del Decreto N° 2255/88, tras 34 años de haber sido firmado por el vicegobernador, Gregorio Cavero. La norma impedía el derecho constitucional a huelga y aplicaba sanciones disciplinarias a los empleados públicos.
Cabe recordar que la norma legal fue firmada durante la gobernación de Carlos Menem. Una vez que este asume en 1988, la presidencia de la Nación, queda a cargo del Ejecutivo, el chileciteño, Gregorio Cavero. Pasaron 34 años y el actual mandatario provincial, Ricardo Quintela, cumplió con la promesa de campaña de derogar el llamado “Decreto Cavero”.
El mismo se fundaba en normas de la pasada dictadura militar, por lo tanto, la lucha de sindicatos de trabajadores fue insistente para que se lo elimine, por ser inconstitucional. El “Decreto Cavero”, fue firmado en diciembre de 1988 y su lema fue “día no trabajado, día no pagado”. De esta manera se coartaba el derecho constitucional a huelga, es decir, ningún trabajador podía parar sus actividades en reclamo de ningún tipo, ya que se le descontaba sus salarios y también era pasible de sanciones disciplinarias.
El Decreto 2.255/88 tuvo su máxima aplicación en 1993, durante el “Riojanazo”, para debilitar más los salarios de los empleados públicos en huelga. Ya en el año 2003, el por entonces diputado provincial Nicasio Barrionuevo, presentó un proyecto de Ley para su derogación, lamentando luego, la falta de acompañamiento gremial y político. En tanto en 2012, Ricardo Quintela, Intendente de la Capital en ese momento, informó también que quedaba sin efecto para los empleados municipales, el alcance de esta norma. Mientras que el abogado especializado en Derecho Laboral, Juan Rojo, en el mismo año, sostenía que este Decreto “constituye un verdadero muestrario de limitaciones, restricciones y precarización del derecho laboral”. La AMP, en 2018, insiste con la derogación del “Decreto Cavero” y logra reunir en dos días, dos mil firmas y se presenta el proyecto al exgobernador Sergio Casas. En 2020, luego de su asunción como gobernador, Ricardo Quintela anuncia que derogará esta norma anticonstitucional. Mientras tanto, las agremiaciones de trabajadores de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP), Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), nunca cesaron en el reclamo permanente por la restitución de los derechos laborales.
Desde la gobernación de Cavero, a la fecha, le sucedieron siete gobernadores, todos de igual signo político, es decir, Justicialistas. No obstante, los tiempos políticos fueron cambiando las necesidades de comunicación con el ciudadano. Hasta llegar hoy, después de 34 años, a restablecer una norma constitucional que garantiza el derecho a huelga de los trabajadores.
Los tiempos políticos llevan al gobernador Quintela a advertir: “No vamos a potenciar la anarquización de los reclamos. Procuramos ordenar las cosas y estamos dispuestos a dialogar con todos”. Dicho de otra forma, no permite la norma constitucional, que las protestas de trabajadores se hagan por fuera de instituciones sindicales o gremiales. De esta manera, el mensaje es para aquellos grupos de “autoconvocados”, que deberán ajustarse a las leyes vigentes y canalizar irremediablemente sus reclamos a través de sus sindicatos.
Ante la incertidumbre permanente que padece el pueblo argentino, por la crudeza de la realidad económica que viven a diario muchos sectores sociales, solo queda ahora, observar cuánto será el compromiso y transparencia de los representantes de los trabajadores, como intermediarios de sus reclamos.