Por ERNESTO LONDOÑO para The New York Times
El escuadrón de la muerte creado por la dictadura militar de Argentina y dos dictaduras vecinas con la intención de atacar a disidentes durante los años setenta tenía –como otros programas estatales– sus reglas burocráticas: los empleados debían llegar a las 9:30 y tenían derecho a dos horas para el almuerzo. Recibían un estipendio de mil dólares para comprar ropa cuando iban a su primera misión en el extranjero. Y tenían que presentar sus reportes de gastos.
Los representantes de la operación ultrasecreta, que incluía a oficiales de inteligencia de Chile y Uruguay, decidía cuál iba a ser la siguiente víctima por medio de un “voto mayoritario”.
Los detalles sobre el programa de asesinatos, que tenía como blanco a enemigos en la región y en Europa como parte de la alianza de la Guerra Fría llamada Operación Cóndor, han sido revelados en un reporte de 1977 de la Agencia de Inteligencia Central (CIA). Ese documento es parte de una serie de reportes recién desclasificados del gobierno estadounidense que hablan de las tácticas represivas de los regímenes militares en Sudamérica y del conocimiento que tenían de estas los funcionarios de Estados Unidos.
El intercambio de más de 7500 registros, que Estados Unidos entregó formalmente al gobierno argentino este 12 de abril como parte de un acuerdo hecho en los últimos meses del gobierno de Barack Obama, es una de las transferencias más grandes de documentos desclasificados entre gobiernos.
En los registros hay varios datos nuevos, como la confirmación de que decenas de personas desaparecidas fueron asesinadas por entidades estatales. Los fiscales y activistas por los derechos humanos en Argentina esperan que estos nuevos documentos ayuden a avanzar casos judiciales abiertos. Más de 1500 exoficiales del país han sido enjuiciados por delitos que incluyen tortura, miles de desapariciones forzadas y ejecuciones, así como el secuestro de cientos de bebés.
La información va a fortalecer considerablemente el registro público de una era oscura, dijo Carlos Osorio, director del proyecto de documentación sobre el Cono Sur en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.
“La cantidad de información que tenían las agencias de inteligencia es escalofriante”, dijo. “Imagínate lo que significó conocer estas atrocidades en tiempo real”.
Estados Unidos apoyó en distintos niveles las juntas militares que tomaron el poder en América Latina durante la Guerra Fría. Los oficiales militares latinoamericanos recibieron capacitación en técnicas violentas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas mientras Washington acudía a esos gobiernos aliados para detener el paso de movimientos comunistas en la región.
Los funcionarios también compartieron información con las dictaduras militares que resultaron en la detención, tortura y, en algunos casos, asesinato de ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con los registros y otros documentos presentados ante tribunales.
Los documentos recién desclasificados sugieren también que algunos altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos quedaron perturbados por la brutalidad de los regímenes a los que respaldó Washington en ese entonces, sobre todo al enterarse de planes para realizar asesinatos en países europeos.
En un memorando fechado el 24 de julio de 1976, el entonces director de la división de la CIA para América Latina, Raymond A. Warren, advirtió a un supervisor que los planes del escuadrón para “liquidar” a personas bajo sospecha de ser militantes de izquierda en el extranjero “presenta nuevos problemas para la agencia” y que debería haber un debate sobre qué acciones podría tomar Estados Unidos para “impedir actividades ilegales de este tipo”.
Warren escribió que “deben tomarse todas las precauciones para asegurarse de que la agencia no sea acusada injustamente de ser parte de esta actividad”.
El tardado proceso de revisión para desclasificar los documentos se ordenó en marzo de 2016, como parte de la iniciativa del gobierno de Obama en busca de un nuevo tenor en las relaciones de Washington con Latinoamérica.
“Teníamos el deseo de revisar nuestras acciones pasadas en América Latina con apertura y una voluntad para confrontarnos a los episodios oscuros de nuestra política ahí”, dijo Benjamin Gedan, exoficial de la Casa Blanca de Obama que trabajó en temas latinoamericanos.
Gedan dijo que le sorprendió que el actual gobierno de Donald Trump no frenara el proceso de desclasificación, dado que ha adoptado un enfoque muy distinto hacia América Latina, apoyando la Doctrina Monroe, que se basa en una visión intervencionista del hemisferio.
Los nuevos documentos incluyen un reporte del FBI sobre la ejecución de Marcos Osatinsky, líder destacado de los Montoneros, un movimiento de izquierda que luchó contra la dictadura. Los funcionarios estadounidenses se enteraron de que los oficiales argentinos habían torturado y asesinado brutalmente a Osatinsky, así como de que mintieron sobre las circunstancias de la muerte y que se deshicieron del cuerpo antes de que pudiera realizarse una autopsia.
