El ex jefe del Ejército César Milani le pidió volver a declarar al Tribunal Oral Federal de Tucumán que lo juzga por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo. Se sentó en el banquillo y empezó a protestar por los testigos que lo habían acusado en las audiencias anteriores, pero el borbotón de palabras se deshizo cuando el fiscal le preguntó si recordaba haber mandado una carta en la que reconocía que había labrado el acta de deserción con el que se encubrió la desaparición de Ledo. Pocas palabras y menos recuerdos.
Ledo desapareció en junio de 1976 mientras estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Riojano, estudiante de Historia y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se incorporó al Batallón de ingenieros de construcciones 141 de La Rioja en febrero de 1976. En mayo, fue trasladado junto a una compañía a Tucumán. Desapareció el 17 de junio de ese año. Su madre jamás logró saber cuál fue su destino.
El capitán Esteban Sanguinetti estaba al mando de esa delegación de soldados y Milani, un subteniente recién egresado del Colegio Militar, fue – según la instrucción – quien firmó el acta de deserción. Durante las audiencias del juicio, Milani negó haber sido quien confeccionó ese documento. Se apoya en un peritaje –encargado por sus defensores– según el cual su rúbrica fue falsificada.
La pregunta
Milani habló largo y tendido durante su indagatoria e incluso dijo que los responsables de la desaparición de Ledo debían buscarse entre oficiales de inteligencia que operaban en Tucumán. El viernes, quiso volver a hablar. Volverá hacerlo después de la próxima audiencia del 7 de noviembre, cuando está previsto que declaren los testigos ofrecidos por la fiscalía. Así lo anunció su defensor oficial, Adolfo Bertini, quien recordó que también había representado a Antonio Domingo Bussi, máximo responsable de la represión en Tucumán.
Durante unos minutos, se quejó por los testimonios ofrecidos por Alfredo Olivera y por su cuñada Clara Waite. Negó haber sido en 1976 instructor de inteligencia y protestó contra los que siembran dudas por su absolución en La Rioja. El presidente del Tribunal Gabriel Casas le consultó si iba a contestar preguntas. Dijo que sí. Las querellas pasaron. Hubo una única consulta, la del fiscal Agustín Chit:
—¿Recuerda en algún momento haber enviado una carta al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como descargo de esta acusación, de este juicio?
—¿Esa carta está agregada al expediente?
—Yo le pregunté otra cosa– le rebatió Chit.
Bertini explotó de ira. Entre los gritos del defensor, el juez y el fiscal, Milani contestó por lo bajo:
—Probablemente sí, no lo recuerdo.
—¿No lo recuerda o no la envió?– insistió el fiscal.
—Probablemente sí pero no lo recuerdo.
Bertini insistió que debía frenar las preguntas que podían ser autoincriminatorias. Hablaron dos de los jueces, y Milani completó: “Ha habido 10.000 publicaciones que le he hecho a superiores, al gobierno. Concretamente no lo recuerdo”.
La carta
El 12 de diciembre de 2013, Milani respondió a una serie de preguntas que le había hecho llegar el CELS. El militar quería demostrar que las acusaciones que habían salido a la superficie con su nominación para la jefatura del Ejército eran falsas. El organismo mantuvo su impugnación. A pesar de eso, el Senado aprobó su pliego el 17 de diciembre de ese mismo año. Ejerció la máxima autoridad en el ejército hasta junio de 2015, cuando presentó su renuncia.
A diferencia de lo que sostuvo en su indagatoria, en la carta al CELS Milani da por sentado que confeccionó el acta de deserción de Ledo. Cerca del militar explican esas inconsistencias en que, para entonces, no había accedido a la documentación que obraba en la causa. Sin embargo, ya se había presentado ante el primer juez del caso, Daniel Bejas, quien le había hablado de la copia del acta de deserción – tal como declaró Milani durante el juicio.
En su descargo al CELS, el jefe militar decía textualmente:
- Me encontraba en una subunidad distinta de la de Ledo y por ello pude confeccionar el acta de deserción, conforme al procedimiento establecido por la Reglamentación de Justicia Militar vigente desde 1928.
- No se ha podido establecer que yo haya estado en Monteros al momento de la desaparición de Ledo y francamente no recuerdo los pormenores para decir si estuve o no. Por el contrario, el acta de deserción labrada unos días más tarde da cuenta (de) que me encontraba en Famaillá, distante unos 30 kilómetros de donde se encontraba la compañía a la que pertenecía Ledo.
- Del acta de deserción de Ledo se desprende con claridad que fue el suboficial (Roberto) Lotero quien me informó sobre las circunstancias que rodearon la ausencia del soldado y de los elementos faltantes.
El fiscal le preguntó por este documento porque contradice lo que Milani sostuvo en las indagatorias en instrucción y en juicio oral.
El censor
Sanguinetti, el otro imputado en el juicio, también pidió hablar. Confirmó que había oficiado como secretario de Prensa y Difusión del gobierno de facto en La Rioja. Entre sus tareas, estaba revisar todas las noches qué iban a publicar El Sol y El Independiente, los dos principales diarios de la provincia, ideológicamente en las antípodas.
Según Sanguinetti, fue el propio Osvaldo Pérez Battaglia – a cargo del Batallón 141 – quien le encomendó revisar las publicaciones para que no desprestigiaran el rol de las fuerzas el mismo 24 de marzo de 1976. Él y otro capitán de apellido Arana fueron los responsables de evitar que se imprimieran las tiradas de El Independiente y de El Sol del día del golpe. Sanguinetti dijo que él había ido a El Independiente y su compañero de armas a la otra redacción. Luego se corrigió. La abogada querellante Viviana Reinoso le subrayó el lapsus.
El Independiente funcionaba como cooperativa desde 1971. En la madrugada del 24 de marzo, su redacción fue copada por el ejército. Los integrantes de su comisión directiva fueron detenidos y llevados al Batallón y sometidos a tormentos. Les obligaron a firmar la renuncia a la cooperativa. El único de los integrantes al que las patotas que no lograron capturar fue al periodista Alipio Paoletti, que se encontraba en Buenos Aires al momento del golpe. Debió pasar a la clandestinidad hasta que pudo salir del país junto con su familia.
Aunque lo que sucedió con la cooperativa de prensa riojana no es parte del proceso, sirve para demostrar que Sanguinetti no era sólo un ingeniero del ejército ajeno a la represión – como se había presentado en la primera audiencia.
El juicio continuará unas semanas más. En el tribunal, estimaban que probablemente se prolongue hasta diciembre.
Fuente: Por Luciana Bertoia para elcohetealaluna