Señor Presidente:
En este caso he resuelto fundar mi voto, solicitando la inserción de sus fundamentos, obviando un discurso porque pretendo la mayor precisión en mis expresiones dada la trascendencia y dimensión que tiene para la vida de los argentinos, la resolución de este debate acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Como he dicho estamos de cara a una decisión que afectará, no sólo el desenvolvimiento de éste y futuros gobiernos, sino las condiciones de desarrollo y de vida, de presentes y futuras generaciones de argentinos.
No es la primera vez que nuestro país se encuentra encorsetado y restringido en sus potencialidades por endeudamientos que limitaron y cercenaron el desarrollo de nuestra economía, afectando severamente el tejido social y, en muchos casos, hasta el sistema institucional en nuestra patria. Son muy pocas las excepciones a esta desgraciada regla. Sólo los gobiernos de Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illia y Néstor y Cristina Kirchner no se endeudaron. Por el contrario, en el caso de las gestiones de Illia y de Néstor y Cristina Kirchner, el país se desendeudó. Por eso es muy fácil advertir que los períodos que acabo de reseñar se distinguieron del resto por los índices de crecimiento, de distribución de la riqueza en favor de los sectores asalariados, de equilibrios sociales estables y de un visible y contundente mejoramiento en la calidad de vida de todos los sectores de la sociedad. Por el contrario, los períodos de endeudamiento tanto en breves gobiernos democráticos como en las extensas etapas de gobiernos autoritarios que tuvimos que atravesar, marcaron fuertes retrocesos en los ingresos de los argentinos que fueron crecientemente empujando al empobrecimiento, el deterioro del aparato productivo y, desgraciadamente, a la pérdida de oportunidades para consolidar un verdadero proyecto de nación sostenidamente pujante, de continuo desarrollo y con una robusta inclusión social.
Desgraciadamente en esta carrera y contraposición entre endeudamientos casi sistémicos y breves períodos de autonomía, han pesado más a lo largo de nuestra historia las etapas de sujeción a las imposiciones de nuestros acreedores que aquellas en las que tuvimos la libertad de definir con plena soberanía nuestros propios instrumentos de política económica. Pero en este devenir histórico no se registra ni en velocidad de tiempo ni en magnitud una crisis de deuda como la que arrancó en el año 2015 con la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Si bien es cierto que puede afirmarse que en tiempos contemporáneos el ciclo de endeudamiento y fuga de capitales se inició en la administración de Martínez de Hoz durante la dictadura militar y continuó en la década de los noventa, también no es menos cierto, asegurar que durante el gobierno de Cambiemos esa práctica perversa adquirió dimensiones inimaginables que hoy constituyen, sin exageración, un verdadero drama argentino.
Con sólo subrayar que nos hemos transformado en el deudor más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional desde su creación hasta la fecha, bastaría para dar respaldo a nuestra afirmación. Pero no es el único dato de la tragedia el endeudamiento con el FMI. A esto hay que agregar una enorme deuda con bonistas y fondos de inversión privados, sumar la deuda en divisa extranjera de las provincias, y también la deuda financiera externa de las empresas privadas que, durante el período de gobierno de Mauricio Macri, creció en alrededor de veinte mil millones de dólares.
Una vez más se repitió el fatal encadenamiento entre apertura indiscriminada de la cuenta de capital, endeudamiento, fuga e irrupción del Fondo Monetario como garante último de los especuladores internacionales y también locales, que transitan por este corredor que los lleva a obtener siderales ganancias, producto del saqueo a la riqueza que generan los argentinos. Pero, reitero, la fatalidad de este recorrido nunca alcanzó la dimensión y el volumen que tuvo a lo largo del 2015 al 2019.
Dicho esto está claro que el gran desafío que tenía, no sólo un nuevo gobierno sino todos los actores sociales y económicos, era cómo encarar una estrategia de normalización de la economía frente al desastre financiero, de deuda y cambiario, que se heredaba. Y aquí es donde nuevamente exhibimos la debilidad de un proyecto de nación. Se da la paradoja, en la previa y aún durante este debate, que nadie está conforme con el acuerdo que se propone alcanzar con el Fondo Monetario Internacional. Ni el oficialismo ni la oposición en sus diversos matices, más allá de que esa disconformidad tenga distintos fundamentos.
