La Provincia de Jujuy está en una situación jurídica de evidente fragilidad. El Zar local no se ha medido en cuanto a decisiones y estilo autoritario, al punto que su provincia, hoy, parece poco menos que un emirato de los antiguos.
Y es que si bien la Argentina no es una república ejemplar en materia judicial –y mucho dista de serlo– Jujuy es una muestra viva de que el Poder Judicial en este país es cada día más una canoa pinchada que hace agua por todos los agujeros. Que son demasiados y dificultan todas las navegaciones.
En ese marco, y con un gobierno nacional que acompañamos, pero que a diario hace gala de ejemplares ignorancias respecto de cómo se razona y se vive en el interior profundo de esta República, resulta necesario y urgente revisar por lo menos las tres características más cuestionables de esta provincia luminosa en términos turísticos, pero tan oscura en materia institucional.
La cuestión más lacerante y urgente es sin dudas la ya absurda prisión de la Señora Milagro Sala, que va en contra de toda lógica y razón jurídica, o sea en línea con la arbitraria decisión del poder dictatorial que ejerce el gobernador Gerardo Morales. El “Caso Sala” resulta ya emblemático de la arbitrariedad jurídica imperante que padece todo el pueblo argentino. La grotesca prisión de Milagro es un ejemplo grosero y emblemático de persecución medieval en pleno tercer milenio, y persecución, no casualmente, que se ensaña con una luchadora social que es mujer, indígena, negra, provinciana y de fuertes convicciones igualitaristas.
Recientes declaraciones de ella, difundidas por las redes sociales, la dejan ver desesperanzada, agobiada y enferma, condición que también denunció esta semana, dramáticamente, uno de sus médicos personales, el Dr. Jorge Rachid.
Es claro que debe tenerse en cuenta que en ciertos aspectos la vida en la provincia de Jujuy nunca estuvo exenta de peligros, por ser un territorio de frontera históricamente permeable a narcotráficos, violencias gendarmeriles y fragilidades institucionales de todo tipo. Y ahora, además, con el auge de la flamante industria de la marihuana dizque solamente para usos curativos, pero –según notas periodísticas– ya bajo control y conducción de familiares del Zar. Cosas veredes, Sancho, diría Alonso Quijano.
Pero quizás la prueba más abstrusa del raro estado de cosas en esa bella provincia es lo que viene ocurriendo con el litio, riqueza sobre la que el pueblo argentino está poco y mal informado, y que implica otra posible futura batalla por la Soberanía Nacional. Y es que el litio se emparenta con el río Paraná, la costa atlántica y la desastrosa operatoria de las grandes corporaciones extranjeras que mediante la llamada “megaminería a cielo abierto” desde hace años destrozan sistemáticamente la Cordillera de los Andes. Ahora el litio es, además, una fuente de engaños y mentiras para ocultar lo que verdaderamente parece estar sucediendo, según informa a esta columna el recientemente formado Grupo de Acción Climática Jujuy, empeñado en ilustrar a la ciudadanía acerca del litio en la Puna jujeña.
Con la firma de uno de sus responsables, el arquitecto y magíster en Planificación Urbana Roberto Villegas, el grupo, fundado en 2020, se define como “una organización de la sociedad civil formada por profesionales de Jujuy que desarrollaron gestión pública y privada local, provincial, nacional e internacional y que poseen experiencia en cuestiones ambientales y climáticas”. Sus especialidades son: “ingeniería en recursos hídricos, energía sostenible, ingeniería industrial, educación y legislación ambiental, desarrollo urbano y construcción sostenible, capacitación laboral y comunitaria”. Y dicen, entre otras cosas:
• Que los salares de la Puna jujeña son ecosistemas frágiles y vulnerables, y aunque están ubicados en áreas protegidas, “la explotación del litio en esas alturas implica un importante retroceso ambiental. Tanto la exploración como la ya iniciada explotación está trayendo aparejados problemas de urgente resolución. Hay denuncias ya de que el caso de la laguna Guayatayoc representa un grave peligro para el ecosistema Puna”. Asimismo, en las llamadas Salinas Grandes “los sondeos realizados por diferentes empresas produjeron la mezcla de agua dulce (elemento vital) con agua salada, lo que pone en serio riesgo la `cosecha de sal´ que hacen los comuneros desde tiempos ancestrales respetando los ciclos ecológicos del salar.
• Que son 33 las comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc que “han presentado recursos de amparo en defensa de sus territorios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la consulta previa, libre y efectiva. La respuesta de la Corte fue declararse ‘incompetente’. Las comunidades entonces elevaron demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoria de Derechos Indígenas de Naciones Unidas”. Por ahora las 33 comunidades resisten para proteger su hábitat y sobre todo el agua dulce.
• Que “la producción de una sola tonelada de carbonato de litio evapora 2 millones de litros de salmuera (75 % es agua) y, por lo que se conoce, las empresas no realizan pago alguno. La empresa Orocobre, que opera en la cuenca Olaroz-Cauchari, tiene previsto obtener 17.500 toneladas métricas anuales de carbonato de litio de grado batería”. En otro proyecto “las empresas Exar, Lithium Americas y SQM tienen prevista una producción de 25.000 toneladas anuales. Y hay proyecciones para pasar a las 130.000 toneladas en los próximos años”.
• Que oficinas provinciales y nacionales de minería estiman que deben utilizarse entre 5 y 50 m3 de agua dulce por tonelada de carbonato de litio grado batería producido, de donde se puede inferir “que el consumo de agua dulce anual de cada una es de 87.500 m3 y 115.000 m3 respectivamente” en el primer supuesto, y en caso de volumen mayor de 50 m3, “los consumos anuales de agua dulce se incrementarían a un total de 875.000 m3 y 1.150.000 m3 respectivamente”. Basados en estudios de CLACSO publicados en 2019, surgen por lo menos dos preguntas: “¿Cuál será el impacto del litio en el recurso agua de la Puna? ¿Quedará agua dulce para cultivos y otros usos de los puneños?”
Lo cierto es que, sostienen los informantes, “son absolutamente imprevisibles los daños que esto ya empezó a causar”. Entre ellos los que son comunes a todas las regiones donde se explotan recursos naturales: “Siempre, inexorablemente, los camiones transportan promedialmente más de un 20% de las taras permitidas. Eso explica los constantes daños en casi todas las rutas argentinas”. Cuyos costos paga siempre la ciudadanía. En coincidencia, esta semana se produjo otro desfasaje al interior mismo del gobierno nacional. El secretario de Minería, Alberto Hensel, descartó toda posibilidad de estatizar el litio, y menos aún de crear una empresa minera estatal. En la misma línea del Ministerio de Transportes, fóbico a todo lo estatal, el Sr. Hensel, que hace poco fue repudiado en la provincia de Chubut cuando fue a presionar al gobernador Arcioni en favor de la megaminería destructo-ambiental, ahora hizo lo mismo en un encuentro virtual con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil, y el Zar jujeño. No podía esperarse otra cosa. Lo peor es que dos de ellos se dicen peronistas y del FdT.