El Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de 1432 productos de consumo masivo.
La medida llega luego de que no se llegara a un acuerdo con una parte de la dirigencia empresaria para consensuar una lista de productos sin aumento de precio por 90 días.
A través de la resolución 1050/2021 se estableció la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.
Se requirió “a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos (en el listado) a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.
“Los precios máximos de venta al público serán de cumplimiento obligatorio para los comercializadores, obligados al cumplimiento del deber de información”, agrega la resolución.
SIN ACUERDO
(Por Leandro Renou para Página 12)
Tras más de una semana de negociaciones abiertas con el sector privado sin resultados visibles, la Secretaría de Comercio Interior decidió congelar de manera unilateral los precios de una canasta de más de 1432 alimentos, bebidas y productos de limpieza e higiene. El titular de la cartera, Roberto Feletti, confirmó que la medida oficial se hará por Resolución y entrará en vigencia este mismo miércoles. El texto, que se publicará en el Boletín Oficial, deja fijos los precios de productos esenciales por 90 días y con retroactividad al 1 de octubre. Ergo, todos aquellos aumentos que haya operado con posterioridad a esa fecha, deberán volver atrás.
Fue el propio Feletti el que detalló la decisión en una charla con la prensa en la puerta del edificio de la secretaría en Diagonal Roca. Fue unos minutos después de una reunión que mantuvo con el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, y el director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. “A partir de ahora está vigente la resolución de (congelamiento) casi 1500 productos en todo el país, que es de cumplimiento obligatorio. La forma de monitoreo de este programa se va a hacer dialogando con gobernadores e intendentes. Tengo mucha confianza y apelo a la responsabilidad empresaria, no es un esfuerzo tan grande, no vamos a producir un quiebre en sus planes de negocios”, expresó el funcionario, y adelantó que la primera reunión con jefes distritales será este miércoles con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Por medio de un comunicado, la secretaría explicitó que se emitió “una resolución que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. Agregaron que “la decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada”. En esa línea, aclararon que “cabe considerar que la medida de retrotraer los precios de los productos en cuestión al 1 de octubre pasado y mantenerlos vigentes hasta el 7 de enero de 2022 fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras), que así lo hicieron saber a las autoridades de la Secretaría. En esa línea, el objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo”.
Inicialmente, más allá de las deficiencias de la lista y las idas y vueltas internas (se empezó con 900 productos, se pasó a 1600 y se terminó en 1400), Comercio buscó un acuerdo negociado en casi una semana de conversaciones con empresas. Pero molestó sobremanera el comunicado duro que sacó Copal, tan solo una hora antes de la reunión de Feletti y Funes. En ese texto, utilizando una metáfora del fútbol, las alimenticias fueron con los pies para adelante y afirmaron ratificar “una vez más su voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo”, pero advierten que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”. Agregaron además que la entidad que preside Funes “sostiene que los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector. Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”.
Feletti explicó a la salida de la reunión que, inclusive, Funes de Rioja aseveró que ese comunicado “puede haber sido un error”. Lo llamativo del caso es que un rato antes de la comunicación de ese texto, Funes contó las alternativas del mismo en la reunión de la Unión Industrial (UIA) que comandó en su rol de presidente de la central fabril. En esa entidad hay varios molestos con el conflicto, sobre todo aquellos que desde el inicio le sugirieron a Funes renunciar a la Copal para asumir en UIA, y evitar así que estos choques por los precios con el Gobierno horaden la relación que venía regenerándose con el oficialismo.
La lista y el Molino rebelde
Comercio informó que la lista acordada “comprende un diverso espectro de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal”. En el comunicado oficial, Feletti dijo que se mostró “satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia”. Sin embargo, lamentó que “en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”.
El secretario aseveró que, en general, las empresas colaboraron con la lista, pero citó sin nombrar a una empresa que objetó buena parte de sus productos. Fuentes privadas confiaron a Página I12 que la firma en cuestión es Molinos Río de la Plata, que tiene buena parte de mercado de las harinas, las pastas secas y otros productos de primera necesidad. A pesar de esta actitud de la minoría mencionada, Feletti remarcó que seguirá “abierto al diálogo y con voluntad de construir acuerdos lo más abarcativos posibles que permitan atender la necesidad de la ciudadanía”.
Vale decir que en el encuentro con el sector empresario, Feletti les pidió sostener las ganancias con volúmenes de ventas más que en la remarcación. De hecho, según fuentes oficiales, fueron los propios ceos quienes resaltaron “el crecimiento económico proyectado para este año”. Los datos privados, en paralelo, avalan una salida del pozo del consumo: la consultora Scentia, de las más serias del retail, reportó un alza de 2 por ciento en el gasto en septiembre, el tercer mes seguido de suba luego de más de un año de caída. Y con un plus: la demanda en el interior del país duplica a la del AMBA.
Por su parte, desde Copal aclaroaron que “no es la industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general. Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5 por ciento, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9 por ciento”.
En este escenario, los supermercados, que fueron parte del encuentro, bancan el acuerdo pero se preocupan por dos factores, el abastecimiento y los márgenes de ganancia. A priori, el Gobierno les garantizó que no faltará producto y que discutirán los márgenes.