Esto es así porque hoy en realidad tendríamos que estar discutiendo lo que nosotros deberíamos exigirle al Fondo y no lo que el Fondo pretende imponernos a todos los argentinos.
Digámoslo con todas las letras: el problema no es, esencialmente, el entendimiento con el Fondo sino la absoluta y definitiva insustentabilidad de esta deuda. El intento de normalización que llevó adelante el Ministerio de Economía, a mi juicio, transitó un camino equivocado. Así como fue acertada la decisión de no tomar lo que había quedado pendiente del crédito irresponsable que otorgó el Fondo violando sus propios estatutos y apoyado exclusivamente en consideraciones de orden geopolítico, creo que el error inicial en la estrategia que se siguió fue no declarar simultáneamente la suspensión de los pagos hasta que no se llegara a un escenario que permitiera exhibir en todos los foros internacionales, incluido el Directorio del propio Fondo Monetario Internacional, su evidente corresponsabilidad en este desastre que le han provocado a la estructura económica de la Argentina. Por el contrario se resolvió seguir atendiendo los pagos de deuda sin un acuerdo, lo que no sólo significó, desde el inicio de la negociación, un reconocimiento de su legitimidad, sino que además comprometió a lo largo del 2020 y del 2021 las divisas que generaba nuestra economía, con consecuencias claramente negativas. A esa decisión se sumó atender simultáneamente la demanda de las empresas privadas para afrontar sus deudas financieras externas. Esto significó que le cedimos al Fondo Monetario Internacional y al sector privado endeudado en dólares, casi la totalidad de los significativos saldos que obtuvimos a través de la balanza comercial que durante los años 2020 y 2021 redondearon los veintisiete mil millones de dólares.
Este camino erróneo no sólo implicó vivir etapas de fuerte estrés cambiario y financiero sino, además, llegar al tramo final de la negociación con el Fondo Monetario Internacional con una debilidad tal que le permitiera a este organismo imponer sus condiciones sin ceder de su lado en ningún alivio frente a una deuda que fue y sigue siendo impagable, por su propia corresponsabilidad. No hubo, ni hay, eliminación de sobretasas ni estiramiento de plazos, ni quitas. Las aparentes promesas que alentaba el diálogo con Kristalina Gueorguieva, titular del Fondo, no pasaron más allá de ser fantasías que fueron distracciones que nos alejaron de la construcción de una verdadera voluntad nacional que pusiera la negociación en otros términos. Y entonces, ya casi sin divisas en el Banco Central, una vez más y como ya había ocurrido en el otorgamiento de este préstamo de cincuenta y siete mil millones de dólares, la decisión final de quienes han vuelto a bajarle el pulgar a la Argentina, se tomó en el Tesoro de los Estados Unidos, verdadero dueño y señor de este Organismo. Y esa decisión no sólo significa, como cada vez que se hizo un acuerdo con el FMI, que perdemos nuestra propia capacidad en el manejo de herramientas fundamentales en la economía como lo son la política fiscal, monetaria y cambiaria, sino que además en este caso se pretende, a través de cláusulas explícitas, imponer techos a nuestro crecimiento, políticas contractivas que nos dejan, en uno de los peores momentos de la Humanidad y de nuestra propia realidad, sin herramientas contracíclicas y que para mayor abundancia nos impone cláusulas de consulta, que en la práctica pretenden imponernos un cogobierno con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.
Estos no son supuestos ni adivinanzas futuras. Sino que incluso en el propio tránsito de esta fallida negociación ya lo sufrimos. Por ejemplo, reitero, a través de una gestión del mercado único y libre de cambios que facilitó, para grandes formadores de activos externos, completar el ciclo de valorización financiera, al que consagramos un superávit comercial récord. En buena medida, como ya lo hemos dicho, este superávit fue a parar a manos del sector privado con deuda financiera externa para que cancelara, con el tipo de cambio oficial, sus obligaciones de capital e intereses, lo que terminó originando, lo digo una vez más, una fuerte insuficiencia de reservas internacionales para afrontar los primeros compromisos con el FMI y de esta manera obligarse a un acuerdo contra reloj.
