El gobierno postergó la aplicación de un nuevo índice de inflación que reflejaría aumentos más altos, para sostener su relato de desinflación en plena campaña. La pretensión adicional es que la manipulación del termómetro estadístico permita negociar salarios a la baja y contener la estampida de precios provocada por la devaluación.
Por Adrián Murano
En el edificio del Indec, sobre Diagonal Sur, hay una planilla que nadie se atreve a mostrar en público. Exhibe el resultado de aplicar la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, diseñada para ser ejecutada en la actual gestión. El dato no está oculto, pero tampoco se difunde. La razón es política: el número complica la narrativa triunfal del oficialismo en pleno año electoral.
Fuentes del organismo con acceso a la planilla secreta sugieren que, si se utilizara el nuevo índice, la inflación mensual sería entre 1 y 2 puntos porcentuales más alta que la informada por el Indec. Según cálculos del economista Martín González Rosada -codirector de la Maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella-, las nuevas ponderaciones hubieran medido una inflación acumulada de 133,6% en 2024, 16 puntos por encima de los 117,8% que reconoció la estadística oficial.
Es decir: con el nuevo IPC, el ritmo de desaceleración de la inflación -principal insumo promocional del gobierno- sería más lento y, por lo tanto, menos consistente para el relato oficial.
Números brujos
La decisión de mantener vigente el viejo IPC, fundado en la ENGHo 2004-2005, fue tomada en el corazón del Poder Ejecutivo. Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Javier Milei, admitió la jugada frente al Congreso: “No están dadas las condiciones para cambiar el índice en este momento”.
La explicación sobre la oportunidad no es técnica, como aludió el funcionario. Es política. La nueva metodología está lista desde el año pasado e iba a comenzar a regir desde este mes. Pero abril marcó el inicio de un calendario electoral clave, con comicios en provincias y una economía en terapia intensiva que volvió al coma devaluatorio inducido por el acuerdo con el FMI. Un contexto poco propicio para exhibir un índice de precios al alza justo cuando el fogonazo inflacionario y la campaña en curso exige sostener el relato de la desinflación.
El IPC actual —vigente desde 2016— utiliza una estructura de gasto basada en la ENGHo 2004-2005. En consecuencia se calcula con hábitos de consumo de hace dos décadas, cuando internet móvil no existía, la participación del alquiler era menor y los servicios públicos estaban fuertemente subsidiados.
La ENGHo 2017-2018 —sobre la que se construyó el nuevo IPC aún en remojo— pretende reflejar los cambios en la estructura del gasto familiar. Por caso:
– Alimentos y bebidas no alcohólicas bajaría su ponderación del 23,4% al 19,7%.
– Transporte treparía del 11,8% al 15,6%, por el mayor uso del auto particular y el encarecimiento del combustible.
– Comunicación pasaría del 2,7% al 4,1%, impulsado por el gasto en telefonía móvil e internet.
– Vivienda, agua, electricidad y gas subiría del 8,8% al 12,2%, reflejando el impacto del aumento de tarifas y alquileres.
– Restaurantes y hoteles aumentaría del 5,2% al 6,5%, indicando mayor gasto fuera del hogar.
Además, el nuevo IPC incorpora una desagregación regional más precisa: pasa de 6 a 12 regiones estadísticas, lo que permite reflejar con más fidelidad las variaciones territoriales de precios.
También incluye mejoras metodológicas, como un nuevo sistema de imputación de precios ausentes, actualización de puntos de recolección de datos y frecuencias, incorporación de fuentes complementarias como escáneres de supermercados y mejor tratamiento de productos estacionales y bienes durables.
Fuente: El Destape – 19 de abril, 2025 |