“El propósito de robarse el cuerpo fue para prevenir que fuera sometido a autopsia, lo cual habría mostrado claramente que fue torturado”, escribió en ese entonces el agente del FBI Robert S. Scherrer. “Es dudoso que el cuerpo de Osatinsky llegue a aparecer algún día”.
Además, los documentos revelan información nueva sobre el secuestro y asesinato de Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, empleados de la embajada de Cuba en Buenos Aires que desaparecieron el 9 de agosto de 1976. La agencia Associated Press recibió en esas fechas un sobre con las credenciales de uno de los hombres y una nota que decía que habían desertado para “gozar de la libertad del mundo occidental”.
Sin embargo, poco tiempo después, los funcionarios estadounidenses se enteraron de que los cubanos habían sido metidos a una ambulancia cuando salían del trabajo y enviados a un conocido centro de detención clandestina ubicado en un taller mecánico, y que ahí fueron torturados durante 48 horas. Sus cuerpos fueron botados en el río Paraná, de acuerdo con un reporte de la CIA.
Asimismo, la CIA recibió información del asesinato misterioso de Héctor Hidalgo Solá, el embajador argentino en Venezuela, el cual sucedió en Buenos Aires en julio de 1977. La agencia tuvo datos de que fue una operación no sancionada que llevaron a cabo agentes de inteligencia argentinos que querían extorsionar a la familia del diplomático para conseguir dinero.
Los registros proveen nuevos datos sobre ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y torturados en Argentina, incluida Gwen Bottoli. La mujer fue puesta bajo custodia en abril de 1976 después de dejar panfletos políticos, que estaban prohibidos, en la banca de una parada de autobús en Rosario.
Los registros del FBI muestran que Bottoli estaba bajo investigación por parte de funcionarios estadounidenses debido a su activismo en la Alianza Socialista de Jóvenes (YSA). Un documento de Estados Unidos sobre sus actividades, que fue escrito en español, sugiere que los estadounidenses habrían compartido sus preocupaciones respecto a la mujer con los argentinos antes del arresto, de acuerdo con Osorio, el director de documentación sobre el Cono Sur.
En entrevista telefónica desde su hogar en Minnesota, Bottoli contó que le dieron una cachetada durante la interrogación inicial y que luego la llevaron a una habitación donde le vendaron los ojos, la desvistieron y le dieron choques eléctricos mientras la cuestionaban sobre asociados.
“Realmente tenía mucho miedo de que me iban a desmembrar y que iba a ser todo tan doloroso”, dijo Bottoli, ahora de 77 años.
La mujer dijo que veía que el proceso de desclasificación era muy positivo. “Aprecio que tuve la oportunidad de contar mi historia, para que la Historia no se repita”, comentó.
Argentina ha hecho más que cualquiera de sus vecinos para investigar los abusos cometidos por el régimen durante la dictadura de 1976 a 1983.
María Ángeles Ramos, fiscala federal que supervisa la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, dijo que los documentos antes desclasificados por Estados Unidos han sido muy valiosos para corroborar evidencia e identificar nuevos culpables. Ramos dijo que, con un 40 por ciento de casos que siguen abiertos en espera del juicio, su equipo espera que estos nuevos registros puedan fortalecer su trabajo.
“Estos documentos van a permitir sin lugar a duda responder muchas de las preguntas que todavía están pendientes de respuesta”, dijo la fiscala. “Para que se continúe contribuyendo a la verdad de las víctimas”.
Mauricio Macri, el presidente argentino que es visto con desdén por muchos activistas por los derechos humanos que se enfocan en la dictadura, hace poco expresó sus expectativas de que los nuevos documentos traiga algo de justicia para más víctimas.
“Estos documentos serán fundamentales para que la justicia pueda avanzar en causas del pasado, aún pendientes, de una de las épocas más oscuras de la historia argentina”, comentó en marzo.
La publicación de los registros sucedió mientras el vecino Brasil debate su propia era de régimen militar. El presidente Jair Bolsonaro, político de extrema derecha que prestó servicio en el ejército, llamó a finales de marzo a las fuerzas armadas a conmemorar el golpe de 1964 que instaló el represivo gobierno militar durante veintiún años.
Peter Kornbluh, analista sénior del Archivo de Seguridad Nacional, argumentó que es una contribución muy importante el desclasificar los documentos sensibles y secretos antes del periodo usual en el que lo haría el gobierno.
“Estos documentos nos recuerdan la desagradable realidad de los golpes militares y los regímenes que les siguieron”, dijo. Dar acceso a los registros “es el baluarte más fuerte contra el revisionismo reaccionario que quiere mostrar una imagen linda de los regímenes militares en el Cono Sur”.