Otro aspecto negativo del acuerdo no son sólo las revisiones trimestrales sino además el agregado, que no siempre estuvo presente en acuerdos anteriores de una denominada cláusula de consultas, que expresamente se traduce en el texto elevado por el Poder Ejecutivo cuando se señala: “consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este memorando y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de éste”. La sola relectura de este párrafo exime de cualquier comentario en materia de condicionamientos futuros. Es más, la evidente volatilidad que está atravesando el mundo y que nos lleva a la convicción a casi todos los actores que participamos de esta discusión de que ya no sólo el correr del tiempo sino de las horas puede transformar muchas de las metas propuestas en números sólo dibujados en el agua, también se ve condicionado por el hecho de que el Gobierno se compromete “a recalibrar sus decisiones sólo de común acuerdo con el staff del Fondo”. Esas cláusulas de consulta, nos lleva a revisar todo, entre otras cosas por ejemplo, “opciones para afianzar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de jubilaciones y pensiones”, y un largo listado de decisiones fiscales, en materia de inversión y de carácter cambiario. Irónicamente, lo único que se deja sin revisar como si estuviera prohibido hacerlo es lo más importante: la sustentabilidad de la propia deuda externa.
Ya tenemos una larga historia que nos enseña que cuando en nombre del ordenamiento de las cuentas públicas, imponemos restricciones que las empeoran, porque el ajuste genera más recesión, esos ajustes desembocan en más ajustes. No hay que
tomar el riesgo de recaer en esas graves equivocaciones.
Valoro profundamente que por primera vez el Congreso Nacional pueda discutir las condiciones de endeudamiento público pero, honradamente, creo que ese debate, debió seguirse a lo largo de todos y cada uno de los pasos, que se fueron dando para zafar de la inconsistencia e insustentabilidad de una deuda que, una vez más insisto, en que es y será impagable.
El Ministro de Economía debería haber venido al Parlamento en distintas instancias de la negociación a informar cómo evolucionaban las discusiones con las autoridades del Fondo Monetario y los mayores o menores avances, si es que en algún momento los hubo, respecto a las exigencias que nuestro país y la sociedad debió reclamarle al Fondo Monetario Internacional para que su corresponsabilidad fuera asumida por decisiones que aliviaran realmente el peso de la deuda sobre la economía argentina. Transitando ese camino, tal vez, no sólo hubiéramos creado una conciencia colectiva sobre el tamaño de las dificultades sino, a la vez, también podríamos haber alcanzado consensos básicos entre las fuerza políticas y diversos actores sociales y económicos de la Argentina, para responder a la pregunta que más de una vez en este propio recinto formulara el Diputado Máximo Kirchner, cuando apelaba e interrogaba al sistema político diciendo: ¿Qué vamos a hacer con la deuda externa?
Tal vez así hubiéramos tenido la oportunidad de discutir la sustentabilidad de la deuda antes que llegara a la instancia de tomar una decisión frente a un aparente dilema que nos encierra en la falsa premisa de que es esto o el desastre. El verdadero desastre es la persistencia de la deuda a través del tiempo, que no sólo pone en riesgo el desarrollo de la Argentina, la calidad de vida de nuestros compatriotas, sino incluso al propio régimen democrático, que se vería fuertemente erosionado si nosotros u otros en el futuro no podemos frenar el crecimiento de la pobreza, de la indigencia y de la exclusión.
Un acuerdo con el Fondo Monetario, que una vez más fue traído como actor principal de las decisiones económicas por quienes iniciaron un ciclo de endeudamiento que desde el pago a los Fondos Buitre en adelante devastó el aparato productivo del país, saqueó los ingresos de los argentinos y nos dejó sin perspectiva de crecimiento, creando un amplio escenario de pobreza y de miseria, no puede significar el riesgo de un caos social que termine socavando a la democracia.
Es mucho lo que está en juego. Para las espaldas de los argentinos atravesar macrismo, pandemia y, ahora, condicionamiento del FMI es una carga demasiado pesada.
Deberemos seguir trabajando para aliviarla. Creo que hemos vuelto a perder la oportunidad de hacerlo desde una mirada y una voluntad común.