El “Pacto de Mayo” que Milei pretende imponerles es el viejo, conocido y fracasado Consenso de Washington. Este opúsculo que podríamos llamar Pacto de Mashington
En el patético contexto de un Congreso Nacional atiborrado de aplaudidores enfervorecidos que vitoreaban sin demasiado criterio las palabras de su jefe, Javier Milei dio un discurso vibrante que lo pinta de cuerpo entero. El esquema básico es pararse sobre datos parcialmente falsos, afirmaciones parcialmente válidas y críticas parcialmente certeras a la estructura de poder para fundamentar un programa que, presentándose como lo nuevo, no es más que un copypaste del Consenso de Washington.
Así las cosas, nuestro peculiar y notorio presidente fundamenta sus propuestas deshumanizantes con potentes críticas al status quo y descripciones de la situación actual. Dentro del espectro de sus ataques se encuentran los tres poderes del estado, los tres niveles territoriales de gobierno, los medios de comunicación, los empresarios, los partidos políticos, las organizaciones sociales y sindicales. Tengo el honor de haber sido nombrado personalmente por el presidente e identificado correctamente como enemigo de su proyecto socioeconómico.
Sin embargo, paradójicamente, comparto muchas de las críticas vertidas por Javier Milei al sistema político y otros factores de poder de mi país. Vean, por ejemplo, este destacable fragmento:
“Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado: tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial; y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no. Sustentado también por empresarios prebendarios que apoyan este modelo porque el retorno de pagar una coima es más tentador que el desafío de competir en el mercado. También por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios mientras promueven un régimen laboral que solo los beneficia a ellos. Es decir, un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran Monarcas”. A esto llama, plagiando a Pablo Iglesias, el modelo de la casta.
Lamentablemente, tengo poca confianza en que el actual gobierno haga algo contra alguno de los sectores privilegiados de la vida pública argentina: ni contra los jueces, ni contra los empresarios prebendarios, ni contra los medios concentrados ni contra los políticos corruptos. Lo que sí podemos ver con claridad es una embestida contra las personas más indefensas, contra los niños, los laburantes y los jubilados, y un consecuente ataque direccionado hacia las organizaciones sociales y sindicales destinado a minar su capacidad de defensa de la calidad de vida de estos sectores. Hay una arremetida contra los intereses económicos de la clase media, los obreros y excluidos, es decir, un cercenamiento de los derechos de asociación y protesta disfrazado de eliminación de privilegios de casta. Se trata de una estrategia de “ajuste y represión” diseñada para debilitar a los grupos para volver a transferir los recursos a otros grupos como expresó el ex radical, ex macrista, actual libertario Federico Sturzenegger, endeudador serial y multi-devaluador de la Argentina, actual arquitecto político-económico de Milei:
“Estamos terminando con la extorsión de las organizaciones sociales hacia los beneficiarios y gracias al protocolo de seguridad, instrumentado por la ministra Patricia Bullrich, estamos terminando también con la extorsión cotidiana que las organizaciones sociales le imponen a la sociedad cada vez que cortan una calle. Siempre lo dijimos: en nuestro gobierno el que corta no cobra”.
Al igual que la agresión contra los sindicatos y sus dirigentes, el ataque a las organizaciones sociales es una estrategia razonable para disciplinar a los que pueden conducir el descontento social y reclamar una compensación frente a la destrucción del poder adquisitivo de las clases populares. Es que la principal medida tomada por el gobierno fue una mega devaluación que superó el 100%, generó una licuación de los ingresos de las grandes mayorías en beneficio de una minoría ínfima. El poder adquisitivo sufrió pérdidas que van entre el 25% al 40% de los ingresos familiares dependiendo la composición de la canasta de cada estrato social: los más pobres son los que más han perdido en términos absolutos y relativos.
Evidentemente la defensa de la sacrosanta propiedad privada no aplica cuando se trata de los derechos patrimoniales del Pueblo sencillo. La megadevaluación fue una verdadera confiscación de la propiedad privada constituida por los ahorros e ingresos derivados del empleo asalariado público y privado, el trabajo desprotegido o los haberes jubilatorios. Los únicos ganadores son los beneficiarios de rentas extraordinarias del complejo agro-minero exportador, los cuasi-monopolios, las multinacionales tecnológicas, los grupos financieros y los fraudulentos acreedores como el Fondo Monetario Internacional. Es natural que se quiera esmerilar a los “grupos de interés” vinculados a las clases populares para “volver a transferir los recursos a otros grupos”.
