Por Claudia Castro
La provincia mendocina se sumó a la adhesión del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Senado, con 24 votos a favor y 14 negativos, convirtiéndose en la tercera provincia en plegarse al régimen.
En medio de las manifestaciones de los defensores ambientales en defensa del agua y contra la proliferación de la minería, la Cámara alta mendocina le dio luz verde a la iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo, en una sesión que fue conducida por la vicegobernadora Hebe Casado.
Desde el Gobierno provincial apuntan a inversiones en sectores como la forestoindustria, la minería y los hidrocarburos. En esta línea, los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; Catamarca, Raúl Jalil; y Salta, Gustavo Sáenz, se reunieron para discutir los proyectos de litio que se vienen con el RIGI.
Tras la noticia de la adhesión al RIGI, el gobernador dijo: “es un paso crucial para atraer capital y desarrollar sectores estratégicos. Con un marco legal que promueve la certidumbre y competitividad, se espera que las grandes inversiones florezcan, impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en la región”, y agregó, «este régimen también busca fomentar el desarrollo coordinado entre el Estado Nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, además de estimular las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión».
En este contexto, asambleas socioambientales y sociales se movilizaron a la puerta de la Legislatura bajo la consigna «No negocien el agua».
Cabe recordar que en el 2019 hubo masivas protestas contra la iniciativa minera del por entonces gobernador Rodolfo Suarez, logrando la suspensión del proyecto.
Para los mendocinos el tema del agua resulta ser muy sensible, ya que el recurso hídrico es escaso en la provincia. Es por ello que en las afueras de la legislatura la gente estaba al grito de «Mendozazo» y «traidores”, por lo que se llama a una asamblea y plan de lucha para proteger la ley 7722 y los recursos de la provincia.
La aprobación del régimen favorece a las grandes empresas multinacionales extractivistas, dándoles grandes beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y jurídicos a 30 años, lo que implica la vulneración de toda la legislación ambiental existente. Además, genera un peligro para las economías regionales, pymes y la agricultura.