Por el desabastecimiento el Gobierno tomó medidas extremas que afectan la calidad del agua, que llevó a la interpelación de ministros por parte de la oposición.
“Queda agua para 18 días”, alertó este martes el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Raúl Montero. La crisis hídrica en Uruguay comenzó a sentirse en noviembre pasado, cuando la falta de precipitaciones ya se sentía fuertemente en la represa de Paso Severino: pasó de 65 millones de metros cúbicos a un mínimo histórico de 6,5 millones. En otras palabras, cuenta sólo con el 10 por ciento de su caudal máximo. Para paliar la situación, OSE solicitó al Ministerio de Salud modificar los máximos permitidos de cloruro de sodio en el agua que llega a las casas. Esa medida despertó la alerta en la población que no sólo sintió el sabor salado del agua, sino que vio modificarse el color e hizo que salieran a las calles durante ocho días consecutivos para exigir paliar esta situación. El opositor Frente Amplio, por su parte, realizó una sesión de más de seis horas para interpelar a funcionarios responsables del Ejecutivo.
La situación afecta a más de dos millones de personas -más de la mitad de la población del país-, sobre todo, de Montevideo.
“El agua de OSE no es potable, pero es bebible”, sostuvo ante la prensa el ministro de Ambiente uruguayo, Robert Bouvier. Previo a ello, el pasado 4 de mayo, el Ministerio de Salud Pública anunció un cambio en la normativa que regula la potabilización del agua por parte de OSE: aumentó los niveles permitidos de cloruro de 300 miligramos por litro a 700; y de sodio de 200 a 400, por el plazo de 30 días. Es que, según reportó el portal El Observador, para poder responder a la demanda, el agua se está mezclando con la obtenida de aguas abajo del Río de la Plata.
Esta decisión “viola” la Constitución y contradice los tratados de derechos humanos, denunciaron desde el Grupo de Ambiente y Derechos Humanos – Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, de la Universidad de La República (Udelar), el pasado 10 de mayo. No fueron los únicos. En las redes sociales los reclamos con videos y fotos de agua amarronada saliendo de los grifos se hicieron virales. Desde el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central sindical, llamaron a una movilización “en defensa del agua” para el próximo 24 de mayo. “Nos encontramos en total desacuerdo con las medidas políticas”, apuntaron desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Udelar. Y denunciaron que el recurso hídrico “ha pasado a contener un carácter de bien comercial, desplazando la perspectiva del agua como un derecho humano básico”.
Desde el opositor Frente Amplio, en tanto, llamaron al Congreso para interpelar al ministro de Ambiente, Bouvier; y de Salud, Karina Rando, encuentro del que también participa el directorio de OSE.
Las medidas tomadas por el Gobierno
Los pasos a seguir para hacerle frente a la crisis hídrica fueron anunciados el martes por la noche sin la presencia del presidente, Luis Lacalle Pou. Estuvieron al frente, el director del Sistema Nacional de Emergencias, José María Delgado; los ministros de Desarrollo Social, Martín Lema; de Salud Pública, Rando; y de Ambiente y Bouvier. “Uruguay está pasando por su peor déficit hídrico desde hace 74 años, cuando se empezaron a tomar registros”, reconoció Delgado.
Construcción de una reserva en Paso Severino, según dijeron, esta obra permitirá mantener el estatus y la calidad del agua.
El Gobierno adquirirá una planta desalinizadora diseñada por la Universidad Tecnológica de Montevideo (UTEC), que estará operativa desde la próxima semana.
Se llevará a cabo un convenio entre OSE y el Congreso de intendentes para agilizar las reparaciones de las pérdidas en las redes de cañerías.
Con el Ministerio de Economía se analizan incentivos para el “uso responsable del agua”.
OSE habilitará una planta para la elaboración de sachets de agua, para distribuir en la población en situación de vulnerabilidad social. Se trabaja, además, en un plan alternativo de suministro de fuente seguro e inagotable de agua potable con una inversión de 250 millones de dólares, conocido como Proyecto Azaratí o Neptuno, cuestionado por ser una iniciativa privada.
Se realizará un monitoreo de los precios del agua embotellada y se instrumentará la operativa necesaria para una posible importación, en caso de ser necesario.
Estas políticas se suman a las ya tomadas hace una semana en torno a los centros de atención a la primera infancia (CAIF) de todo el país, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y las 467 escuelas de la zona metropolitana acceden hoy a agua embotellada de calidad óptima. En el mismo sentido, se garantizará el acceso a dos litros por día, por persona, a embarazadas, menores de 0 a 2 años y enfermos crónicos, así como también a pacientes del Fondo Nacional de Recursos, dispuesto por el Ministerio de Desarrollo.
“Se va a mantener el suministro en las condiciones actuales de agua a toda la población, hasta que lleguen las lluvias que cambien la contingencia”, afirmó, entonces, Delgado. La intendenta frenteamplista de Montevideo, Carolina Cosse, por su parte, también hizo anuncios para mitigar las consecuencias de la crisis, basadas en la transparencia, en la reducción del consumo, la mejora del acceso al agua potable y de gestión. En esa línea, declaró la “situación de alerta” y la creación de un comité de crisis. Además, prohibió el uso de agua de OSE para el lavado de veredas y autos, como para riego y, en paralelo, acciones para proteger a las familias que viven de ese tipo de actividades. También anunció la evaluación de la reducción de impuestos de agua embotellada.
Interpelación
“Un bien superior para nosotros era preservar la calidad bacteriológica, y renunciamos sí a dos parámetros que están fijados justamente por un criterio sensorial”, argumentó Montero durante la interpelación de más de seis horas que llevó adelante el Frente Amplio en el Congreso. Allí, también, estuvieron el ministro de Ambiente y la de Salud, aunque, según señalaron desde El Observador, no tendrá mayores consecuencias políticas porque la coalición del Gobierno cuenta con el número necesario de legisladores para darle un espaldarazo a sus funcionarios. De todas formas, destacó que “aunque no se cumplan esos dos parámetros de sodio y cloruro”, el agua de OSE “es adecuada y correctamente tratada”.
Más cruda que Montero, fue la ministra de Salud: “100 gramos de papas chips tienen la misma cantidad de sodio que 7 vasos de agua”, alegó para defenderse. “Las directrices de la OMS de ingesta de sodio establecen que el consumo máximo recomendado para los adultos es de 2.000 mg por día. Nosotros podríamos decir que evitando una pequeña cantidad de consumo de estos alimentos perfectamente se podría complementar o suplir la ingesta por parte del agua de OSE”, sumó la ministra. A la vez, hizo un repaso del plan de contingencia presentado.
“La crisis con consumo de agua ‘bebible’ se pudo haber evitado. En octubre declararon Emergencia Agropecuaria ante la sequía, hubo 10 semanas de silencio a la población en cuanto al manejo del agua. Grave omisión”, reclamó desde el Congreso el Frente Amplio. En esa línea, denunciaron “falta de transparencia y mala gestión de la crisis del agua”.
Fuente: El Destape – 18 de mayo, 2023