Del mismo modo, el gobierno apuesta a la instauración de un régimen político unitario y centralista asentado en el poder financiero de la City porteña, esgrimiendo un desprecio absoluto por las provincias del llamado interior que incluye los más virulentos ataques a los gobernadores de los que se tenga recuerdo. Así las cosas, los gobernadores fueron otro de los apuntados por el discurso presidencial con argumentos que, en algunos casos, reflejan la más estricta realidad y en otros son hipérboles destinadas al debilitamiento de su capacidad para defender los intereses provinciales.
“Lo vimos también en gobernadores a los que sólo les importa asegurarse la caja para poder seguir con la fiesta del gasto público, la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad, los aviones privados y tantos otros vicios a los que nos tienen acostumbrados los políticos hace décadas.
Cuando Milei habla de asegurar la caja se refiere a las transferencias que su gobierno retiró a las provincias —no a los gobernadores—. Se trata de partidas destinadas al pago del salario docente, los comedores escolares, los hospitales, los medicamentos oncológicos, las obras públicas, el transporte y hasta las vacunas contra la aftosa. Se trata, en breve, de recursos de los ciudadanos, confiscados bajo el argumento de los vicios o rasgos autoritarios de ciertos gobernadores.
Por ejemplo, el mandamás de Jujuy cuyas prácticas tiránicas venimos denunciando hace décadas. Se trata del carcelero de la olvidada Milagro Sala, perseguidor de todo conato de oposición política y social, reformador ilegítimo de constituciones, represor de comunidades originarias: Don Gerardo Morales. Su última hazaña fue encarcelar a dos jóvenes por bromear sobre su relación conyugal. Como dice el presidente, el silencio de muchos que se escandalizan por las arbitrariedades de Morales fue ensordecedor. Tan ensordecedor que quita legitimidad a los justos reclamos contra el totalitarismo del actual presidente. Les dejo el párrafo que refiere a este suceso:
“Una casta privilegiada que vive como si fueran Monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad como por ejemplo el que vivimos esta semana cuando nos enteramos de que un ex gobernador metió tras las rejas sin debido proceso a un ciudadano por 50 días, meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado. Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos”.
Lo interesante es que después de este demoledor ataque a los gobernadores, después de asegurar que no estaba dispuesto al supeditar sus proyectos al “toma y daca” de la política, el presidente Milei pone sobre la mesa una oferta a esos mismos gobernadores: suscribir el pacto neoliberal a cambio de un “alivio fiscal”. Con alivio fiscal se refiere —ni más ni menos— a la restitución de los fondos retenidos por el gobierno nacional a las provincias. Adicionalmente, condiciona el alivio fiscal a la renegociación de la llamada Ley Ómnibus que incluye la privatización de las empresas públicas e innumerables ventajas para las grandes corporaciones.
Algunos gobernadores acogieron la propuesta cómo una apertura al diálogo, casi como una victoria. Tal vez no escucharon bien de qué se trataba el “Pacto de Mayo” que Milei pretende imponerles como precondición para entregar los fondos que legítimamente les pertenecen a las provincias. Es el viejo, conocido y fracasado Consenso de Washington, las directrices generales del fundamentalismo de mercado. Este opúsculo que podríamos llamar Pacto de Mashington es casi una copia de la definición de John Williamson en The Washington Consensus as Policy Prescription for Development (2004) que se convirtió en clásica por reducir a sus diez puntos esenciales y otros diez adicionales la política de los organismos multilaterales de crédito.
Les dejo un cuadro comparativo:
Existen indicios de un creciente descontento en la sociedad por la disociación entre el discurso anti-casta y la práctica anti-pueblo. Las organizaciones sindicales y movimientos sociales tienen una larga tradición de lucha y resistencia que demuestra una y otra vez la falacia del argumento sobre el clientelismo y demás diatribas gorilas contra todo conato de organización popular. Asimismo, entre los gobernadores resurge el espíritu popular y federal que algún día intentó construir una república de iguales inserta en la Patria Grande.
Será entonces el triunfo del proyecto neoliberal en su versión más descarnada o la lucha mancomunada de las fuerzas del campo popular que en la resistencia, recuperando su espíritu original, forjen un nuevo eslabón del proyecto histórico de una patria justa, libre, soberana. Una Argentina Humana.
Fuente: DiarioRed –