Un modo de no decir la verdad es exagerar lo que se dice. Un ejemplo de estos días: la afirmación de que el gobierno cerró la exportación de carnes. En realidad, ante la detección de una serie de anormalidades, lo que hizo la actual administración fue suspender esas exportaciones durante 30 días. ¿Para qué? Para ordenar lo que está pasando alrededor del alza de los precios de ese producto, entre otras cuestiones. Más aún: si se resolviera el problema rápido, la suspensión podría terminar antes. Es una medida moderada y sensata tendiente al ordenamiento de un componente esencial de la alimentación de los argentinos y las argentinas.
En nuestro país las exportaciones de carne vacuna sobre el total de lo que se produce pasaron del 7,3% en 2015 al 28,5% en 2020. Ello ha sido consecuencia de un aumento sostenido de la demanda global de alimentos. La secuencia es la siguiente: la Argentina produce más alimentos para el mundo y los precios internacionales más altos, al no estar desacoplados de los precios internos, se trasladan a la mesa de los argentinos y las argentinas impactando sobre los ya elevados índices de inflación locales. Comparando abril de 2021 con el mismo mes de 2020, el asado aumentó un 95,8%; la paleta un 73,8%; el cuadril, 74,9%; la nalga, 78,3% y así en el resto de los cortes.
Muchas veces hemos escuchado que los precios aumentan porque hay expectativas devaluatorias, exceso de emisión monetaria, déficit fiscal o suba desmedida de los salarios y de las tarifas de los servicios públicos. Pero, en la actualidad ninguna de estas cosas sucede y, sin embargo, los precios crecen muy por encima de las otras variables de la economía. También nos han dicho que cuando los insumos importados suben, los precios locales tienden a incrementarse para afrontar esas subas. No obstante, con el tipo de cambio estable, esos insumos importados deberían haber aumentado menos que los precios locales. Otra explicación que suelen esgrimir es la expectativa de default. Sin embargo, la Argentina hoy continúa avanzando en las negociaciones con el FMI y el Club de París. Por eso subieron los bonos argentinos en el mundo y también la Bolsa local debido a que muchos preanuncian un acuerdo.
La inflación es un fenómeno multicausal. Pero, cuando analizamos las variables que una parte de la oposición considera que la causan, comprobamos que todas están por debajo de lo pautado en el Presupuesto. ¿Cuál es el factor de la multicausalidad que está por fuera del Presupuesto? Es la puja distributiva: el proceso por el cual un sector busca una mayor apropiación de renta a costa del conjunto de la sociedad.
¿Qué tiene que hacer el Estado cuando un precio como el de la carne se dispara? Intervenir para ordenar la situación. Por eso, la decisión de suspender por 30 días la exportación de carnes tiene como objetivo actuar sobre la especulación creciente que perjudica a los consumidores argentinos. Es absurdo que en un país que produce alimentos sus habitantes no puedan consumir esos alimentos. Es una gran paradoja: de no mediar políticas públicas que regulen, somos víctimas de nuestras propias ventajas. La Argentina tiene que diseñar una política que priorice los intereses de la ciudadanía, es decir, tiene que establecer, por ejemplo, cuánto trigo o cuánta carne le hace falta para el consumo interno, y esa cantidad debe ser abastecida a un precio compatible con los ingresos de la población. Es un acuerdo muy sencillo: lo que se consume internamente y tiene costos locales debe tener precios locales y lo que se envía al exterior puede tener precios internacionales.
Como parte de la decisión de ordenar el mercado de la carne, el gobierno debería, entre otras cuestiones, controlar la evasión, el contrabando y la subfacturación en las exportaciones de este producto.
La falta de controles sobre el comercio exterior en la Argentina es una consecuencia de la desarticulación del rol del Estado, promovida a nivel global en los años ochenta por los gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Ese diseño del mundo hoy cruje y parece atravesar una crisis aguda. Por supuesto: eso no quiere decir que ese modelo neoliberal esté superado. Pero creo que hemos entrado en una etapa de fin de una fase y de nacimiento de otra. “El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”, afirmó alguna vez Antonio Gramsci.
Entre esos dos mundos que forcejean, el capítulo de los cambios tributarios progresivos es central. En esa perspectiva, este jueves dimos media sanción en Diputados al proyecto de ley sobre Ganancias de Sociedades que busca aliviar la carga fiscal de las compañías que tienen menor rentabilidad, que en general coinciden con las pequeñas y medianas empresas. Se trata de una iniciativa equitativa porque solo va a implicar una alícuota superior a la que abonaban en el 2020 para aquellas compañías con ganancias que excedan los 50 millones de pesos anuales, unas 5.432 empresas, el 4,53% del total. Mientras, la modificación del Impuesto a las Ganancias a las personas humanas ya aprobada y en proceso de instrumentación, elevó el piso de este gravamen de tal modo que 1.300.000 contribuyentes dejarán de pagarlo y recibirán la devolución de lo retenido este año. A lo anterior hay que sumarle el Aporte Solidario de las grandes fortunas que ya abonaron alrededor de 10 mil personas. Se trata de un esquema virtuoso: los que más ganan pagan más, los que menos ganan pagan menos o directamente no pagan.
En paralelo, una política fiscal expansiva está permitiendo un aumento del gasto real del 8%, sostenido fundamentalmente en una suba de los recursos producto de una baja en el pago de los intereses de la deuda y en el aumento de la recaudación. Respecto de 2019 se duplicó la inversión en Obra pública y Vivienda (del 1,1% del PBI al 2,2%); se incrementó un +11% la inversión real en Educación y Conectividad, alcanzando el 1,3% del PBI; en Innovación y Desarrollo se aumentó en +160% la inversión real con respecto a 2019, alcanzando el 0,5% del PBI; en Salud Pública se incrementó un +49% la inversión real, alcanzando el 0,5% del PBI. En tanto, en Inclusión Social Activa se aumentó en al menos un +49,5% respecto a 2019, alcanzando el 0,7% del PBI.
La reconstrucción de la Argentina supone un país integrado a un mundo que está naciendo y que intenta dejar atrás otro que sufre una crisis profunda.