El desfinanciamiento y la inacción del Gobierno Nacional ponen en peligro la continuidad del Programa Nacional de Conectividad. La iniciativa, orientada a garantizar el acceso equitativo a Internet en zonas vulnerables, enfrenta una parálisis alarmante. La retórica libertaria choca, una vez más, con la realidad concreta de una Argentina que queda offline.
En un país donde más del 35% de la población vive en la pobreza y la brecha digital se ensancha con la misma velocidad con que crece la desigualdad, el acceso a internet no es un lujo: es una necesidad básica. Lo que antes era evidente y urgente para cualquier gobierno con algo de sensibilidad social, hoy es ignorado por una administración que se jacta de derribar “estructuras obsoletas”, aunque eso signifique dejar a miles de niños, jóvenes, docentes, médicos y familias enteras al margen del siglo XXI.
El Programa Nacional de Conectividad, creado para garantizar acceso a Internet en escuelas rurales, centros de salud, barrios populares y áreas sin cobertura comercial, está siendo víctima directa del brutal ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que supo avanzar con inversiones públicas concretas en la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento de la infraestructura de redes troncales, hoy se encuentra prácticamente desactivada. La parálisis no es casual ni técnica: es una decisión política.
En el proyecto de ley presentado bajo el número 4134-D-2025, se denuncia con claridad meridiana cómo el Poder Ejecutivo ha abandonado el financiamiento del Programa Nacional de Conectividad durante el corriente año. El texto alerta sobre el abandono del Plan Conectar y la paralización de obras fundamentales para garantizar igualdad de acceso a la información y los servicios digitales. Es decir, lo que estaba en marcha con planificación, inversión y resultados medibles, ha sido deliberadamente abandonado bajo la excusa del “déficit cero”, una muletilla tecnocrática que esconde consecuencias sociales devastadoras.
La situación es doblemente alarmante si se considera que el despliegue de redes troncales de fibra óptica y la provisión de conectividad en instituciones públicas son competencias centrales del Estado nacional, tal como lo establece la ley 27.078 Argentina Digital. En lugar de consolidar estos avances, el gobierno libertario parece empecinado en desmantelar cualquier política pública que no se ajuste a su dogma del mercado autorregulado, ignorando que en buena parte del país no hay negocio posible sin un Estado presente.
La conectividad no solo es clave para el acceso a la educación, la salud y la cultura, sino también para el desarrollo productivo. Sin internet, las cooperativas, los pequeños productores y los emprendedores de economías regionales quedan aislados, sin herramientas para competir, innovar o simplemente subsistir. ¿Qué clase de “libertad” se les ofrece a esos sectores cuando se les niega el acceso a una herramienta básica del siglo XXI?
El documento parlamentario remarca que el gobierno nacional no ha presentado ningún plan alternativo para sustituir el Programa Nacional de Conectividad ni ha dado explicaciones sobre la suspensión de las obras iniciadas. Es una parálisis con aroma a desidia, a desprecio por lo público, por lo común, por lo que no se mide en dólares ni rinde en una planilla de Excel. Y es, también, una muestra más de la profunda contradicción entre el discurso de modernización y el accionar regresivo del oficialismo.
El texto también recuerda que el Plan Conectar, lanzado en 2020, permitió la expansión de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica, conectando más de 700 localidades y generando un impacto tangible en la vida de miles de personas. Sin embargo, a partir de diciembre de 2023, con la llegada de Milei al poder, esa expansión se detuvo abruptamente. El nuevo gobierno no solo frenó las obras, sino que eliminó toda partida presupuestaria para su continuidad, desarticulando también la sinergia con provincias, municipios y cooperativas que se había tejido en los últimos años.
Lejos de impulsar una política federal de conectividad, el gobierno nacional ha optado por una lógica centralista, mercantilista y excluyente. En lugar de ampliar derechos, los recorta. En lugar de conectar, desconecta. En lugar de construir, desmantela. El daño no es solo técnico: es humano. Niños que ya no pueden seguir sus clases virtuales. Centros de salud sin sistemas de telemedicina. Pueblos enteros condenados al aislamiento digital por el capricho ideológico de un gobierno que desprecia lo común.
La presentación legislativa también expone un punto crucial: la necesidad de restituir con urgencia los fondos y obras del Programa Nacional de Conectividad, apelando al Congreso para que exija al Poder Ejecutivo la reactivación inmediata de los proyectos paralizados. Pero con un oficialismo refractario al diálogo institucional, la incertidumbre reina. Mientras los discursos libertarios se multiplican en foros internacionales, la fibra óptica nacional se oxida sin mantenimiento y los puntos de acceso gratuitos caen en el olvido.
Paradójicamente, mientras Javier Milei se pasea por escenarios donde proclama su ambición de convertir a la Argentina en una potencia tecnológica global, su administración apaga pantallas en los barrios más pobres del país. El contraste no podría ser más brutal. Una narrativa de Silicon Valley con prácticas propias de un apagón digital planificado.
Este modelo de exclusión, disfrazado de modernización, es el mismo que pregona un Estado ausente, una meritocracia ficticia y un mercado que “todo lo soluciona”. Pero cuando los privados no llegan, cuando las inversiones no aparecen y cuando los cables no se tienden solos, lo que queda es un país fracturado por la desigualdad. Un país desconectado, literal y simbólicamente.
Hoy más que nunca, garantizar el acceso a internet en condiciones de equidad no es una opción, es un imperativo ético. Y ese imperativo está siendo violado con total impunidad por un gobierno que prefiere la motosierra a la fibra óptica, la especulación a la planificación, el ajuste al desarrollo. Argentina no puede resignarse a ser un archipiélago de conectividad para pocos en medio de un océano de exclusión digital.
Es hora de exigir que el Congreso no mire para otro lado. Que los funcionarios rindan cuentas. Que la conectividad vuelva a ser una política de Estado. Porque sin acceso a la información, sin conexión al conocimiento, no hay democracia plena ni futuro posible. Y ese es, en definitiva, el núcleo más peligroso del experimento libertario en curso: la desconexión como estrategia de gobierno.
Fuente: En Orsai – Redacción Ago 4, 2025