La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó este jueves con 26 votos a favor y 8 en contra, el proyecto de ley de buenas prácticas en fitosanitarios o aplicación de agroquímicos. El Poder Ejecutivo tiene 90 días para su reglamentación, y se hará dentro de ese periodo a través de un decreto.
La nueva ley surge en reemplazo de la norma 6599, que databa de 1980. Por su antigüedad, referentes del agro buscaban actualizarla desde hace años: «Tener una normativa vigente nos da tranquilidad a los productores», dijo Matías Martiarena, de Federación Agraria Argentina (FAA).
El texto de la norma señala que «la ley trata sobre las buenas prácticas en materia de fitosanitarios, a los fines de garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible”.
Sin embargo, sectores ambientalistas se opusieron: “se sustenta en la promesa del desarrollo económico, pero acarrea consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que no son parte de ninguna ecuación económica”, planteó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).
La norma apunta a regular “los actos de las personas humanas o jurídicas de importación, elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, gasto, aplicación, transporte, almacenamiento bajo diferentes condiciones, asesoramiento y toda otra actividad que implica el uso o manipulación en cualquier concepto, de productos fitosanitarios”, lo que obliga a crear “cortinas vegetales” en zonas sensibles, que pueden ayudar a disminuir la propagación de los agroquímicos hacia áreas pobladas. Sin embargo, el debate está en torno a la distancia de pulverización en zonas pobladas, donde se permite la aplicación de agroquímicos de forma manual o con drones a partir de los 10 metros en zonas sensibles y con asentamiento de personas.
Cabe destacar que, en Argentina, de 36 millones de hectáreas cultivadas se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fitosanitarios, según un informe del INTA de 2022.
La preocupación además se da, porque con la nueva normativa, permite que en zonas sensibles no pobladas, el límite para el uso de agroquímicos sea aún menor a los 10 metros, lo que podría afectar los ríos.
Cabe remarcar que esta ley contó con el impulso del exsecretario de Agricultura, Juan José Bahillo, considerando que para los agropecuarios la medida sólo ponía “palos en la rueda” y ya había quedado obsoleta.
Fuente: Mink’A Comunicación –