Grupo de Curas en la Opción por los Pobres
Nos resulta impensable, como grupo, denunciar o repudiar algo que (todavía) no se ha concretado. Pero, lamentablemente, el actual gobierno nos está habituando cada vez más a ilegalidades, arbitrariedades y hechos de injusticia impensables en un estado de derecho con la flagrante complicidad de un poder judicial cooptado y la total concentración dominante de los medios de comunicación que parecen más mandantes que informantes.
Son cada vez más fuertes los rumores de que el gobierno removería mediante un decreto de necesidad y urgencia a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El atropello a los necesarios y constitucionales espacios de gobernabilidad y el avasallamiento a la seguridad jurídica del pueblo o lo que no le resulte amigable a un gobierno de ricos y para ricos, resulta gravemente antidemocrático, y –creemos– haría pasible de juicio político a quienes lo implementaran o convalidaran.
Como curas en los barrios somos testigos de los enormes aportes y servicios que brinda el programa ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia), por ejemplo, y del poco apego a la misma de grandes sectores del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, respondiendo a las insistentes versiones de las últimas horas e incluso recordando las declaraciones públicas del ministro de Justicia que le pidió (entrometiéndose indebidamente en el poder judicial) “dar un paso al costado” “por no garantizar el combate contra la corrupción”, reiteramos nuestro más enérgico rechazo a toda eventual remoción de la Procuradora Gils Carbó que no sea por los mecanismos estrictamente previstos por la Constitución Nacional (art. 120)